El abogado que creó Dumviro cobró por asesorar al Gobierno de Cantabria
Las estrechas relaciones entre Dumviro Ventures, actual propietaria del Racing de Santander, y el Gobierno de Cantabria gestionado por PRC y PSOE son uno de los pilares sobre los que se sustenta la querella presentada por Cantur
21-12-2013
El vínculo arranca en 2005, con el abogado Emiliano Garayar como uno de los principales protagonistas de estos negocios de ida y vuelta. Según ha acreditado este periódico, el jurista constituyó junto a Francisco Olmedo Dumviro Ventures S.L. el 29 de diciembre de 2005, mismo día que se firmó el acuerdo privado de compraventa del club por el que Manuel Huerta cedía la batuta de la entidad. El contrato pasó a escritura pública el 21 de marzo de 2006 con la aquiescencia de Cantur y CEP Cantabria. El Ejecutivo pagó un mes antes 40.000 euros a Garayar por sus servicios.
JESÚS LASTRA / Santander
Las supuestas connivencias y estrecha relación entre el Gobierno de Cantabria y Dumviro Ventures, propietaria del Racing de Santander, es uno de los pilares sobre los que se sustenta la querella presentada por Cantur ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria por el presunto quebranto al erario público tras la venta del club verdiblanco al empresario indio Ahsan Ali Syed. Los protagonistas de la historia se entremezclan documentalmente desde 2005, hasta el punto de que el Ejecutivo PRC-PSOE llegó a pagar 40.000 euros por el traspaso del Racing a Dumviro al abogado que creó ad hoc la mencionada sociedad instrumental.
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El agraciado fue Emiliano Garayar que, según ha podido acreditar EL MUNDO, el 29 de diciembre de 2005 constituyó la mercantil dueña de la entidad santanderina. Se da la circunstancia de que el acta de fundación data del mismo día en que se suscribió el contrato de compraventa por el que Manuel Huerta, con la aquiescencia de las empresas públicas CEP Cantabria y Cantur, cuyos responsables entonces, Luis Egusquiza y Francisco Javier López Marcano, respectivamente, están incluidos en la denuncia, cedía la batuta a Dumviro Ventures S.L. administrada en el momento de la firma por Francisco Olmedo, socio constituyente junto a Garayar.Este acuerdo privado fue elevado a escritura pública el 21 de marzo de 2006, junto al convenio de tutelaje por el que el Gabinete regionalsocialista, a través principalmente de CEP Cantabria, tenía voz y voto en la gestión económica racinguista hasta 2009, con capacidad de vetar fichajes, traspasos y demás operaciones trascendentes hasta agosto de 2007. Un mes antes, el 20 de febrero según ha confirmado este periódico, la sociedad pública dirigida por Egusquiza abonó a la firma Garayar Abogados 40.000 euros, 46.400 con IVA, por sus gestiones en el Convenio del Racing, trabajos encaminados a vender el club a una empresa creada por él mismo.
Lejos de ser una corporación potente para administrar un negocio exigente y demandante de músculo financiero, Dumviro Ventures S.L. arrancó con un capital social de 3.501 euros, a razón de un euro por participación. Olmedo copaba la mayoría de los títulos incluidos en el acta notarial, con 3.500, mientras Emiliano Garayar consta con un derecho.
El domicilio de la firma estaba radicado en una urbanización particular de San Sebastián de los Reyes, mientras que el objeto social pasaba por «la compra, suscripción, tenencia, permuta y venta de valores mobiliarios, nacionales y extranjeros, por cuenta propia y sin actividad de intermediación, con la finalidad de dirigir, administrar y gestionar dichas participaciones».
Marca registrada
Que Dumviro Ventures es una sociedad instrumental que podía haber servido para cualquier otro fin más allá de hacerse con la propiedad del Racing de Santander, da buena cuenta que Garayar tuviese la figura reservada en el registro de lo mercantil varios meses atrás. De hecho, el arquitecto jurídico de la operación tuvo que renovar la certificación de disponibilidad el 13 de octubre de 2005 después de que ésta caducara a pesar de que el periodo de vigencia es de 15 meses. El 20 de diciembre del mismo año, nueve días antes de la constitución oficial, el Registro Mercantil de Madrid avalaba todos los trámites.