El juicio del procès: Rajoy y Santamaría declararán, pero el Tribunal Supremo descarta llamar a Puigdemont y al Rey

El Supremo también ha rechazado la petición de las defensas de que al juicio acudieran observadores nacionales e internacionales para garantizar el respeto a los derechos humanos. El tribunal alega que para garantizar el "sano elemento de fiscalizaci

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01-02-2019

 

EL JUICIO DEL 'PROCÉS' EMPEZARÁ EL 12 DE FEBRERO, CON RAJOY, URKULLU, MAS Y TORRENT ENTRE LOS 500 TESTIGOS

 

El juicio contra doce líderes soberanistas, entre ellos el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, y ocho exconsejeros, por la organización del referéndum del 1 de octubre de 2017 y la posterior declaración de independencia de Cataluña comenzará el próximo 12 de febrero en el Tribunal Supremo y se prolongará previsiblemente unos tres meses. La Fiscalía pide entre 7 y 25 años de cárcel para los acusados, a los que imputa delitos de rebelión, malversación y desobediencia.

 

Entre los testigos llamados a declarar en la vista oral, más de 500, figuran el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, testimonio reclamado por Vox, que ejerce de acusación, y algunas defensas; la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, el lehendakari Íñigo Urkullu, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau y el presidente del Parlament Roger Torrent.

 

Asimismo prestarán testimonio el expresidente de la Generalitat Artur Mas, imputado en la causa y finalmente no procesado; los cuatro exmiembros de la Mesa a los que el Supremo procesó por desobediencia y que serán juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña: Luis Guinó, Anna Simó, Lluis Corominas y Joan Josep Nouet; la exdiputada de la CUP Mireia Boya y los diputados de ERC en el Congreso Gabriel Rufián y Joan Tardá.

 

Entre las peticiones de testificación rechazadas figuran la del Rey - prohibida por el artículo 411 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal - y la del jefe de la Casa Real, Jaime Alfonsín, solicitado como "testigo de sustitución" por las defensas. Asimismo han sido excluidos el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el resto de procesados fugados y declarados en rebeldía.

 

El Supremo también ha rechazado la petición de las defensas de que al juicio acudieran observadores nacionales e internacionales para garantizar el respeto a los derechos humanos. El tribunal alega que para garantizar el "sano elemento de fiscalización del ejercicio democrático de la función jurisdiccional" ha autorizado que las sesiones del juicio sean televisadas en directo y mediante streaming en la web, "superando así restricciones históricas todavía vigentes en la mayoría de países de nuestro entorno", precisa.

 

Aparte de responsables políticos y representantes institucionales, el grueso de los llamados a testificar son policías, mossos y guardias civiles que darán cuenta tanto de las protestas del 20 de septiembre -por las que fueron procesados los exdirigentes de ANC, Jordi Sànchez, y de Òmnium, Jordi Cuixart- como de la organización del referéndum ilegal y desarrollo de la jornada del 1 de octubre. Entre los citados, figuran los máximos responsables de los tres cuerpos en Cataluña: el jefe de los Mossos Josep Lluís Trapero - acusado de rebelión en la Audiencia Nacional -, el de la Policía, Sebastián Trapote, y el de la Guardia Civil, Ángel Gozalo.

 

Concluye sin incidentes graves el traslado de los presos a Madrid

 

El traslado de los presos del procés a Madrid finalizó hacia las 17.15 horas de la tarde de ayer, con el ingreso de los presos varones en la cárcel de Soto del Real. Las dos mujeres procesadas llegaron a Alcalá-Meco sobre las 16 horas.

 

Según reflejan los diarios y las agencias, no se registraron incidentes durante el traslado, en un furgón de la Guardia Civil que partió hacia las 9.30 de la mañana de la cárcel de Brians 2, donde previamente habían sido conducidos por los Mossos los presos procedentes de Lledoners y las presas, que estaban en Mas d´Enric y Puig de les Basses. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, acudió a Brians 2 a despedirlos, junto a varios consejeros del Govern. En el recorrido desde las cárceles de origen hacia Brians 2, varios grupos de personas se concentraron para mostrar su apoyo con los presos y hubo intentos de bloquear la salida de los vehículos, sin éxito, como tampoco lo tuvo el conato de cortar la C-55 con palés y material inflamable.

 

Por su parte, la Guardia Civil ordenó la suspensión de funciones y la apertura de expediente disciplinario a un agente de este cuerpo que grabó y difundió a través de las redes sociales un video del interior de un vehículo que formaba parte del convoy encargado del traslado, según informó en una nota de prensa recogida por las agencias la Dirección General de la Guardia Civil.

 

Paralelamente, durante el día de ayer se registraron varias protestas y actos vandálicos vinculados a la ANC y los CDR. En Barcelona, un grupo de manifestantes de ANC formaron un cordón en la sede del Parlamento Europeo y la Comisión Europea en el paseo de Gràcia y trataron de entrar para entregar una carta al presidente de la Comisión, Jean Claude-Juncker, al que reclaman que "reaccione" y actúe contra España por "vulneraciones de derechos" contra Cataluña, entre ellos el de autodeterminación.

 

Por otra parte, la Fiscalía General del Estado condenó el ataque a la sede de la Fiscalía Superior de Cataluña en la calle Pau Claris de Barcelona, donde un grupo de personas arrojó pintura a la fachada del edificio, muy cerca de la zona donde discurrió una manifestación convocada por los CDR para protestar por el juicio del procés.


©Diario Crítico

El Tribunal Supremo ha confirmado este viernes que el juicio del 'procès' arrancará el próximo 12 de febrero, así como los testigos que acepta en la causa. Entre ellos se encuentra el ex presidente del gobierno, Mariano Rajoy, la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, el ex ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el ex presidente de la Generalitat, Artur Mas, el lehendakari Iñigo Urkullu, el actual presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, los diputados de ERC, Gabriel Rufián y Joan Tardá, la ex coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau y el ex delegado de Gobierno en Cataluña, Enric Milló. Además, comparecerán también como testigos ciudadanos que resultaron lesionados en los hechos enjuiciados, así como agentes de policía y guardias civiles que también sufrieron heridas.

En cuanto a las peticiones rechazadas, el Supremo no acepta la testifical del rey Felipe VI porque lo prohíbe expresamente el artículo 411 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Tampoco ha admitido el testimonio del jefe de la Casa Real, Raúl Alfonsín, al no admitir nuestro sistema el "testigo por sustitución".

No comparecerán el ex presidente catalán, Carles Puigdemont ni los procesados que están declarados en rebeldía y se encuentran fugado. El tribunal alega que la condición de parte pasiva del proceso, declarada en rebeldía y todavía no enjuiciada, es manifiestamente incompatible con el deber de declarar y la obligación de decir verdad que asume todo testigo. Tampoco declarará como testigo el ex líder socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, al venir referido su testimonio a hechos anteriores a la consulta de 2014, ni la periodista Pilar Rahola, al estimar los magistrados que "son prescindibles las valoraciones".

Se rechaza también la prueba propuesta como testigo de Ignacio Cosidó, portavoz del Senado por el PP debido a "que las dudas vertidas sobre la imparcialidad del presidente del tribunal de enjuiciamiento ya fueron hechas valer por las defensas en el incidente de recusación tramitado ante la Sala del 61 del Tribunal Supremo, incidente rechazado por unanimidad de los magistrados que integran esa Sala especial".

El Supremo no admite la prueba pericial de Derecho internacional propuesta por Oriol Junqueras y Raül Romeva, encaminada a que un relator internacional y un experto independiente explicaran al Tribunal Supremo "el alcance actual y significado del derecho de autodeterminación". Los magistrados justifican "que la Sala no acepta una prueba encaminada a explicar a sus integrantes el alcance y significado de un derecho cuyo contenido material se obtiene a partir de las declaraciones internacionales suscritas por España y de la dogmática que se ha ocupado de su estudio. Hacer depender de la opinión de dos juristas -cuya neutralidad y preparación no se cuestiona- la conclusión acerca de la legalidad internacional del derecho a decidir, supone quebrar de forma irreparable el significado de la función jurisdiccional".

En el capítulo de rechazdos también figuran relatores de Naciones Unidas, expertos en derechos humanos, premios nobel o intelectuales como Noam Chomsky y Paul Preston. Los magistrados argumentan que "las valoraciones personales de relatores, premios nobel, lingüistas, o historiadores –algunos de ellos de un incuestionable peso intelectual y autores de una obra que merece la admiración y el reconocimiento colectivo- son prescindibles cuando son llamados a juicio para opinar sobre los hechos objeto de acusación". 

Dada la expectación mediática, el Supremo limita a dos el número de plazas que cada uno de los procesados podrá reservar para familiares y allegados. Una restricción que,"se justifica por la necesidad de que la presencia de terceros en la Sala -en eso consiste precisamente el contenido real de la garantía constitucional de publicidad- no esté exclusivamente vinculada al núcleo familiar de los procesados".

Otra de las propuestas probatorias solicitadas por las defensas era la presencia de observadores nacionales e internacionales para garantizar el respeto a los derechos humanos de los procesados. El Tribunal Supremo rechaza esa posibilidad con el siguiente razonamiento: "La Sala coincide plenamente con la defensa a la hora de subrayar la importancia de observadores que conviertan su presencia en un sano elemento de fiscalización del ejercicio democrático de la función jurisdiccional. Precisamente por ello ha autorizado que las sesiones del juico sean televisadas en directo y mediante streaming en la web. La consecuencia inmediata es que todo ciudadano que quiera convertirse en observador, nacional o internacional, del desarrollo del juicio podrá hacerlo".