Concentración del movimiento feminista en Santander

Bajo el lema “Compromiso = Presupuesto. La lucha sigue, Nos vemos en las calles. ¡Ni una menos!” exigen que los Presupuestos de Estado para 2018 que debate el Congreso, cumplan el aumento de 200 millones de euros anuales.

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15-05-2018

Las organizaciones convocantes de las diferentes concentraciones programadas por todo el estado protestan por el incumplimiento en el Proyecto presupuestario del Gobierno, frente a los asesinatos de más de 900 mujeres en los últimos quince años, que han dejado 169 menores de edad huérfanos/as, y a la Huelga Feminista histórica este 8 de marzo, ante la que el Presidente Rajoy se puso el lazo morado, gesto vacío de contenido ante el anuncio del presupuesto asignado para luchar contra esta lacra. Si no se dota de un presupuesto adecuado a las 214 medidas del pacto, se quedará en papel mojado, según afirma el movimiento feminista.

El movimiento feminista afirma que “no es que no haya dinero, es que las prioridades del Gobierno son otras, como aumentar el presupuesto de Defensa en 819 millones (10,7% más que en 2017) o seguir financiando rescates de bancos y autopistas, no la dignidad de las vidas del 51% de la población.”

Mientras la Medida 207 del Pacto dice que los Presupuestos Generales del Estado destinarán, vía transferencias a los ayuntamientos un incremento anual de 20 millones de euros y 100 más a las Comunidades Autónomas, específicamente para medidas de Violencia de Género, el Proyecto de PGE 2018 presentado ‘ordena’ (sin tener competencia para ello) a los 8.000 ayuntamientos y las 17 CCAA que los saquen de su sistema general de financiación. Este recorte del 60% del presupuesto pactado afecta a la prevención en centros educativos y de salud, de competencia autonómica, y a la atención primaria o de proximidad a las mujeres y sus hijas e hijos, atribuida por el artículo 19 de la Ley O. 1/2004 a entidades locales y comunidades autónomas. Aborta, además, la aplicación del Convenio de Estambul, de cuya aplicación debe informar este año España al Consejo de Europa, que exige reforzar la atención social y policial sin supeditarla a la presentación de denuncia judicial, y extender la prevención y la protección a la violencia fuera de la pareja.

Incluso los 80 millones de aumento en la Administración central para ‘mayores o nuevas medidas de ámbito estatal contra la violencia de género’ no son reales, porque su anuncio en la Presentación o Libro Amarillo del Presupuesto no se corresponde con las cuantías reflejadas en los Programas de Gasto reales o no está especificada en partidas destinadas específicamente a actuaciones contra la Violencia de Género.

Los 100 millones negados a las Comunidades Autónomas, afectan a 47 de las 214 medidas del Pacto.  Por ejemplo, en Educación, imposibilitan la prevención, detección precoz y atención a casi 10 millones de estudiantes, específicos para las diferentes violencias sexuales, con profesorado con formación y dedicación e informes de seguimiento del Consejo Escolar, la Inspección y las Unidades de Igualdad, así como desincentivar la demanda de prostitución en jóvenes.

En Sanidad no se aplicarán las medidas para Centros de Salud y hospitales y su coordinación con los servicios de atención jurídica, psicológica y social, policía y Juzgado de VG en la Unidad de Apoyo Local, el plan de atención psicológica e integral a los hijos/as de víctimas mortales y la atención a víctimas de trata sin papeles.

En los servicios sociales, jurídicos y psicológicos de proximidad, sin dinero no de pondrá en marcha un nuevo sistema -compartido por Comunidades Autónomas y Entidades Locales- de acreditación de la condición de víctima de violencia de género, a efectos de protección socioeconómica y de seguridad, incluyendo las zonas rurales; la atención a huérfanos de víctimas, Puntos de Encuentro Familiar, atención a la violencia sexual y a mujeres que ejercen la prostitución y aplicar las nuevas medidas para mujeres mayores, transexuales o transgénero, Asistencia Personal a mujeres con diversidad funcional/discapacidad y migrantes sin papeles.

 

Los 20 millones de euros negados a los ayuntamientos afectan a 12 medidas del Pacto

En primer lugar a la medida 61, para la restitución a los ayuntamientos de la competencia en igualdad y violencia de género, máxime cuando el Gobierno tampoco ha presentado el Proyecto de Ley para modificar la Ley 27/2013 que se la quitó, permitirles la contratación de personal para ello y  garantizar en todo el territorio servicios profesionales, estables y de proximidad, de atención jurídica, psicológica y social de calidad a todas las mujeres víctimas y a los menores bajo su patria potestad o custodia, tanto si viven en una comunidad u otra, o en un municipio urbano o rural, peninsular o insular. Sobre ellos han de crearse Unidades de Apoyo Local integradas por dicho personal, la policía o Guardia Civil y el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de su ámbito, con independencia de la interposición de la denuncia, para el seguimiento social y de seguridad individualizado. Actualmente el Ministerio del Interior está transfiriendo, a coste 0, la protección de las víctimas a la Policía Local.

Frente a la violencia sexual, muchos Ayuntamientos -sin competencias por la Reforma del Régimen Local en 2013 y aplastados por el Techo de Gasto- están respondiendo, sobre todo tras la movilización feminista y social de los sanfermines de 2016 y de la sentencia de abril de 2018, frente a la inhibición del Estado central.

Datos de violencias de género

Hay 1.447.687 mujeres, el 7,2% de la población femenina mayor de 16 años en España, que han sufrido alguna vez violencia sexual fuera de la pareja (Macroencuesta 2015). De ellas 120.641 en el último año: 48.256 por violación, de las que sólo se denuncian 1.300 anuales, el 4%, y 72.384 otras agresiones sexuales. Hay una mala respuesta judicial, no hay educación sexual, ni prevención y atención que contrarresten el aumento de prácticas machistas y violentas.

En Cantabria, los datos del año 2017 presentan un aumento de las denuncias en más de un 26% según hacía público el Consejo General del Poder Judicial en marzo de este año. Y a ese dato de las denuncias se le suma el de las mujeres que a cierre de año figuraban como víctimas de violencia de género. Algo más de 1700, lo que supone un incremento del 42% con respecto al año anterior.

Acciones en Santander

Desde la Asamblea Feminista Abierta de Cantabria se convoca a la ciudadanía a acudir en primer lugar a una concentración a las 19:30 frente a la Delegación de Gobierno. Solicitan que todo el mundo vaya vestido de negro. Tras las acciones y la lectura del manifiesto se trasladarán a la Plaza Porticada para mostrar una exposición que recoge los diferentes ejes que contempla el Pacto de estado contra la Violencia de Género y un debate conjunto para aclarar las cuestiones que se dejarán de ejecutar si se mantiene la decisión política de recortar el presupuesto prometido.

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