23-09-2014
Los sectores que apoyaban la contrarreforma reaccionaron con gran virulencia verbal al sentirse «engañados» y «traicionados» por el presidente del Gobierno. La portavoz de Derecho a Vivir, Gádor Joya, le calificó de «cobarde», le acusó de «no ser de fiar» y le prometió que «se va a arrepentir» en las próximas elecciones. Los provida ya habían amenazado al PP con pedir a sus bases que no les votaran en las próximas elecciones y ayer redoblaron sus amenazas.
Estos colectivos organizaron anoche una primera protesta ante la sede del PP en la calle de Génova que reunió a un centenar de personas y anunciaron una gran movilización en Madrid el 22 de noviembre. Estará encabezada por el Foro de la Familia, cuyo portavoz, Benigno Blanco, aseguró que participarán en ella miles de organizaciones sociales que pedirán la derogación de «lo que ahora deberá llamarse la ley Aido-Rajoy».
A esta manifestación es muy problable que no acudan los obispos. La reacción de la Conferencia Episcopal fue muy medida. Su portavoz, José María Gil Tamayo, criticó en Twitter el carácter «electoralista» de una retirada que supone «la eliminación de vidas humanas inocentes además de falta de coherencia». No hubo más declaraciones ni comunicado. Rajoy se beneficiará quizá de que Rouco Varela, cabeza visible del sector más ultra de la Iglesia, haya sido apartado de los puestos de mando.
CRÓNICA DE UNA DIMISIÓN ANUNCIADA
ALBERTO RUIZ GALLARDÓN tenía 24 años cuando accedió a su primer cargo público. Fue elegido concejal en el ayuntamiento de Madrid en las municipales de 1983. Comenzaba así una larga carrera política, siempre vinculada a la capital del Estado y al PP. Fue presidente de comunidad autónoma, alcalde y, desde el 2011, ministro. Se va con 55 años, tras apurar en el Gobierno de Rajoy uno de sus tragos políticos más difíciles, digerir la retirada del segundo gran proyecto que acaudilló: la reforma de la ley del aborto.
Cuando se convirtió en ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón era una de las figuras más reconocibles del PP. Había revalidado con mayoría absoluta y por segunda vez consecutiva la alcaldía de Madrid que conquistó -por mandato de Aznar- en el 2003. Y se había convertido en la cara más amable de una oposición -la del PP a Zapatero- caracterizada por la intransigencia y el permanente recurso a la teoría de la conspiración.
Siempre ambicioso, Gallardón fue uno de los eternos aspirantes a desbancar a Rajoy cuando el pontevedrés, asediado por el aznarismo y aislado en el Congreso por la geometría variable implementada por Zapatero y Rubalcaba, estuvo a punto de perder el liderato del PP.
Enemigo acérrimo de su sucesora en la comunidad de Madrid, la autoproclamada lideresa Esperanza Aguirre, Gallardón practicó desde el Palacio de Cibeles una política faraónica y antiaustera, aventuras olímpicas incluidas. Convirtió al Ayuntamiento de Madrid en el municipio de España más endeudado en términos absolutos y relativos. Dejó una pesadísima herencia a su sucesora, Ana Botella. Y cultivó una imagen de político dialogante y progresista hasta llegar al Gobierno.
El 21 de diciembre del 2011, tras la victoria de Rajoy ante Rubalcaba en las elecciones de la crisis, Gallardón se convirtió en ministro. Y debutó en el cargo con un órdago: el PP acometería la reforma de la ley del aborto de Zapatero, muy contestada en el ala más conservadora del electorado español, pero que no había provocado el rechazo mayoritario de la opinión pública. Y no era un problema político. Esa reforma le costó el puesto. Su último puesto.
Según declaró en julio del 2013 el propio Gallardón, el último cargo en su larguísima carrera sería el de ministro de Justicia. Y el mundo de la justicia no le echará de menos.
Antes de quemarse acaudillando una reforma impopular que fue útil electoralmente al PP en la carrera hacia las europeas de mayo, Gallardón soliviantó a todos los sectores vinculados con la justicia con su ley para subir las tasas judiciales y su proyecto, frustrado, de provincializar los partidos judiciales. También fue escandalosa su gestión de ciertos indultos de personas representadas por uno de sus hijos, abogado. Pero la puntilla se la ha dado el presidente del Gobierno al retirar el proyecto de la ley del aborto. La dimisión era obligada. Y por una vez España no fue una excepción.
Índices de popularidad comatosos
Hay un viejo dicho para los ministros. Cuando son nombrados, empieza una cuenta atrás hacia el cese. Para Gallardón esa cuenta atrás se aceleró cuando el Gobierno postergó en reiteradas ocasiones la tramitación de una reforma impopular que haría retroceder la legislación sobre el aborto treinta años atrás. Se avecina una sucesión de elecciones. Y esa carga pesaba demasiado en la mochila del PP, que sacrifica un ministro quemado, con índices de popularidad comatosos (1.87 en julio, según el CIS), sin mucho futuro, pero que servía de escudo a Mariano Rajoy, temido pero no muy querido en ciertas áreas de su partido. Se buscará otro. Como dijo el propio Gallardón en la comparecencia que anunció su dimisión como ministro, diputado y político, «otros vendrán».