La mayoría de los conflictos surgidos en el negocio del alquiler de viviendas se solventaron en un plazo medio de 4 días cuando fueron resueltos mediante mediación amistosa entre las partes.

   Asimismo, el estudio señala que en un 69% de los casos estudiados fue posible iniciar un proceso de mediación amistosa con el objetivo de alcanzar un acuerdo antes incluso de la ejecución del arbitraje, es decir, en un plazo de alrededor de un mes desde que se inició el proceso.

   Por ello, los sindicatos CC.OO. y UGT de Cantabria y la Red Cántabra con la Pobreza y la Exclusión Social se han sumado a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), promovida por diversos agentes sociales catalanes, para que se regule la dación en pago, se paralicen los desahucios y se fomente el alquiler social.

   Esta iniciativa se ha presentado este jueves en rueda de prensa por la presidenta de la Red Cántabra contra la Pobreza y la Exclusión Social, Loreto Novoa; y los secretarios generales de UGT y CC.OO. en Cantabria, María Jesús Cedrún y Vicente Arce, respectivamente.

   El objetivo es recoger, en todo el territorio nacional, un total de al menos 500.000 firmas, antes del 31 de octubre, para poder llevar al Congreso de los Diputados una modificación de la ley hipotecaria y de la ley de enjuiciamiento civil con la que los afectados puedan liquidar su deuda mediante la dación en pago, o quedarse en ella pagando un alquiler social.

   La dación en pago permite entregar la vivienda a la entidad financiera acreedora a cambio de quedar libre de la deuda, y el alquiler social, seguir residiendo en la vivienda pagando una cantidad no superior al 30 por ciento de los ingresos mensuales por un periodo máximo a cinco años.

   Además, la ILP también pretende que se paralicen los desahucios, siempre que se trate de una vivienda habitual y el impago del préstamo hipotecario se deba a motivos ajenos a la propia voluntad, como el paro o una enfermedad.

   Novoa ha defendido que es "necesaria" un movilización social, como la recogida de firmas en apoyo de la ILP, para "forzar un plan de rescate para las miles de personas que se endeudaron para acceder a un bien de primera necesidad y a un derecho fundamental como es la vivienda".

PARADOS Y COLECTIVOS VULNERABLES

   También ha hecho hincapié en que las personas "más afectadas" por los desahucios pertenecen a los sectores sociales "más castigados" por la crisis económica, como son los parados, y a colectivos vulnerables, como los inmigrantes o las familias monoparentales.

   Por su parte, Arce ha manifestado que espera que el Gobierno de España sea "sensible a la situación y solucione el problema", ya que, ha considerado que es "una situación esperpéntica" que el sistema financiero, que "provocó la crisis", vaya a recibir "el segundo rescate de dinero público", mientras se "ensaña con las familias y personas más necesitadas".

   Cedrún ha recordado, a su vez, que en Torrelavega ya existe una comisión, formada por Ayuntamiento y sindicatos, que se dedica a mediar entre la entidad financiera y los afectados por desahucios, y que ya ha conseguido acuerdos de dación en pago y alquileres sociales.

   Las firmas se recogerán en las sedes de CC.OO., UGT y la Red Cántabra contra la Pobreza y la Exclusión Social, en actos públicos que éstos realicen, y en diferentes asociaciones. En este sentido, Cedrún ha considerado que la recogida de firmas "no tendrá dificultad", ya que la sociedad tiene "una sensibilidad especial" con este asunto.

   El gerente de Arrenta, Carlos Ruiz, ha instado al Gobierno a que apueste por el arbitraje como la mejor fórmula para "dar seguridad a propietarios e inquilinos. Fomentar el alquiler es reducir al máximo el tiempo de resolución de conflictos".