CCOO lleva a Ignacio Diego y a Samuel Ruiz a Fiscalía
Considera que el presidente de Cantabria, y el delegado del Gobierno han consentido ilegalidades en la contratación de parados por parte de los Ayuntamientos con cargo a la orden de ayudas de la administración regional.
24-04-2015
Comisiones Obreras han denunciado ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) al presidente del Gobierno regional, Ignacio Diego, y el delegado del Gobierno, Samuel Ruiz, por considerar que han consentido ilegalidades en la contratación de parados por parte de los Ayuntamientos con cargo a la orden de ayudas de la administración regional.
El sindicato entiende que buena parte de las convocatorias y procesos de selección de los ayuntamientos incumplen la ley por vulnerar el derecho fundamental de acceso al empleo público en condiciones de igualdad. Y entiende que Diego y Ruiz podrían haber incurrido en responsabilidades penales por "omisión" en el ejercicio de su obligación de velar por el cumplimiento de la legalidad, por lo que solicita su inhabilitación para ocupar cargo público.
Según CCOO, los procesos de selección en al menos 80 ayuntamientos se han desarrollado o sin las garantías de publicidad suficiente, o con "discriminaciones" contrarias al ordenamiento jurídico, al establecer el empadronamiento como requisito o mérito y fijar una edad mínima de 18 años cuando la establecida para el acceso a la función pública es de 16 años.
CCOO considera que, como garantes de la legalidad, el Gobierno y la Delegación de Gobierno deberían haber requerido a los ayuntamientos para que anularan y subsanaran todas aquellas disposiciones contrarias al ordenamiento jurídico, tal y como solicitó el sindicato el pasado mes de febrero.
"ABERRACIONES JURÍDICAS"
"La denuncia no es una opción, es una obligación denunciar aberraciones jurídicas", ha afirmado este viernes en rueda de prensa el secretario general de CCOO, Carlos Sánchez, quien ha señalado que "a sabiendas", Diego y Ruiz "han consentido un ilícito y han permitido la vulneración de un derecho fundamental".
Según ha explicado, con esta denuncia ante la Fiscalía el sindicato pretende "dar cauce al rechazo y la alarma social" generada por una convocatoria que, en su opinión, "favorece el clientelismo, el nepotismo y el dedo en el acceso al empleo público"; así como "poner a las administraciones en su sitio"; pedir responsabilidades; y que "no se repita".
Además, el sindicato va a hacer una consulta a la comisión de quejas del Fondo Social Europea, que cofinancia estas ayudas para obras de interés social, al entender que la convocatoria se ha "pervertido" y que "no tiene mucho sentido" que el FSE la financie cuando se valora más el hecho de estar empadronado que el tener hijo a cargo, ser parado de larga duración o tener a todos los miembros de la familia en el desempleo.
Para Carlos Sánchez, es una convocatoria "antisocial" que sólo persigue "rebajar las cifras de paro" y que además "se ha vuelto contra ellos mismos" por el rechazo que ha generado en buena parte de la población, al favorecer -ha dicho- "el clientelismo, el nepotismo y el dedo en el acceso al empleo público".