El Gobierno convoca a representantes de taxis y VTC para iniciar un diálogo

El director general de Transportes y Comunicaciones considera que la reunión ha supuesto un avance al exponer cada una de las partes sus intereses

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Foto: Lara Revilla

16-02-2019
Un momento de la reunión convocada por el Gobierno

El director general de Trasportes y Comunicaciones, Felipe Piña, se ha reunido esta mañana en el salón múltiple de la Estación de Autobuses de Santander para llevar a cabo una toma de contacto con los sectores del taxi y de las VTCs. Piña ha manifestado tras reunión que, aunque se han puesto encima de la mesa discrepancias, "ha supuesto un avance importante al exponer, tanto la Administración como las dos partes, los diferentes objetivos que se defienden". Piña ha informado que en la reunión se ha puesto de manifiesto que hay dos tipos de autorizaciones VTC, las tradicionales e históricas que venían operando desde hace algún tiempo en la región y las nuevas autorizaciones que provienen del proceso de tipo jurídico que se desarrolló entre 2009 y 2015, aunque sobre el papel ambos tipos de autorizaciones son las mismas. La reunión tendrá continuidad después de las convocatorias que el Ministerio realizará próximamente a los representantes de los Gobiernos autonómicos.

Piña ha dejado claro que la Administración regional no puede "estar de brazos cruzados y tenemos que trabajar para llegar a un consenso en el que los dos sectores, el del taxi y el de las VTCs puedan convivir de la mejor manera posible y dar calidad a los usuarios que no nos olvidemos es el fin más importante". Piña también ha añadido que el Gobierno de Cantabria tiene que cumplir la Ley, que hay un Real Decreto y unas directrices y recomendaciones de la Comisión Nacional de la Competencia y que en cualquier caso es muy conveniente atender a los procesos que lleven a cabo otras comunidades autónomas.

En la reunión se ha constado por parte de los representantes de las VTCs una variedad de posiciones, desde la no necesidad de regulación del sector hasta la necesidad de regularlo para permitir la coexistencia de ambos colectivos (taxis y VTC), pasando por la posibilidad de regular únicamente a nivel nacional para evitar el fraccionamiento del mercado actual en 17 diferenciados.

En cuanto a los representantes de los taxis (VT), han presentado un documento de 14 puntos en el que se solicita la regulación del sector para, en esencia, introducir restricciones adicionales al sector VTC que se resume en dos puntos principalmente, como son la obligatoriedad de la regulación de la precontratación y la existencia de una licencia municipal VTC amparada por una regulación común autonómica.

Próxima reunión

Piña ha informado que desde el Gobierno de Cantabria se estará atento a los resultados de las convocatorias para tratar este tema que el Ministerio de Fomento ha realizado para las próximas semanas, tanto de grupos técnicos de trabajo como comisiones de directores generales de las comunidades autónomas.

El director de Transportes ha señalado que una vez que se conozca la información derivada de las reuniones ministeriales, se realizará una nueva convocatoria de la mesa de trabajo para analizar, por todas las partes presentes, los 14 puntos propuestos por el sector del taxi, teniendo en cuenta lo emanado de las citadas reuniones ministeriales.

A la reunión de esta mañana han asistido por el sector de las VT (taxis) representantes de la Federación Cántabra del Taxi y las cooperativas Radio Taxi y Tele Taxi, y por el sector de las VTC representantes de 12 empresas poseedoras del 65 por ciento de las autorizaciones otorgadas en Cantabria (117 sobre 181), obtenidas antes de 2009 como en el periodo comprendido entre 2010 y 2018.

Introducción del problema

En la reunión, el director general de Transportes, Felipe Piña ha realizado una introducción de los hechos que ha llevado al sector a la situación actual. Ha recordado que el problema suscitado actualmente entre los poseedores de autorizaciones VT (taxis) y los de autorizaciones VTC (algunos de ellos operando en las plataformas UBER y CABIFI) comenzó en 2009 con la aprobación de la llamada Ley Ómnibus, cuyo artículo 21 derogó los art. 49 y 50 de la LOTT, que habilitaban para establecer limitaciones cuantitativas al otorgamiento de autorizaciones de VTC, lo que llevó a la liberalización de la actividad. Debido al vacío legal existente entre 2009 y 2013 tras la aprobación de dicha Ley y la falta de referencia a la proporción 1/30 (1 licencia VTC por cada 30 de taxis), las autorizaciones de VTC se han incrementado considerablemente en los últimos años por las resoluciones de los recursos presentados ante los tribunales de Justicia entre esos cuatro años.

Piña ha indicado que en 2013 se modificó el art. 48 de la LOTT e introdujo la posibilidad de establecer reglamentariamente una limitación cuantitativa al otorgamiento de autorizaciones, evitando así que prosperasen los recursos para obtener licencias por la vía judicial presentados a partir de entonces. Sin embargo, no fue hasta 2015 cuando se desarrolló reglamentariamente y se implantó de nuevo la proporción 1/30 en el artículo 181.3 del ROTT.

Piña ha indicado que la Comisión Nacional de la Competencia interpuso recurso ante el Tribunal Supremo contra este precepto del reglamento al entender que el 1/30 restringe el libre mercado del transporte. Ante el previsible pronunciamiento favorable del Tribunal a este argumento, el Gobierno aprobó el 20 de abril de 2018 un Real Decreto-Ley 3/2018 a través del cual elevar a rango de ley dicha limitación, hasta entonces prevista reglamentariamente.

Piña también ha citado la última medida legislativa en la materia que ha tenido lugar con la entrada en vigor del Real Decreto Ley 13/2018, de 28 de septiembre, que modifica el régimen jurídico del arrendamiento de vehículos con conductor. Tras la aprobación del mismo, el artículo 91 de la LOTT introduce dos cuestiones principales: (i) determina que el ámbito de las autorizaciones de VTC pasa a ser interurbano en lugar de nacional; (ii) obliga a que el servicio se inicie ¿la recogida de pasajeros¿ en el territorio de la comunidad autónoma donde se encuentre domiciliada la autorización de VTC. Asimismo, la disposición adicional primera habilita a las comunidades autónomas, que por delegación del Estado sean competentes para otorgar autorizaciones de VTC de ámbito nacional, para modificar las condiciones de explotación previstas en el art. 182.1 del reglamento de la LOTT. Se prevé que las modificaciones del mismo RD-Ley tengan efecto diferido previsto en cuatro años.