Urdangarin asegura que consiguió contratos por su preparación, no a través de la Casa Real
AFIRMA QUE SI logró hacer negocios a través del Instituto Nóos y otras empresas fue por su preparación y por haber sido «deportista de alto nivel» y «no sólo» por su condición familiar en la Casa Real.
03-07-2014
El que fuera contable del Instituto Nóos Marco Antonio Tejeiro ha alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción, el primero que se produce en el marco del caso Nóos, por el que ha confiesa que Aizoon, propiedad al 50 por ciento de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, tenía como finalidad desviarse a su favor los fondos que de forma ilícita percibió el Instituto Nóos de las Administraciones públicas.
La confesión ha quedado plasmada en un escrito que este jueves ha entregado el fiscal Pedro Horrach al juez José Castro. En el documento, Tejeiro revela cómo Aizoon carecía de infraestructura personal y de medios para acometer su actividad social, y asegura no constarle que la sociedad tuviera empleados con dedicación exclusiva.
El imputado, quien ha optado por dar a conocer estos hechos de cara a una futura reducción de pena, relata cómo el giro de facturas falsas entre las empresas del entramado por el que Urdangarin y su exsocio Diego Torres se habrían apoderado de hasta 5,9 millones de euros públicos, suponía una práctica habitual dentro del conglomerado y, en el caso de Aizoon, subraya que las facturas libradas por ésta contra el Instituto Nóos y Nóos Consultoría Estratégica constituían una vía para que el dinero de origen presuntamente ilícito acabara en las cuentas de la sociedad de los Duques.
En su escrito, Tejeiro, hermano de la mujer de Torres, Ana María Tejeiro, subraya cómo las empresas que conformaban el entramado -Instituto Nóos, Nóos Consultoría Estratégica, Intuit, Shiriaimasu y Aizoon- eran entidades vinculadas entre ellas que operaban realmente en el mercado como si fueran una sola, todo ello bajo la dirección de Urdangarin y Torres, quienes ostentaban el control absoluto del grupo.
Es más, confiesa que la actividad principal del conglomerado se centró principalmente en lograr la adjudicación para organizar las tres ediciones del denominado Valencia Summit y las dos del Illes Balears Forum, cuyo coste real, afirma, fue notablemente inferior a los fondos que el Instituto Nóos percibió de la Comunidad de Valencia y de Baleares. En total, la entidad cobró por organizar estos eventos 5,9 millones de euros, a pesar de que su verdadero coste fue de 1,6 millones, según datos de la Agencia Tributaria.
El encausado recalca que el dinero que cobró Nóos acabó siendo repartido entre Torres y Urdangarin mediante el giro de facturas falsas de las sociedades que ambos controlaban. Unas facturas que, precisa, no respondían a servicios realmente prestados. Tejeiro señala, de hecho, que el Instituto, pese a que se promocionase como una asociación sin ánimo de lucro, funcionaba en realidad como una mercantil con fines lucrativos.
Tejeiro hace alusión asimismo a la estructura fiduciaria investigada en la causa para desviar fondos al extranjero, y en este sentido, apunta a que la finalidad de ésta era evadir el dinero obtenido de las Administraciones públicas y ocultar a sus verdaderos beneficiarios así como lograr tributar menos que en España. Según recuerda en su escrito, llegó a asistir por indicación de Torres a una reunión en la que se le expuso la creación de esta estructura, mostrando su desconocimiento acerca de si Urdangarin participó en ella.
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El contable de Nóos llega a un pacto y confiesa que Aizoon tenía como fin recibir fondos ilícitos - Diario de Mallorca http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2014/07/03/contable-noos-confiesa-aizoon-tenia/944307.html#WvF3n7vV5ITHc9CEMejora tu Posicionamiento Web con
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El Duque de Palma, Iñaqui Urdangarin, defiende, en el recurso que ha interpuesto ante la Audiencia Provincial de Baleares en contra de su imputación que si logró hacer negocios a través del Instituto Nóos y otras empresas fue por su preparación y por haber sido «deportista de alto nivel» y «no sólo» por su condición familiar en la Casa Real.
En un recurso de apelación de 16 páginas, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de Urdangarin afirma que «es cierto, sí, mi mandante, por matrimonio, desde el año 2004 era yerno del Rey de España y ahora es cuñado del Rey de España, pero esa condición familiar no fue la única tenida en cuenta para que pudiera intentar realizar su actividad profesional».
Tal y como incide al respecto el abogado Mario Pascual Vives, el marido de la Infanta Cristina «fue deportista olímpico, vicepresidente del Comité Olímpico Español, deportista de alto nivel, y amplió sus conocimientos profesionales en la entonces prestigiosa escuela de negocios Esade, teniendo como profesores a diversos testigos que han depuesto en la causa y que estuvieron contratados por el Instituto Nóos».
«Todo esto era conocido y público. No tenía por qué esconderse de estas circunstancias. Ningún poder, ninguna superioridad le otorgaban todas esas circunstancias frente a terceros», abunda el letrado, quien asevera que «si se le reprocha que vendiera 'humo', entonces 'humo' era lo que le explicaron sus profesores, el propio Diego Torres o lo que le enseñaron sobre la organización de eventos internacionales al máximo nivel».
En cuanto a las contrataciones que Nóos llevó a cabo con las Administraciones balear y valenciana, la defensa señala que su patrocinado únicamente percibió de ellas 795.732 euros (923.049 euros con IVA), pese a lo cual, lamenta, el juez le mantiene una fianza de responsabilidad civil de seis millones de euros.
Más en concreto, precisa que en 2005 y 2006 cobró por su actividad personal y profesional, entonces a través de Aizoon, 366.719 euros por la primera edición del denominado Valencia Summit, mientras que en 2005 obtuvo 556.330 euros por la segunda edición del anterior evento y la primera del Illes Balears Forum.
A partir de 2006, señala, no percibe «ni personalmente ni a través de Aizoon cantidad alguna derivada del tercer congreso de Valencia ni del segundo de Palma». «Sólo percibe ingresos, insisto, a partir de 2006, de sociedades mercantiles privadas», subraya Pascual Vives.
Niega haber cometido delitos fiscales
En lo que a dos presuntos delitos fiscales se refiere, el asistente legal del Duque señala que éste no cometió ilícito alguno en 2007 y 2008, fechas en las que la Agencia Tributaria le achaca una defraudación de hasta 337.138 euros en las cuotas del IRPF. En cualquier caso, reconoce que el imputado podría haber cometido irregularidades administrativas que no rebasaron, en ninguno de los ejercicios, el umbral de los 120.000 euros a partir del cual esta circunstancia se considera delito.
Al respecto, el abogado recrimina que «todas las hipótesis, todas las teorías» que Castro maneja en el auto recurrido «resultan posibles, y ninguna clara», lo que en su opinión «ataca frontalmente el principio de seguridad jurídica, tipicidad penal y, por ende al de defensa». Y todo ello «frente a imputaciones dudosas y por tanto inconsistentes», remacha.
Cierre «prematuro» de la instrucción
Con motivo del cierre de la instrucción acordada en ese auto, y que califica de «prematuro», Pascual Vives critica en esta línea que en la redacción de los hechos presuntamente delictivos Castro «si quiera indiciariamente ha incorporado retales de determinados documentos y ha citado parcialmente declaraciones de determinados testigos e imputados».
Asimismo, subraya que se ha tratado de una instrucción «prospectiva» y lo que «al principio parecía que se trataba de investigar exclusivamente determinados convenios suscritos en Palma, se fue extendiendo a Valencia, Madrid e incluso Barcelona». «De lo que inicialmente aparentaba como una instrucción encaminada a averiguar la supuesta existencia de delitos contra las Administraciones públicas, se fue ampliando con supuestos delitos fiscales, blanqueos, evasión de capitales y ahora, por último, se incluyen estafas y tráfico de influencias», remarca.
«Y se pretende que todo este conjunto de delitos heterogéneos entre sí sea juzgado en Palma, a pesar de afectar a Administraciones y por ende a ciudadanos de diversas Comunidades Autónomas como Baleares, Comunidad Valenciana, Madrid y Cataluña», añade en este contexto.
Finalmente, señala que en la entidad que los investigadores consideran sucesora del Instituto Nóos, la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FDCIS) «nunca tuvo poderes, ni fue legal representante, ni administrador de hecho, ni tuvo firma en cuenta corriente alguna». En concreto, sobre el Duque pesan un delito de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a la administración, tráfico de influencias, estafa, falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y dos delitos fiscales.
ESCRITO DE DIEGO TORRES
Diego Torres ha pedido al juez que instruye el 'caso Nóos', José Castro, una copia oficial de la confesión de su cuñado, el contable Marco Antonio Tejeiro, con la finalidad de presentar una querella contra él por "un delito de denuncia y acusación falsa" en su autoinculpación en la que le señala a él y a Iñaki Urdangarin como los únicos responsables de una trama ideada para beneficiarse de fondos públicos captados con ánimo altruista.
"Miente y lo sabe", sostiene en un escrito de cuatro páginas registrado a primera hora de este viernes en el juzgado de Instrucción 3 de Palma, en el que su letrado, Manuel González Peeters, recuerda que el derecho a mentir de un imputado no permite "acusar a otros de manera impune". Solo le atribuye una verdad, que fue despedido, lo que a su juicio explica, junto a otros factores, su confesión ante el fiscal anticorrupción Pedro Horrach, ante quien Marcos Tejeiro ha admitido en la recta final de la instrucción que el entramado Nóos presentó presupuestos hinchados a las administraciones, cobró por servicios no prestados, hizo cruces de facturas y tuvo trabajadores simulados, entre otras cosas.
Sobre el papel de su cuñado, que se presenta en su autoinculpación como un mero mandado que cumplía órdenes, Torres comenta que "de administrativo, nada de nada" y que su salario así lo atestigua. "Si el diseño societario lo hicieron Diego Torres e Iñaki Urdangarin, igual conviene preguntarse si Marco Antonio Tejeiro y su hermano Miguel eran becarios", apunta con ironía para luego subrayar el conocimiento y participación de ambos en operaciones, según correos que obran en la causa. Respecto a este último, señala que "era asesor en todos los sentidos, también por tanto tributario" y se pregunta porqué "ni se le ha recibido declaración como imputado en el marco que se pretende constitutivo de delito contra la Hacienda Pública" cuando "existe un nutrido bagaje jurisprudencial que atribuye responsabilidad como cooperadores necesarios a los asesores" en este tipo de prácticas.
Malas relaciones con su hermana
Los hermanos Marco Antonio y Miguel Tejeiro mantienen malas relaciones con su propia hermana, Ana María, que también suscribe la presentación de la querella, y su marido, Diego Torres, por asuntos de negocios familiares anteriores. No obstante, la autoinculpación de Marco Antonio ante el fiscal Pedro Horrach solo carga contra el cuñado, ya que al atribuirle la "dirección absoluta" de Nóos junto a Urdangarin, salva a su hermano Miguel, y, de rebote, a su hermana y a la infanta Cristina, a la que ni siquiera cita. Su tesis de una bicefalia de dos socios con el control absoluto y unos empleados cumplidores de órdenes es la misma que mantiene la Agencia Tributaria.
Respecto a la trama, Torres insiste en que "no había ningún grupo Nóos" ni las empresas de la trama compartían sede social. Según expone, "la totalidad de las facturas libradas obedecían a la realidad" y niega que el coste de los congresos organizados en Valencia y Baleares fuera inferior al presupuestado, como admite en su confesión Marco Antonio Tejeiro, a quien recuerda que tuvo en su propio domicilio la sede de una de las empresas . "Lo de las contrataciones simuladas, es algo que como consta en los autos, alcanza única y exclusivamente a Iñaki Urdangarin y su esposa, vocal del Instituto Nóos, por cierto", precisa en el escrito.
DENUNCIA DEL CONTABLE
El que fuera contable del Instituto Nóos Marco Antonio Tejeiro ha alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción, el primero que se produce en el marco del caso Nóos, por el que ha confiesa que Aizoon, propiedad al 50 por ciento de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, tenía como finalidad desviarse a su favor los fondos que de forma ilícita percibió el Instituto Nóos de las Administraciones públicas.
La confesión ha quedado plasmada en un escrito que este jueves ha entregado el fiscal Pedro Horrach al juez José Castro. En el documento, Tejeiro revela cómo Aizoon carecía de infraestructura personal y de medios para acometer su actividad social, y asegura no constarle que la sociedad tuviera empleados con dedicación exclusiva.
El imputado, quien ha optado por dar a conocer estos hechos de cara a una futura reducción de pena, relata cómo el giro de facturas falsas entre las empresas del entramado por el que Urdangarin y su exsocio Diego Torres se habrían apoderado de hasta 5,9 millones de euros públicos, suponía una práctica habitual dentro del conglomerado y, en el caso de Aizoon, subraya que las facturas libradas por ésta contra el Instituto Nóos y Nóos Consultoría Estratégica constituían una vía para que el dinero de origen presuntamente ilícito acabara en las cuentas de la sociedad de los Duques.
En su escrito, Tejeiro, hermano de la mujer de Torres, Ana María Tejeiro, subraya cómo las empresas que conformaban el entramado -Instituto Nóos, Nóos Consultoría Estratégica, Intuit, Shiriaimasu y Aizoon- eran entidades vinculadas entre ellas que operaban realmente en el mercado como si fueran una sola, todo ello bajo la dirección de Urdangarin y Torres, quienes ostentaban el control absoluto del grupo.
Es más, confiesa que la actividad principal del conglomerado se centró principalmente en lograr la adjudicación para organizar las tres ediciones del denominado Valencia Summit y las dos del Illes Balears Forum, cuyo coste real, afirma, fue notablemente inferior a los fondos que el Instituto Nóos percibió de la Comunidad de Valencia y de Baleares. En total, la entidad cobró por organizar estos eventos 5,9 millones de euros, a pesar de que su verdadero coste fue de 1,6 millones, según datos de la Agencia Tributaria.
El encausado recalca que el dinero que cobró Nóos acabó siendo repartido entre Torres y Urdangarin mediante el giro de facturas falsas de las sociedades que ambos controlaban. Unas facturas que, precisa, no respondían a servicios realmente prestados. Tejeiro señala, de hecho, que el Instituto, pese a que se promocionase como una asociación sin ánimo de lucro, funcionaba en realidad como una mercantil con fines lucrativos.
Tejeiro hace alusión asimismo a la estructura fiduciaria investigada en la causa para desviar fondos al extranjero, y en este sentido, apunta a que la finalidad de ésta era evadir el dinero obtenido de las Administraciones públicas y ocultar a sus verdaderos beneficiarios así como lograr tributar menos que en España. Según recuerda en su escrito, llegó a asistir por indicación de Torres a una reunión en la que se le expuso la creación de esta estructura, mostrando su desconocimiento acerca de si Urdangarin participó en ella.
