Bajan un 34% los desalojos por ejecución hipotecaria y aumentan los concursos de acreedores

Los juzgados de Cantabria practicaron durante el tercer trimestre de este año 2018 un total de 118 lanzamientos, lo que supone una disminución del 13,9 por ciento respecto a los llevados a cabo en el mismo periodo de 2017.

No obstante, este descenso es aún más acusado en los que responden a ejecuciones hipotecarias, que bajaron de julio a septiembre un 34,4 por ciento respecto al tercer trimestre del año anterior. También descendieron los debidos a impagos de alquiler –un 6,9%- y los que figuran bajo el epígrafe de otros –un 25%.

Por otro lado, los concursos de acreedores experimentaron un incremento global del 62,5 por ciento, si bien este aumento responde a los tramitados en el Juzgado de lo Mercantil –procedimientos que afectan a empresas-, que pasaron de seis en el tercer trimestre de 2017 a doce en el de 2018. Por el contrario, solo un particular se acogió a la fórmula del concurso de acreedores para gestionar sus deudas, una persona menos que el pasado año.

Así se desprende del Informe sobre los Efectos de la Crisis en los órganos Judiciales, que trimestralmente elabora el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial y que hoy ha sido difundido con datos de julio a septiembre de este año.

Durante el periodo analizado las demandas por despido se mantuvieron estables, las reclamaciones de cantidad en el seno de una relación laboral crecieron un 21,9 por ciento y los procedimientos monitorios descendieron un 12,1 por ciento.

Ejecuciones hipotecarias y lanzamientos

En el tercer trimestre de 2018 se presentaron 72 procedimientos de ejecución hipotecaria ante los juzgados de primera instancia de Cantabria, tres más que en el mismo periodo de un año antes, lo que supone un aumento del 4,3 por ciento. A nivel nacional, este tipo de demandas creció un 14,4 por ciento.

Por su parte, los lanzamientos practicados pasaron de 137 en el tercer trimestre de 2017 a 118 en el de 2018, esto es, un 13,9 por ciento menos, caída más acusada que la registrada por la media nacional, que apenas descendió un 0,3 por ciento.

De esos 118 lanzamientos practicados, 21 respondieron a ejecuciones hipotecarias –once menos que un año antes-, 94 a impagos de un alquiler -siete menos que en el mismo periodo de 2017- y tres a otros motivos –uno menos.

Más concursos declarados

Entre los indicadores que estudia el informe para detectar el efecto de la crisis en los órganos judiciales, se encuentra el movimiento de asuntos concursales, tanto los presentados en el Juzgado de lo Mercantil de Santander, que responden a empresas, como los que se registran en los juzgados de primera instancia de la región, que son los que se refieren a particulares.

Durante el tercer trimestre de 2018 se presentaron un total de trece concursos –doce de empresas y uno de persona física-, frente a ocho de 2017. El incremento se sitúa en un 62,5 por ciento, mientras que la media nacional registra una subida del 18,7 por ciento.

Además, el Juzgado de lo Mercantil de Santander declaró nueve concursos; en un procedimiento se abrió la fase de convenio y en cuatro se fue a la liquidación.

Más reclamaciones de cantidad

La incidencia de la situación económica también se evalúa en el movimiento de asuntos de los juzgados de lo social o laborales, donde se presentan tanto las demandas de despido como aquellas en las que los trabajadores reclaman el pago de una cantidad por parte de sus empleadores.

En el tercer trimestre de 2018, los seis juzgados de lo social de Santander registraron un total de 250 demandas por despido, dos menos que las que se presentaron un año antes, lo que supone un leve descenso del 0,8 por ciento. La media nacional aumentó un 2,2 por ciento.

Las reclamaciones de cantidad fueron 395 frente a las 324 de 2017, lo que supone un aumento del 21,9 por ciento, superior al de la media nacional, del 3,4 por ciento.

Finalmente, los procedimientos monitorios, que se presentan en los juzgados de primera instancia y son aquellos en los que se reclaman deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, como, por ejemplo, gastos comunes de comunidades de propietarios, ascendieron a 1.472, frente a los 1.674 de un año antes, un descenso del 12,1 por ciento.

La media del conjunto de todas las comunidades registra un incremento del 9,6 por ciento en este tipo de procedimientos.