Delegación del Gobierno multa con 300 euros a los autores de un "escrache" que el juez no castigó
Este miércoles a las 11:00, presentan un nuevo recurso contra la multa “política” de la Delegación del Gobierno. La Policía Nacional asegura que “no consideró necesario identificar en el momento” y reconoce seguimientos.
20-08-2013
Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) de Torrelavega, nos hace llegar un comunicado y un documento anexo que reproducimos en su integridad:
La Delegación del Gobierno en Cantabria ha confirmado multas de 300,52 € para ocho miembros de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) de Torrelavega que participaron en el escrache espontáneo frente al domicilio del alcalde de esa ciudad el pasado 18 de abril. De esta forma, la autoridad desestima el recurso presentado por estos ciudadanos el pasado 25 de junio, descarta todos los argumentos jurídicos, y reconoce que la Policía Nacional hace seguimientos a las personas que participan en movimientos sociales sin necesidad de que medie orden judicial alguna. “La Policía y la Delegación están reconociendo abiertamente que hay persecución policial y política en Cantabria, en contra de la Constitución y de cualquier sistema democrático”, considera la PAH de Torrelavega.
Este miércoles 21 de agosto, a las 11:00h, varios de los afectados presentarán nuevos recursos ante la confirmación de la sanción en la Ventanilla Única de Torrelavega, sita en la Plaza Baldomero Iglesias de Torrelavega.
Más allá de los argumentos jurídicos, la PAH y los afectados por las multas consideran probada la persecución política y policial. Hay elementos para afirmar esto:
- Las ocho “Propuestas de Resolución” que la Delegación ha emitido son prácticamente idénticas, al igual que lo fueron los acuerdos “de Iniciación de Expediente Sancionador”, sin concretar en cada caso cuál era la conducta sancionable de cada uno.
- En la última comunicación de la Delegación del Gobierno dirigida a los ocho ciudadanos, fechada el 31 de julio, en la que desestima sus alegaciones, incluye una nota de la Dirección General de la Policía, firmada sin nombre, sino con dos números de agentes, en la que se reconoce que no se identificó in situ a los ocho sancionados. Primero, porque según la Policía había sólo 3 agentes y no podían proceder a identificar a los 30 manifestantes. Segundo, porque los ocho afectados “eran conocidos por la Policía” y fueron identificados posteriormente mediante fotografías en Comisaría. Es más, la Policía dice que “conoce” a los sancionados y reconoce que les tiene puestos “sobrenombres”, a pesar de que no tienen antecedentes policiales ni han cometido delito alguno. En un Estado de Derecho no es aceptable el seguimiento de activistas sociales que NO están involucrados en actividad alguna que amenace la seguridad de su comunidad.
- La Delegación del Gobierno reconoce que “no hubo desórdenes públicos” pero sanciona a los supuestos organizadores por no haber comunicado la manifestación. Obvia la ley la Delegación del Gobierno para practicar la persecución política y la intimidación. Tal y como han recordado los abogados de la PAH, el artículo 5 de la Ley orgánica 9/1983, de 15 de julio, que regula el Derecho a Reunión, sólo permite a la autoridad intervenir en reuniones o manifestaciones si han sido prohibidas explícitamente; si se da alteración del orden público con peligro para personas o bienes, o si se visten uniformes paramilitares. Nada de esto ocurrió el 18 de abril.
Hay que recordar que el Juzgado de Instrucción No1 de Torrelavega no aceptó la denuncia presentada por el alcalde de Torrelavega, Ildefonso Calderón, ya que no se había alterado el orden público y porque la PAH ejerció su derecho a manifestarse de forma espontánea. La Delegación del Gobierno, en manos de un reconocido militante del Partido Popular, Samuel Ruíz, desconoce así los derechos constitucionales y desata la persecución política en Cantabria.
Por estas razones, tanto las ocho víctimas de la persecución como la PAH de Torrelavega están decididos a llegar a las últimas instancias judiciales no sólo para evitar la sanción económica, sino para poner un freno a la represión y persecución de la crítica social al Gobierno.
