Aprobada la Ley de transparencia que entrará en vigor este año

El consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, ha indicado que la norma regional ha sido impulsada por el Gobierno de Cantabria “por convicción política” y por considerarla un “requisito imprescindible de la acción de gobie

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12-03-2018

El Pleno del Parlamento ha aprobado de forma definitiva este lunes la Ley de Transparencia de la Actividad Pública de Cantabria, que prevé su entrada en vigor en el plazo de seis meses tras su publicación. El texto, que el Gobierno remitió a la Cámara a finales de 2016, hace un año y tres meses, se ha aprobado por unanimidad salvo los artículos y disposiciones relativas a la creación del Consejo de Transparencia de Cantabria, en los que el PP ha votado en contra.

El consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, ha indicado que la norma regional ha sido impulsada por el Gobierno de Cantabria “por convicción política” y por considerarla un “requisito imprescindible de la acción de gobierno”.

De la Sierra ha defendido en el debate la necesidad de una norma propia para Cantabria para adaptar la Ley nacional a la realidad de la región y mejorar su efectividad.

Al mismo tiempo, ha destacado que la legislación de Cantabria es un “avance” sobre la norma estatal, tal y como ha subrayado la Agencia Española de Protección de Datos, al clarificar cuestiones en el acceso a la información pública, el marco de reclamaciones ante el Consejo de Transparencia y resolver las obligaciones de publicidad activa con determinados supuestos no incluidos a nivel nacional, respecto a los saldos bancarios y las agendas institucionales de los gobiernos autonómico y local.

Ha afirmado que la Ley somete a las obligaciones de transparencia no solo a la administración pública y sus entes, sino también a los prestadores de servicios públicos y a las personas que ejerzan potestades administrativas, los adjudicatarios de contratos del sector público, los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales, así como las asociaciones y fundaciones privadas que se financien con fondos públicos, a partir de ciertos umbrales.

Incluye, además, la creación del Consejo de Transparencia de Cantabria como órgano que actuaría con independencia orgánica y funcional y establece los mecanismos adecuados para que “la nueva cultura de la transparencia no quede en una mera declaración de intenciones”. Por eso, ha apuntado, se establece un régimen sancionador, que persigue “garantizar y hacer efectivo el derecho de la ciudadanía a la transparencia pública”.

La entrada en vigor será a los seis meses de su publicación en el BOC, de manera que, toda la información que se prevé publicar, esté disponible en formatos accesibles y reutilizables y dé tiempo a realizar los oportunos cursos de formación, tanto a los sujetos obligados como a los empleados públicos. En su caso también permitirá hacer las oportunas campañas de promoción.

“Creemos que vamos a aprobar una buena ley, que garantiza mejor los derechos de los ciudadanos a conocer la gestión pública y, consecuentemente, ayuda a mejorarla a gobernar mejor”, ha subrayado el consejero, para quien las enmiendas que han llegado al Pleno, “legítimas y lógicas”, “en pocos aspectos ponen en cuestión la ley”.

Por eso, ha considerado que “estamos ante una buena ley en términos generales” y “cumple de sobra el objetivo”, que es, a su juicio, “desarrollar la Ley de transparencia y hacer que sea una realidad en Cantabria en el ámbito de la gestión pública”.