Puigdemont recurrirá su extradición hasta el final y el juez Llarena estudia retirar la euroorden como le pide el Supremo y la Fiscalía
Una de ellas sería renunciar a solicitar la entrega del líder independentista; una posible acción ante el Tribunal de Justicia de la UE o incluso, la menos probable, aceptar la entrega solo por malversación.
La justicia alemana aceptó la petición de la justicia española para extraditar a España al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont por malversación, pero no por rebelión.
La defensa del expresidente ha anunciado que recurrirá hasta el Tribunal Constitucional alemán para evitar su extradición a España, al entender que supondría un "ridículo internacional" que se juzgara al líder del procés por malversación en una causa con otros procesados por rebelión. El abogado de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, anunció que llegarán hasta el Constitucional germano, donde librarán una "batalla intensa" para demostrar que en España no se dan las garantías para un "juicio justo", según dijo.
De esta forma, el tribunal alemán ha acordado mantener en libertad bajo fianza a Puigdemont hasta que se ejecute una eventual extradición, para la que no hay fechas ni plazos, en un proceso que podría quedar paralizado por el recurso que planteará la defensa ante el Constitucional alemán.
Fuentes del Tribunal Supremo que citan los diarios informaron ayer de que la decisión del tribunal alemán aún no ha sido notificada, con lo que no podrá estudiarla y pronunciarse hasta que la reciba. En el mismo sentido se expresó la fiscal general del Estado, María José Segarra, en unas breves declaraciones a la prensa.
Los diarios apuntan las posibles opciones del Supremo ante el futuro judicial de Puigdemont. Una de ellas sería renunciar a solicitar la entrega del líder independentista; una posible acción ante el Tribunal de Justicia de la UE o incluso, la menos probable, aceptar la entrega solo por malversación. De las tres, la que más fuerza tiene es la retirada de la euroorden, a favor de cuya decisión se han posicionado el Tribunal Supremo y la Fiscalía.