Rodrigo Rato, exvicepresidente del Gobierno en la época de José María Aznar y responsable de Economía en aquellos años, dispuso de un entramado de 36 empresas, entre las que se encuentran algunas directamente suyas y otras en las que participa con sus hijos, sus hermanos y otros familiares, cuya principal característica era el «desorden», y que podrían responder a la «búsqueda de un determinado fin», como esconder parte de su patrimonio o evadir impuestos. Así consta en el informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) que sirvió de base para la denuncia que la Fiscalía de Madrid presentó contra el exdirigente del PP el pasado 16 de abril, según explicaron fuentes jurídicas.

Además, utilizó de forma profusa la utilización de sociedades extranjeras y el tráfico de divisas con una decena de paraísos fiscales o territorios que pueden considerarse de riesgo fiscal medio o alto, a juicio de la AEAT (Gibraltar, Luxemburgo, Reino Unido, Dominica, Suazilandia, entre otros). En una de ellas, Vivaway Limited, una mercantil de Gibraltar, llegó a transmitir la práctica totalidad de las participaciones que tenía en sus empresas en España, según las pesquisas del fisco incluidas en el sumario del que se ha levantado parcialmente el secreto.

DONACIONES

En este caso, la denuncia del fiscal explica que en el 2013, Rato donó a sus tres hijos (sin que quede claro si estos estaban al corriente de la medida) participaciones por valor de 2,59 millones de euros. Después volvió a adquirirlas mediante una sociedad controlada por él llamada Kradonara, considerada «opaca» por las autoridades fiscales españolas, y esta acabó traspasando las participaciones al único socio de la compañía, Vivaway.

El titular de esta última empresa es también Rato, según la Agencia Tributaria, aunque mediante una firma intermedia «para ocultar su verdadera titularidad».

En definitiva, con este sistema la fiscalía considera que casi todo el patrimonio que tenía Rato en el 2013 pasó a la compañía gibraltareña.

Además de estas operaciones, a partir de los datos obtenidos por las autoridades tributarias, se detectaron otras entradas de divisas y transferencias de dinero en el patrimonio de Rato que no fueron incluidas por el exdirigente popular en las declaraciones anuales del IRPF ni tampoco como ingresos reales de la citada empresa Kradonara.

En concreto, el Banco de España detectó que el exdirigente popular recibió 1,5 millones de euros en el 2012 y 1,2 en el 2013 en los que se incluyen los 307.000 euros que percibió por sus labores de asesoramiento a Telefónica que fueron facturados a Kradonara. La cuota defraudada alcanzaría los 672.000 euros en el 2012 y 756.000 el 2013.

Estas cifras permiten concluir a Hacienda que si se hubiesen contabilizado todas estas entradas de ingresos entres el 2011 y el 2013, Rato directamente, o a través de sus empresas, habría defraudado 1,03 millones de euros de IRPF y 672.329 euros del impuesto de sociedades, lo que sumó un total de 2,46 millones de euros. El exmando popular declaró en el 2012, cuando se acogió a la amnistía fiscal, que poseía 3,23 millones de valores por un importe de 3,87 millones de euros.

La fiscalía de Madrid recogió parte de estos datos en su denuncia, pero se negó a atender la petición de los agentes de Hacienda de ordenar la detención de Rato «el tiempo necesario» para llevar a cabo los registros en su domicilio y en su despacho. El fiscal tampoco reclamó al juez que permitiera «el uso de la fuerza» en estas diligencias, como solicitó Hacienda.

LOS DELITOS

La fiscalía calificó la actuación de Rato de cinco delitos fiscales, uno de alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. Durante esta corta instrucción, los jueces de la Audiencia Provincial de Madrid ya han eliminado el alzamiento de bienes al rechazar que Rato ocultara su patrimonio para eludir el pago de las fianzas civiles que le impuso la Audiencia Nacional en el caso Bankia y en las tarjetas black de Caja Madrid. Los jueces entendieron que este supuesto no se ha dado porque el exvicepresidente del Gobierno ha hecho frente a estos pagos.

Ahora, la investigación se centra en los delitos fiscales y la acusación de blanqueo está en manos de la Guardia Civil que está a la espera de que Hacienda le mande los papeles que se le incautaron a Rato en los registros antes de que el juez le llame a declarar.