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El "vacío" de dirigentes encontrado en 'Génova', abre el camino hacia la judicialización del conflicto

No pudieron reivindicar directamente con los máximos responsables del PP, lo que para ellos ha sido un “pucherazo” y su negativa a reconocer el mandato de Sáez de Buruaga. Pero han dado testimonio de que “van en serio”

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El "vacío" de dirigentes encontrado en 'Génova', abre el camino hacia la judicialización del conflicto
11-04-2017

 El autobús que trasladaba a alcaldes y afiliados representativos de distintos ayuntamientos y juntas vecinales llegó a Genova, sede principal del Partido Popular y se encontró con el más absoluto vacío.

El las puertas de la sede les esperaban Joaquín Solanas, portavoz de los descontentos, parlamentarios y diversos medios de televisión, radio y prensa.

Tal como se esperaba no fueron recibidos por ninguno de los máximos representantes del Partido.

Hicieron la entrega de los documentos al “jefe de seguridad”.

La documentación aportada está dirigida a dirigida al Presidente del Partido, a la Secretaria General, al Coordinador General y al Presidente del Comité de Garantías y Derecho y consta del detalle en siete páginas, de las irregularidades cometidas antes y durante la celebración del congreso.

También le han hecho entrega de las 1.000 firmas recogidas en “un día”.

Después de ser entrevistado por diversos medios los concentrados volvieron al autobús de regreso a casa.

 

Declaración a la Prensa

Buenos días.

Acabamos de entregar en el registro del partido un escrito firmado por mil afiliados de Cantabria, entre los que se encuentran Concejales, Alcaldes Pedáneos, Presidentes de Juntas Locales; la mayoría de los alcaldes del PP, la mayoría de los números uno de los municipios de Cantabria y la mayoría de los parlamentarios regionales.

El escrito ha sido dirigido al Presidente del Partido, a la Secretaria General, al Coordinador General y al Presidente del Comité de Garantías y Derechos.

En él se detallan algunas de las irregularidades cometidas antes y durante el XII Congreso regional del Partido Popular de Cantabria, celebrado el pasado 25 de marzo, y concluye solicitando dos cosas:

1. La apertura inmediata de una investigación de los hechos denunciados.
2. La suspensión cautelar de la actual dirección y el nombramiento de una gestora en tanto en cuanto no concluya la investigación.

Como ustedes saben, en Cantabria concurrían dos candidaturas. Una, la del entonces presidente del partido, Ignacio Diego; otra, la de su secretaria general, María José Saenz de Buruaga.

En el proceso a dos vueltas, los afiliados se decantaron por Diego, que obtuvo 1568, frente a Buruaga, que obtuvo 1414. Sin embargo, en la votación de compromisarios, Buruaga obtuvo 4 votos más que Diego, haciéndose con la Presidencia. 

Desde el primer momento tras el congresoun número significativo de alcaldes y afiliados consideraron ilegítima la victoria de BuruagaEn una primera reunión, celebrada en Castañeda, el día siguiente al del congreso, se decidió recopilar todas las denuncias de irregularidades que, por una vía o por otra, habían sido remitidas a la Presidenta del Comité Organizados del Congreso Regional y que habían sido ignoradas. 

Los intentos de conseguir la apertura de una investigación interna y voluntaria por parte de la dirección del Partido no han surtido efecto, ni entonces, ni ahora. Ante ello, los alcaldes y números uno del PP de Cantabria conocedores de las irregularidades, tomaron en Treceño el pasado 5 de abril la decisión de informar a la opinión pública.

¿Cuáles son las irregularidades que denunciamos? 

Voy a referirme a la que considero de entidad suficiente como para que la Presidenta del Comité Organizador del Congreso hubiera intervenido. Y digo la Presidenta y no el comité, porque hubo miembros del comité organizador que pidieron poder comprobar los hechos denunciados y la Presidenta, que a la sazón es la Gerente del Partido en Cantabria, se lo impidió y negó con el argumento de que iría contra la Ley de Protección de Datos.

Como ustedes saben, para poder participar en la votación de afiliados era necesario inscribirse en la sede y tener pagada la cuota correspondiente al año 2017, que asciende a 18,03 euros. Pues bien, desde la cuenta corriente de una persona de Laredo se abonaron 491 cuotas de otros tantos afiliados de distintos municipios de Cantabria. Cerca de 9.000€ aportados por una persona. Esa persona es un querido vecino de Laredo conocido como “Miguelín”, que vive de una pensión no contributiva al tener una cierta discapacidad intelectual. ¿Cómo pudo Miguelín conocer los nombres de 491 afiliados del PP de Cantabria?¿Cómo pudo saber que no estaban al día en el pago de la cuota? ¿De dónde sacó Miguelín los 9.000€ necesarios? ¿Quién proporcionó una información protegida por ley? ¿De dónde salió el dinero? Si fue una persona física, ¿qué espera a cambio? 

Lo sorprendente es que, al día siguiente de denunciarse los hechos, la propia candidata Buruaga afirmó en rueda de prensa que ese pago masivo de cuotas era un procedimiento legal y normal. 

Hay que decir que la tesorera del partido entonces es la actual Secretaria General del Partido en Cantabria. Y que la Presidenta del Comité Organizador y Gerente del Partido, puso la sede al servicio de la actual Presidenta y negó toda posibilidad de investigar los hechos.

Otrairregularidades denunciadas se refieren a la falta de transparencia y manipulación de las actas. Ocultación de listas de inscritos y modificaciones en las candidaturas a compromisarios fuera del periodo prescrito. La lista de irregularidades proporcionada por los interventores y por los candidatos a compromisarios es interminable, y todas con un objetivo: favorecer a la actual Presidenta, que era, supuestamente, la candidata del Sr. Maillo.

Confiamos en que la Dirección Nacional tome conciencia de la gravedad de los hechos denunciados y actúe en consecuencia. Es intención de los alcaldes y números uno municipales no cejar en la reclamación y proceder por vía judicial si fuere necesario.

El Partido Popular de Cantabria ha destacado y ha sido ejemplo de unidad y honradez. Tras lo vivido en el Congreso Regional, muchos alcaldes, parlamentarios, compromisarios y afiliados pensaron en darse de baja. Hemos podido detenerlos con el compromiso de que el partido investigará los hechos denunciados. Desde la actual dirección del partido en Cantabria se nos acusa de hacer daño a la imagen pública del partido. Pues bien, opinamos lo contrario: el daño no lo hace quien denuncia, sino quien tapa u oculta modos de proceder poco honrados. La historia reciente de nuestro partido nos ha enseñado que quienes hacen daño al Partido Popular son aquellos que consideran que el fin justifica los mediosNo podemos permitir que nos dirija quien está y quiere seguir estando, pues se opone a la investigación, bajo sospecha.

Joaquín Solanas García

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