Podemos critica la incriminación de ciudadanos que expresan pacíficamente su opinión
Recuerdan que se trataba de un grupo de estudiantes a quienes no se les permitió el acceso a dicho acto y que esperaron pacíficamente a la salida sin otro propósito que protestar por lo que consideraban injusto.
16-01-2017
Podemos Cantabria ha apoyado hoy a las nueve personas imputadas por el supuesto “escrache” a Ignacio Diego en febrero de 2014, tras el acto “Tenemos una pregunta para usted” en la Universidad de Cantabria, al que acudió el -por entonces- presidente de Cantabria.
Pese a existir videos, realizados por unos testigos, probatorios de que las supuestas agresiones nunca existieron, se ha constatado tras la lectura en prensa la noticia de que la Audiencia Provincial desestimaba el recurso presentado por los acusados, por lo que el proceso de imputación sigue adelante.
El auto afirma la existencia de indicios de que tales hechos “pudieran haberse cometido” por parte de los nueve acusados, con la finalidad de alterar el orden público. Se les acusa de coacciones, daños, desórdenes públicos, injurias y amenazas.
Desde Podemos recuerdan que se trataba de un grupo de estudiantes a quienes no se les permitió el acceso a dicho acto y que esperaron pacíficamente a la salida sin otro propósito que protestar por lo que consideraban injusto. Sin uso alguno de violencia por su parte, se les acusó de impedir al expresidente el acceso a su coche oficial y de daños en el capó del mismo que no han especificado. Se enfrentan a una condena de 42 años de cárcel en un proceso claramente incriminatorio, amparado en legislaciones que coartan la libertad de expresión de la ciudadanía como la conocida “ley mordaza”.
No se trata de un hecho aislado. “En todo el Estado estamos viendo casos similares de incriminación a ciudadanos que trataban de expresar pacíficamente su opinión. Muchos de ellos han sido ya sobreseídos y desde nuestra organización esperamos que finalmente suceda así en Cantabria”.
Pese a que aún no se han juzgado los hechos, “consideramos injusta la mera apertura del proceso que criminaliza a estas nueve personas por el mero hecho de ejercer un derecho que consideramos básico, la libertad de expresión, con un propósito digno y desinteresado, defender la educación pública en Cantabria”.