El Gobierno teme que la multa afecte a la viabilidad de las industrias lácteas

Por su parte, la organizaciones de consumidores OCU y CECU han solicitado a la Administración que proteja a consumidores y ganaderos frente a la industria láctea.

03-03-2015

©GrupoDiariocrítico/Agencias

La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha mostrado este miércoles su preocupación por cómo pueda afectar la multa de la Competencia a la viabilidad de las industrias lácteas sancionadas  y, con ello, que pueda repercutir negativamente también en los ganaderos. Así lo ha afirmado durante su intervención en el Desayuno Informativo de Europa Press, al ser preguntada por las multas de 88,2 millones de euros de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) a nueve empresas y dos asociaciones que operan en el mercado de la leche cruda por consensuar los precios.

La ministra ha reconocido que este asunto le preocupa «como responsable de la industria y como responsable de los ganaderos». «Espero que esto no tenga consecuencias severas para estas industrias y acabe siendo perjudicial para los 17.000 ganaderos», ha indicado.

«Más allá de la preocupación», ha resaltado que «la CNMC es un órgano independiente donde nosotros (el Gobierno) en absoluto interferimos». Según la ministra, ahora la industria «tiene que ver si está conforme o no» con la decisión de la CNMC y, en su caso, «hay procedimientos para que la recurran».

Por otra parte, García Tejerina ha defendido en su intervención las actuaciones del Gobierno durante los tres últimos años para ordenar las regulaciones comerciales entre sector e industria. Desde el principio de legislatura, han regulado al sector con el «Paquete Lácteo», con dos años de experiencia, para agrupar a los ganaderos en organizaciones de productores con el objetivo de que tengan mejor poder de negociación y haya contratos por escrito a largo plazo y firmados antes de que haya entregas.

Preguntada sobre si habrá nuevas multas, esta vez de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), ha recordado que ésta ya ha impuesto tres sanciones por prácticas abusivas. La voluntad de esta ley es que sea «disuasoria», porque «yo no quiero poner multas por poner multas», sino que «la gente sepa lo que no puede hacer y que no lo haga», ha afirmado.

En cuanto a la posible entrada del Gobierno en el accionariado de Deoleo, primera aceitera del mundo, ha planteado que «nunca se ha descartado»: «Estamos esperando porque la OPA (de CVC) ha tardado más de lo que esperábamos y, cuando todo esté más claro y tranquilo, tomaremos esta decisión» que, en su caso, se adoptaría a través de la SEPI.

En su intervención ha aludido a otras cuestiones como el tratado de libre comercio Estados Unidos-UE, sobre el que ha abogado por que sea «equilibrado». Ha precisado que no sólo se negocian cuestiones tarifarias, sino también asuntos de equivalencia de modelos productivos, «que será la cuestión más compleja de negociar»; es decir, «cómo hacemos para reconocernos, pero no distorsionamos la Competencia, al mismo tiempo que a los europeos garantizamos los altos niveles de seguridad alimentaria, controles y exigencias» a las que «no renunciaremos».

La ministra ha citado algunas de las reformas pendientes para lo que resta de legislatura, como el futuro código de buenas prácticas mercantiles, el Observatorio de la Cadena Alimentaria, el impulso a la ley de fusiones cooperativas, el programa de innovación, un proyecto de ley en defensa de la calidad, un plan en inversiones para el sector pesquero y el cierre de los planes de cuenca.

Piden protección a consumidores y ganaderos tras la multa 

Por su parte, la organizaciones de consumidores OCU y CECU han solicitado a la Administración que proteja a consumidores y ganaderos frente a la industria láctea, al tiempo que ha reclamado una actuación «firme y decidida» para conseguir el respeto de las reglas de juego y permitir una competencia que garantice el derecho de los consumidores a elegir libremente.

En concreto, la OCU ha lamentado el «escaso efecto» que tienen las multas de Competencia en el sector lácteo y en otros. La organización de consumidores ha lamentado el poco impacto de las sanciones por la escasa cuantía impuesta en algunas ocasiones o porque un sistema legal «claramente beneficioso» para los infractores las reduce a la mínima expresión. «De esta forma a las empresas les sigue siendo rentable incumplir las normas de competencia», ha señalado.

OCU ha denunciado que en la actualidad hay pendientes de cobro más de 700 millones de euros en multas a la competencia, lo que da idea de la «lentitud e ineficacia» del sistema actual, que permite que, por ejemplo las empresas sancionadas hayan mantenido un acuerdo contrario al interés común durante más de una década. La organización ha destacado que no se trata sólo de que las multas no sean efectivas, sino que además no existen mecanismos eficaces para compensar a los consumidores por los daños sufridos como consecuencia de estas conductas. 

«Una vez más, como se vio hace unos días en el caso de las petroleras, grandes empresas, en este caso del sector lácteo, son multadas con importantes cantidades por el organismo regulador, poniendo de manifiesto el mal funcionamiento del mercado y el grave perjuicio que causan no sólo al bolsillo de los consumidores, sino también a las vidas y al futuro de los pequeños productores de leche», ha subrayado, por su parte, la CECU. A su juicio, no es razonable que los dictámenes de un organismo de control como la CNMC no generen ningún tipo de respuesta, de orden legislativo, en la Administración, que no debe seguir permitiendo que los desequilibrios sobre la competencia se multipliquen en diferentes mercados de España.

Por ello, CECU ha demandado que se actúe de forma decidida para profundizar en la competencia, tomando como referencia los informes de la CNMC para controlar los desequilibrios y evitar que los consumidores finales sean afectados por actuaciones irregulares del mercado.

   La Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto multas por un importe total de 88,2 millones de euros a nueve empresas y dos asociaciones que operan en el mercado de aprovisionamiento de leche cruda de vaca en España por haber participado en "conductas anticompetitivas que infringen la legislación de competencia".