Sánchez anuncia que modificará la legislación para que el impuesto de las hipotecas lo pague la banca

El real decreto ley lo aprobará el Ejecutivo este jueves en el Consejo de Ministros adelantado -el viernes es día festivo en Madrid- y el Congreso tendrá que ratificarlo

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07-11-2018
 
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado una modificación legislativa para que la ley hipotecaria incluya que será el sector bancario el que, a partir de ahora, pague el impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados. El real decreto ley lo aprobará el Ejecutivo este jueves en el Consejo de Ministros adelantado -el viernes es día festivo en Madrid- y el Congreso tendrá que ratificarlo.

El Gobierno sale así al rescate de la ciudadanía después de que el Pleno del Tribunal Supremo resolviese ayer, tras más de 15 horas de deliberación, que debe ser el cliente y no el banco quien se haga cargo del impuesto de actos jurídicos documentados en la firma de hipotecas.

"Los españoles no volverán a pagar el impuesto de las hipotecas, lo hará la banca", ha aseverado Pedro Sánchez este mediodía. El Consejo de Ministros aprobará mañana un Real Decreto Ley que modificará el artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para que sea la banca quien pague este tributo.

Sánchez dijo defender la separación de poderes, por lo que dijo respestar absolutamente el fallo del Supremo, pero considera que el poder Ejecutivo debe ahora dar seguridad jurídica a los ciudadanos con esta modificación legislativa. Eso sí, cree que el Supremo debe hacer "un ejercicio de autocrítica" por haber generado el caos estas últimas semanas por sus cambios de criterio.

"El Gobierno garantizará un escenario previsible y estable en interés de todos los operadores implicados". En esta línea, el presidente ha informado que el Ejecutivo remitirá a las Cortes Generales la propuesta de creación de la Autoridad Independiente de Protección del Cliente de Productos Financieros, que tendrá como objetivo reforzar la protección ante abusos, mejorar la capacidad de resolver conflictos, y garantizar la seguridad jurídica.

Las asociaciones de consumidores tildaron de "aberrante", "bochornosa" e "inaudita" la decisión del Supremo. La OCU consideró que este nuevo giro pone en entredicho la seguridad jurídica y reclamó la dimisión del presidente de la Sala tercera del Supremo, Luis Díez-Picazo, impulsor del Pleno y quien inclinó con su voto la balanza a favor de no cambiar la jurisprudencia hasta ahora vigente. Para Facua se trata de una decisión "política, impropia del poder judicial, que supone salvar a la banca de abonar miles de millones de euros".

En cuanto a los partidos políticos, el PP consideró que "los españoles necesitan certidumbre y que quede claro que el consumidor no tiene por qué ser el que pague el impuesto". Ciudadanos tildó el fallo de "incomprensible". Podemos e IU convocaron una manifestación frente al Supremo el sábado a las 18 horas. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, dijo que la sentencia "pone en entredicho la independencia del Supremo y debilita la democracia" y animó a que la "vergüenza y la rabia" se conviertan en "una gran movilización cívica para defender los derechos de la mayoría frente a los privilegios de una minoría".

El impuesto de Actos Jurídicos Documentados

El impuesto de Actos Jurídicos Documentados está regulado en el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Es un impuesto que está cedido a las comunidades autónomas. El gravamen que aplica cada territorio del régimen común oscila entre el 0,75% y el 1,5%. Navarra y el País Vasco aplican el 0,5%. Dicho tributo se aplica, entre otros supuestos, al formalizar un préstamo hipotecario.

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