Esposado por la misma Policía Nacional de la que era responsable en la Comunidad Valenciana, el hombre en cuyos brazos Rita Barberá lamentó la «hostia» de los últimos resultados electorales, Serafín Castellano, ya exdelegado del Gobierno en la región, quedó ayer en libertad con cargos horas después de ser detenido por presunta corrupción. Se le investiga por cohecho, prevaricación, falsedad documental y delito fiscal por los presuntos favores a la empresa Avialsa T-35, a la que adjudicó contratos de manera fraudulenta para la extinción de incendios cuando era consejero de Gobernación, entre el 2007 y el 2014. Según la investigación, el presidente de Avialsa, Vicente Huerta, invitó al propio Castellano a ir de cacerías e, incluso, llegó a regalarle un rifle de 1.861 euros, además de comprar joyas para su mujer. Huerta está también detenido, en el marco de una importante operación de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) que se cobró nueve arrestos movilizando a agentes de Madrid y Valencia.

Hacia las 7:15 de la mañana un grupo de agentes se personó en el domicilio de Castellano, en la localidad de Benissanó (Valencia), para practicar un registro que duró casi siete horas. Otro grupo de agentes se desplazó hasta la sede de la consejería de Gobernación, donde recabó documentación. Poco antes de que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, anunciara su cese como delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Castellano salía en coche de su vivienda, camino del juzgado de Instrucción número 1 de Sagunt. En el lapso del registro, el PPCV le había suspendido «temporalmente» de militancia, tal y como hizo con Alfonso Rus, por «deteriorar la imagen» del partido.

La investigación se abrió a raíz de una denuncia presentada por el exgerente de Avialsa que apuntaba a casi medio millón de euros en gastos, como las citadas cacerías, camuflados en otros conceptos. En esas cacerías participaba, además del exconsejero y Huerta, el constructor José Miguel Pérez Taroncher, otro empresario amigo de Castellano, que también se habría beneficiado de contratos a dedo.

La Fiscalía Anticorrupción de Madrid inició la investigación en octubre de 2014, pero las actuaciones se han trasladado a Valencia y ahí será donde deberá dilucidarse el alcance de la conexión entre la adjudicación de contratos por valor de 34,1 millones a Avialsa desde el 2008 y los regalos de Huerta, así como las «modificaciones contractuales» para que Avialsa pudiera incumplir el pliego de condiciones sustituyendo las avionetas antiincendios del contrato por otras obsoletas.

Castellano era hasta ayer uno de los pocos hombres fuertes que quedaba en pie en el PP valenciano, pues había conseguido esquivar todos los casos de corrupción -y fueron varios- por los que la justicia le había señalado. Considerado el gran fontanero del partido desde que en 1999 Eduardo Zaplana lo fichara, precisamente, como consejero de Justicia, Castellano era el gran superviviente popular. Con los cuatro presidentes obtuvo consejería y cargos de relevancia en el partido. Antes de que Mariano Rajoy lo nombrara delegado del Gobierno había llegado a ser secretario general del PPCV.

Un grupo de agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registra desde pasadas las siete de la mañana de este viernes el domicilio particular de Castellano en Benisanó (Valencia).

Además de en la vivienda del dirigente popular, los agentes han desplegado una importante operación anticorrupción en Valencia en la que está habiendo diferentes registros, según fuentes conocedoras de la investigación. Otro grupo de agentes se ha personado también en las dependencias de la consejería Gobernación.