El Gobierno del PP denunció en 2014 el Convenio Colectivo aprobado por la dirección de CANTUR nombrada por ellos mismos
Los empleados ahora se deben enfrentar a la situación de tener que devolver el dinero. Los responsables actuales intentarán minimizar los efectos de la sentencia del TSJC que anula varios aspectos del convenio
28-09-2016
La dirección de la Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística (CANTUR S.A.) se ha reunido hoy con el Consejo de Administración y con el Comité de Empresa de la sociedad pública con el fin de informarles de la obligación de cumplimiento de la sentencia notificada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria referente al convenio colectivo de los trabajadores, firmado en 2014, según la cual varios trabajadores de Cantur se verán obligados a devolver los incrementos salariales cobrados durante este tiempo.
El TSJC ha notificado a la empresa pública la firmeza de la sentencia, en la que se especifica la ilegalidad de partes del convenio colectivo, en concreto del artículo 24 referente a incrementos retributivos relacionados con cambios de categorías profesionales dentro de la empresa y que suponen un incumplimiento de la legalidad presupuestaria, según lo dispuesto en el artículo 28.4 de la Ley de Cantabria 9/2012 de Presupuestos de Cantabria para el ejercicio 2013, que impide expresamente la aplicación de cualquier tipo de incremento al personal no directivo del sector público.
La denuncia del Convenio surgió de la Dirección General de Trabajo (PP), tras apercibir a la empresa de la ilegalidad del mismo y tras comprobar que este no se modificó en consecuencia.
Igualmente, en dicho convenio se incumple lo dispuesto en el artículo 41 de la citada Ley, en el que establece la necesidad del informe favorable de las Consejerías de Presidencia y Justicia y de Economía, Hacienda y Empleo para proceder a determinar o modificar las condiciones retributivas del personal no funcionario o laboral.
“Ambos incumplimientos por parte de la anterior dirección y responsables de CANTUR y del Gobierno del PP son los que nos llevan ahora ante esta situación y representan un grave perjuicio para los trabajadores de la empresa”, ha subrayado el actual director general de CANTUR, Javier Carrión, quien, junto con el consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Francisco Martín, están estudiando una fórmula para “intentar minimizar en la mayor manera posible dichos perjuicios para los trabajadores afectados”.
El consejero ha afirmado que "es de una gravedad extrema que CANTUR aprobase un convenio en contra de la opinión de la Dirección General de Trabajo y que ésta se viese obligada a denunciar ante la justicia las ilegalidades del mismo, entre compañeros de Gobierno. Frente a este desprecio por la legalidad y por los derechos de los trabajadores trabajaremos para minimizar los efectos, y desde luego pediremos responsabilidades políticas"
En este sentido, la sociedad pública intentará fraccionar y flexibilizar los plazos y cantidades que los empleados afectados tienen que devolver, según han anunciado Carrión.
Martín y Carrión “lamentan profundamente” esta situación y explican que la misma es fruto de nuevo de “la pésima gestión realizada por los anteriores responsables de la sociedad pública”.
Martín ha destacado, en este sentido, “la gravedad que representa que una empresa pública no cumpla la legalidad”.
“Se trata de una actuación incomprensible que, no solo es ilegal, sino que, además, afecta a personas y empleados que ahora se deben enfrentar a la situación de tener que devolver el dinero”, ha enfatizado el consejero de Turismo.
CANTUR y la Consejería intentarán buscar alguna fórmula a través de la cual, esta vez con los informes pertinentes y los pasos administrativos que obliga la Ley de Presupuestos, “permita en un breve plazo compensar este desastre con el reconocimiento legal de los cambios de categoría de los trabajadores afectados