Después del parón, viene la demanda. Las empresas constructoras afectadas por la rescisión de los 32 contratos de obra pública del Ministerio de Fomento están dispuestas a recurrir el plan de recorte del Gobierno, que supondrá la suspensión de obras por valor de 1.001 millones de euros y el despido de 115.000 trabajadores.

Las empresas afectadas por la suspensión de los contratos -entre ellas, las más grandes en facturación como ACS, Acciona, FCC o Ferrovial- han encargado a sus servicios jurídicos que inicien los trámites para reclamar al Estado las indemnizaciones que les corresponden y que podrían ser millonarias. Las empresas se escudan en el artículo 220 de la ley de Contratos del Estado, que dice que cuando la Administración desista de realizar un contrato «el contratista tendrá derecho al seis por ciento del precio de las obras dejadas de realizar, en concepto de beneficio industrial». Las empresas calculan que, sólo por este concepto, el Ministerio de Fomento tendría que indemnizar a las empresas con unos 120 millones de euros. En el caso de que las partes no llegasen a un acuerdo, sería el Tribunal Supremo el encargado de resolver las diferencias por la vía contencioso-administrativo.

Además, las principales asociaciones del sector (CNC, Seopan, Anci, Aerco y Cepco) celebraron ayer una reunión en Madrid para analizar la situación. Tras el encuentro, dieron una rueda de prensa en la que rechazaron el ajuste de inversión anunciado por el Gobierno y solicitaron un plan de ayuda para abordar la reestructuración a la que consideran que se ve abocado el sector. Dicho plan debería incluir ayudas fiscales y crediticias del Instituto de Crédito Oficial (ICO) en la misma línea que las concedidas a otros sectores como la banca, las cajas de ahorros, el automóvil y la siderurgia.

Asimismo, las patronales solicitaron que se busquen «yacimientos de gasto no productivo» para compensar la reducción de inversiones prevista para el año que viene, y que el recorte no se amplíe en los presupuestos para 2011. Por lo que respecta a 2010, las patronales indicaron que si Fomento no paga obras en lo que queda de año, muchas empresas del sector entrarán en «una situación de falta de ingresos» que las llevará «inevitablemente a situaciones concursales que pueden acabar en quiebras provocadas por el Gobierno».

Entre otras posibles medidas de compensación, las patronales propusieron establecer tasas o peajes en las autovías, que se incrementen los ingresos fiscales con los impuestos sobre los carburantes o la «euroviñeta» y que se ponga en marcha el plan extraordinario de infraestructuras (PEI).

El presidente de la Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI), Jaime Lamo de Espinosa, señaló que la reestructuración puede ser «caótica», y que la única manera de frenarla es que el Gobierno se plantee recortes de gastos no productivos antes de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Añadió que, de este modo, se podrían «recomponer presupuestariamente» las cifras del Ministerio de Fomento y «todo el esquema de inversión pública».

El presidente de la Confederación de la Construcción (CNC), Juan Lazcano, explicó que los recortes provocarán una reestructuración que tendrá «graves consecuencias para el empleo y los ingresos públicos».

Las patronales señalaron que por cada millón de euros que deje de invertirse en infraestructuras, la Administración dejará de percibir 570.000 euros del retorno fiscal. Además, recordaron que los recortes implican la rescisión de contratos equivalentes al 10 por ciento de la cartera total pendiente de ejecutar por Fomento (que asciende a unos 21.000 millones de euros) y la reprogramación de obras el 40 por ciento de dicha cartera (8.400 millones de euros).