Acuerdo para la devolución de lo pagado por el convenio urbanístico en el área de la antigua residencia de Cazoña.
El acuerdo alcanzado permite atenuar los efectos de la devolución en las arcas municipales, al dividir el pago de los 6.940.892 euros en siete anualidades y sin aplicar intereses
14-11-2017
En la fotografía de una de las reuniones mantenidas entre el concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, César Díaz; la concejala de Familia y Servicios Sociales, María Tejerina; el director de la Fundación Caja Cantabria, Juan Muñiz; y el vocal del Patronato de la Fundación Caja Cantabria, Alfonso Gutiérrez
La Comisión de Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento de Santander ha dado hoy el visto bueno al acuerdo alcanzado con la Fundación Caja Cantabria para la devolución a la entidad de las cuantías que abonó al Consistorio por el convenio urbanístico de la parcela de la antigua residencia de Cazoña.
En virtud de este acuerdo, que deberá ser ratificado por el pleno de la Corporación en su próxima reunión, el Ayuntamiento devolverá a la entidad los 6.940.892 euros que abonó por el cambio de usos de los terrenos, que quedó sin efectos por la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
El concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, César Díaz, ha destacado que el acuerdo alcanzado con la Fundación Caja Cantabria permite, por un lado, facilitar a la entidad contar con esos fondos para el sostenimiento de su actividad social, y por otro, atenuar los efectos de la devolución en las arcas municipales, al dividir el pago en siete anualidades y sin aplicar intereses.
Todo ello, ha precisado, sin perjuicio de las reclamaciones que pueda plantear el Ayuntamiento ante otras administraciones, al tratarse de una situación derivada de la anulación del PGOU por una causa externa al Consistorio y al propio Plan General, como fue la anulación del bitrasvase por su deficiente evaluación ambiental.
Díaz ha recordado que el convenio urbanístico suscrito por el Ayuntamiento y la entidad en diciembre de 2010 contemplaba un cambio de usos de la parcela de Cazoña propiedad de la entonces Obra Social de Caja Cantabria para dotarla de usos residenciales en la revisión del PGOU que estaba en curso.
Fruto de aquel acuerdo, tras la entrada en vigor del Plan General de 2012, la entidad abonó al Consistorio 6.940.892 euros por la revalorización de los terrenos, el importe que ahora ha pedido que se le devuelva, al haber quedado sin efectos el convenio urbanístico y haber perdido la parcela el uso residencial.
El concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda ha resaltado que el equipo de gobierno municipal y la Fundación Caja Cantabria han trabajado en este tiempo en la búsqueda de un acuerdo lo más satisfactorio posible para ambas partes y el resultado ha sido este convenio por el que se pacta la devolución del dinero sin intereses en siete anualidades (entre 2017 y 2023).
El primer pago, por importe de 940.892 euros, se prevé realizar este mismo año con cargo a los remanentes municipales. Y también se ha previsto ya la segunda anualidad, por importe de 2 millones de euros, en los presupuestos municipales de 2018.
Entre las cláusulas del convenio se contempla también la posibilidad de volver a ampliar los usos de la parcela (de carácter dotacional con el planeamiento ahora vigente) a través de una modificación puntual del PGOU en vigor, compensando en tal caso el importe de las devoluciones pactadas con el Consistorio.
Igualmente, en virtud de este acuerdo, la Fundación Caja Cantabria se compromete a ampliar las líneas de colaboración que mantiene con el Ayuntamiento, tanto a través de programas y acciones de carácter social, educativo, ambiental o cultural, como mediante la cesión de espacios en el Centro de Acción Social y Cultural (CASYC) para que el Consistorio pueda desarrollar actividades sin coste alguno.
Díaz ha reiterado que estos acuerdos se adoptan al margen de las posibles reclamaciones económicas que pudiera plantear el Consistorio por este perjuicio para la ciudad derivado de la anulación del PGOU por una causa ajena al Ayuntamiento y al propio documento urbanístico.
En este sentido, ha recordado que la administración municipal ya ha iniciado también los correspondientes procedimientos ante el Gobierno de Cantabria, la Administración General del Estado y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) para reclamar los 3 millones de euros invertidos en la elaboración del Plan General de 2012, que requirió más de 8 años de trabajo y deberá rehacerse de cero.