La Sentencia del TSJ demuestra la necesidad de una Ley de Decencia Administrativa.
El ciudadano que quiera luchar tiene que contratar un Perito, un Abogado, y meterse en un pleito interminable con la Administración, pero después de haber pagado previamente el “impuesto revolucionario”, afirma Sebrango
28-03-2015
La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, por la que anula al Gobierno Regional la liquidación del impuesto sobre transmisiones, por aplicar valoraciones de la vivienda vendida, alejadas del valor actual de un época de crisis, demuestra para La unión que “es imprescindible una Ley de Decencia Administrativa”, que en la próxima Legislatura, se comprometen a tramitar en el Parlamento Regional esta Ley, destinada a “impedir los continuos atropellos de la Administración al ciudadano”, que aclara, se comporta como “un vulgar asaltador de caminos”.
“Estamos ante un sistema planificado para engañar al ciudadano, inflando los impuestos a pagar”, esto es una “vergüenza regional”, afirmó Rafael Sebrango, el Presidente de la formación política.
En el caso enjuiciado, cuya Sentencia ha hecho pública el Tribunal Superior de Cantabria, se ha demostrado que el Gobierno Regional pretende cobrar impuestos, valorando los bienes objeto de compraventa, por encima de su valor real, acudiendo a unas ficticias tablas, que “olvidan deliberadamente que los precios han bajado” a consecuencia de la crisis”.
“Estos valores ficticios” no sólo los aplica el Gobierno en el caso concreto del Impuesto sobre Transmisiones, sino también en el Impuesto sobre Sucesiones, y de manera “estrambótica” en las expropiaciones de terrenos.
“Hemos de acabar con esta lacra regional” afirmó, con este continuo sometimiento a “estafas legales”, las cuales, aclaró, están “perfectamente organizadas por el Gobierno para inflar los impuestos a pagar por el ciudadano”.
“Necesitamos una Administración que sea decente”.
Han modificado el sentido de la Administración, que “ya no está para servirnos, sino para engañarnos y meternos la mano en el bolsillo más allá de lo justo y legal”.
En Cantabria, tanto el Gobierno Regional, como muchos Ayuntamientos, especialmente el de Santander, hacen que “una misma cosa, para cobrar impuestos, vale el doble o el triple, que lo que vale para ser expropiada”.
Esto se refleja con mayor intensidad en “las compraventas entre particulares de coches de segunda mano, y de viviendas”, y además, añadió, tiene especial incidencia “en las herencias, donde ya no es raro renunciar a la misma para no pagar un impuesto inflado por el Gobierno Regional”.
“La picaresca” que usa el Gobierno Regional, es la llamada “comprobación de valores”, por la cual “una simple tabla multiplicadora” es la que decide el valor del coche o de la vivienda, “con absoluto desprecio al valor real”.
A través de este sistema, el impuesto sobre transmisiones, y sobre sucesiones, “se multiplica varias veces por su valor justo y real”, no quedándole más remedio al ciudadano que quiera luchar, que “contratar a un Perito, un Abogado, y meterse en un pleito interminable con la Administración”, y ello, recuerdan en La Unión“una vez pagado el impuesto revolucionario”.
Y cuando se trata de una expropiación, cuando es la Administración la que tiene que pagar, “la tabla es divisora”, y los bienes “reciben un valor ficticio”, dos o tres veces, como mínimo, inferior al valor real, aunque “hemos detectado casos en los que el valor es 10 veces inferior al real”.
“Ya son habituales los casos de familias que renuncian a la herencia de sus padres o de sus abuelos”, y ello, acusan desde La Unión “por la avidez del Gobierno Regional, que no duda en engañar a la gente, inflando el valor real de las viviendas a la hora de cobrar el impuesto”.
“El nivel de sinvergonzonería de nuestra Administración Pública es alarmante”, denunció Sebrango, “su picaresca hace el milagro de transformar el valor real de una vivienda, elevándolo o disminuyéndolo a su antojo”, y ello “dependiendo de si le toca pagar o le toca cobrar a la Administración”.
“Acabaremos con esta práctica de fraude”, finalizan en La Unión, “no sostendremos más una Administración conjurada para el robo legal al ciudadano”.