La juez Alaya cree que Chaves debió conocer los reparos de Intervención a los ERE
Considera "lógico" que lo supiera porque presidía la comisión de Asuntos Económicos. Da por hecho que Carmen Martínez Aguayo también informó a Griñán como consejero.
15-08-2014
"No es que los consejeros de Hacienda, de Innovación o el presidente de la Junta conocieran el sistema puesto en marcha por la Consejería de Empleo (el de los ERE), es que la mayor parte de ellos participaron en la instauración y todos ellos, en su mantenimiento".
Ésta es la acusación más grave que la juez Mercedes Alaya relata en el informe razonado que ha enviado al Tribunal Supremo por el caso de los ERE, y al cual ha tenido acceso este medio. Es decir, la magistrada sostiene que las cúpulas de los gobiernos de Manuel Chaves y, en parte, de los de Griñán conocían que el sistema de financiación de los ERE contenía serias irregularidades, tal como advirtió el interventor general de la Junta en varios informes enviados a las consejerías de Hacienda, Innovación y Empleo. Estos informes nunca se mandaron a Presidencia de la Junta. Sin embargo, la juez Mercedes Alaya considera "lógico" que Chaves -llamado "Manuel Chávez" en todos los folios de la exposición razonada- conociese los reparos por dos motivos: "porque existiera la normal comunicación" con su consejero ante un asunto tan grave y porque presidía la comisión delegada de Asuntos Económicos. Sin embargo, Manuel Chaves nunca asistió a reunión alguna de esta comisión, según confirmaron ayer fuentes de la Junta.
Este órgano visaba el Anteproyecto de Presupuesto antes de ser enviado al Consejo de Gobierno y al Parlamento, y la instructora supone que allí se debió de tratar una partida que año tras año estaba generando fuertes déficts.
El sistema de subvención a los trabajadores afectados por los ERE y a las empresas seguía un camino particular: lo aprobaba la Consejería de Empleo, pero enviaba el dinero como una transferencia de financiación al IFA o a IDEA, que eran las pagadoras. Tal como puso de manifiesto el interventor general, esto impedía una fiscalización previa de las ayudas, pero, además, la juez las considera ilegales porque estas transferencias sólo deben utilizarse para equilibrar la cuenta de resultado del IFA o IDEA. No para una subvención. El caso es que, además, el IFA e IDEA entraron en déficit por estas ayudas, un agujero que se tapó mediante una ampliación de créditos internos que autorizaba la Consejería de Hacienda, dirigida por Magdalena Álvarez y, después, por José Antonio Griñán. El montante de los déficts -de 38 millones de euros en 2003, de 93 millones de euros en 2004, de 95 millones de euros en 2005 y de 58 millones de euros en 2006- lleva a la juez a pensar que se trató de un asunto tan grave que debió ser abordado en la comisión de Asuntos Económicos o, en cualquier caso, entre la viceconsejera Carmen Martínez Aguayo con su consejero de Hacienda de entonces, José Antonio Griñán, y de éste con Manuel Chaves, su presidente.
Esta escala de suposiciones, "lógicas" las llama, sustenta toda la acusación que la juez Alaya le hace a Manuel Chaves en la exposición razonada que ha realizado ante el Supremo para que investigue a nueve aforados, entre ellos, los dos ex presidentes de la Junta.
Un caso distinto es el de Griñán. Los informes de la Intervención iban dirigidos hacia él, pero el interventor, Manuel Gómez, mantuvo ante la juez que nunca habló de ello con Griñán, y sí con su viceconsejera, Carmen Martínez Aguayo. "Las conversaciones fueron a lo largo de 2005, evidentemente sobre esta materia, y podrían haber sido una media docena, que no fue sólo una", declaró entonces el interventor. A partir de ahí, la juez sostiene que es de toda "lógica" que el consejero de Hacienda -José Antonio Griñán- "conoció el contenido de tales informes, en primer lugar porque fueron muchos, año tras año, y pensar lo contrario (...) es presuponer un ánimo de ocultación deliberado sin sentido alguno". "En segundo lugar -sigue- la viceconsejera trató el tema en múltiples ocasiones con el interventor; sería incoherente que tuviera tanto interés en nombre de la Consejería y que no hiciese partícipe del mismo a su titular, quien ejerce la superior dirección de ésta".
Si bien los informes citados advertían que el trámite administrativo carecía de rigor y control, el interventor no apreció un menoscabo de fondos públicos, por lo que no los elevó como informe de actuación, lo que hubiera llevado a tratar este tema en el Consejo de Gobierno. No obstante, en la comisión de investigación que se celebró en el Parlamento el interventor aseguró que no eran simples informes, sino muy serios, y así lo hizo saber.
Ésta es la acusación más grave que la juez Mercedes Alaya relata en el informe razonado que ha enviado al Tribunal Supremo por el caso de los ERE, y al cual ha tenido acceso este medio. Es decir, la magistrada sostiene que las cúpulas de los gobiernos de Manuel Chaves y, en parte, de los de Griñán conocían que el sistema de financiación de los ERE contenía serias irregularidades, tal como advirtió el interventor general de la Junta en varios informes enviados a las consejerías de Hacienda, Innovación y Empleo. Estos informes nunca se mandaron a Presidencia de la Junta. Sin embargo, la juez Mercedes Alaya considera "lógico" que Chaves -llamado "Manuel Chávez" en todos los folios de la exposición razonada- conociese los reparos por dos motivos: "porque existiera la normal comunicación" con su consejero ante un asunto tan grave y porque presidía la comisión delegada de Asuntos Económicos. Sin embargo, Manuel Chaves nunca asistió a reunión alguna de esta comisión, según confirmaron ayer fuentes de la Junta.
Este órgano visaba el Anteproyecto de Presupuesto antes de ser enviado al Consejo de Gobierno y al Parlamento, y la instructora supone que allí se debió de tratar una partida que año tras año estaba generando fuertes déficts.
El sistema de subvención a los trabajadores afectados por los ERE y a las empresas seguía un camino particular: lo aprobaba la Consejería de Empleo, pero enviaba el dinero como una transferencia de financiación al IFA o a IDEA, que eran las pagadoras. Tal como puso de manifiesto el interventor general, esto impedía una fiscalización previa de las ayudas, pero, además, la juez las considera ilegales porque estas transferencias sólo deben utilizarse para equilibrar la cuenta de resultado del IFA o IDEA. No para una subvención. El caso es que, además, el IFA e IDEA entraron en déficit por estas ayudas, un agujero que se tapó mediante una ampliación de créditos internos que autorizaba la Consejería de Hacienda, dirigida por Magdalena Álvarez y, después, por José Antonio Griñán. El montante de los déficts -de 38 millones de euros en 2003, de 93 millones de euros en 2004, de 95 millones de euros en 2005 y de 58 millones de euros en 2006- lleva a la juez a pensar que se trató de un asunto tan grave que debió ser abordado en la comisión de Asuntos Económicos o, en cualquier caso, entre la viceconsejera Carmen Martínez Aguayo con su consejero de Hacienda de entonces, José Antonio Griñán, y de éste con Manuel Chaves, su presidente.
Esta escala de suposiciones, "lógicas" las llama, sustenta toda la acusación que la juez Alaya le hace a Manuel Chaves en la exposición razonada que ha realizado ante el Supremo para que investigue a nueve aforados, entre ellos, los dos ex presidentes de la Junta.
Un caso distinto es el de Griñán. Los informes de la Intervención iban dirigidos hacia él, pero el interventor, Manuel Gómez, mantuvo ante la juez que nunca habló de ello con Griñán, y sí con su viceconsejera, Carmen Martínez Aguayo. "Las conversaciones fueron a lo largo de 2005, evidentemente sobre esta materia, y podrían haber sido una media docena, que no fue sólo una", declaró entonces el interventor. A partir de ahí, la juez sostiene que es de toda "lógica" que el consejero de Hacienda -José Antonio Griñán- "conoció el contenido de tales informes, en primer lugar porque fueron muchos, año tras año, y pensar lo contrario (...) es presuponer un ánimo de ocultación deliberado sin sentido alguno". "En segundo lugar -sigue- la viceconsejera trató el tema en múltiples ocasiones con el interventor; sería incoherente que tuviera tanto interés en nombre de la Consejería y que no hiciese partícipe del mismo a su titular, quien ejerce la superior dirección de ésta".
Si bien los informes citados advertían que el trámite administrativo carecía de rigor y control, el interventor no apreció un menoscabo de fondos públicos, por lo que no los elevó como informe de actuación, lo que hubiera llevado a tratar este tema en el Consejo de Gobierno. No obstante, en la comisión de investigación que se celebró en el Parlamento el interventor aseguró que no eran simples informes, sino muy serios, y así lo hizo saber.