El TSJC ve “indicios de la comisión de un delito” en la denuncia de OlaCantabria contra Juan José Sota

El partido político denunció al socialista ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria por no recuperar e ingresar en la Tesorería General el dinero pagado de más a cinco ejecutivos de Sogiese

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10-10-2018

La denuncia de OlaCantabria al consejero de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria, el socialista Juan José Sota ha sido admitida a trámite.

El partido político denunció al socialista ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria por no recuperar e ingresar en la Tesorería General el dinero pagado de más a cinco ejecutivos de la empresa pública Sogiese.

Al documento ha tenido acceso Cantabria24Horas. En él, la sala "considera que de los hechos relatados se deducen posibles indicios de la comisión de un delito comprendido en el ámbito de aplicación del procedimiento abreviado, por lo que de conformidad con lo establecido en el art. 774, se acuerda incoar Diligencias Previas a fin de practicar las diligencias necesarias encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias del hecho, las personas que en él hayan participado, procediendo la designación de Magistrado Instructor según las normas de reparto de este Tribunal Superior para llevarlas a cabo”.

Los hechos se remontan al año 2015, cuando la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Cantabria (IGAC), a través de la Subdirección General de Control Financiero, realiza un informe sobre la aportación realizada por el Gobierno de Cantabria en el ejercicio 2014 y su justificación.

 

SALA DE LO CIVIL Y PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANTABRIA

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DENUNCIA

A LA SALA DE LO PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANTABRIA
D. Isidro MATEO PEREZ, Procurador de los Tribunales y de la formación política OLACANTABRIA, con CIF G-39854013 y domicilio a efectos de notificaciones en la calle Maria Cristina 26, 1º D, Santander, Cantabria, bajo la dirección Letrada de D. Carlos Javier FERNANDEZ PEREZ, como mejor proceda en Derecho comparece y ante este Juzgado DICE:
Que por medio del presente escrito vengo a interponer denuncia contra D. Jose SOTA VERDION, actualmente Consejero de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria por los siguientes


HECHOS:
PRIMERO.- La Sociedad Gestora Interreg Espacio Sudoeste Europeo, S.L., en adelante (SOGIESE) fue creada por iniciativa del Gobierno de Cantabria el año 2009, constituyéndose con capital cienpor cien publico perteneciente al Gobierno de Cantabria, para asumir las responsabilidad y facultades que los Reglamentos Generales de Fondos y del FEDER otorgaban a la Autoridad de Gestión del Programa Interreg Sudoeste Europeo.
SEGUNDO.- El Gobierno de Cantabria ha contribuido con alrededor de un millón quinientos mil euros para gastos de funcionamientos y sueldos de personal, a lo largo de la vida de esta sociedad, sin que haya retornado a las arcas del Gobierno Regional ni un solo euro.
TERCERO.- A raíz de la crisis económica reciente, se aprobó en Cantabria, la Ley 2/2012, de 30 de mayo, “de medidas administrativas, económicas y financieras para la ejecución de plan de sostenibilidad de los servicios públicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria”.
Esta Ley afectaba a toda la Administración Autonómica, incluyendo a las empresas públicas pertenecientes a la misma, como es el caso de SOGIESE.
De las aportaciones realizadas por el Gobierno de Cantabria a esta empresa (SOGIESE), la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Cantabria, (en adelante IGAC), a través de la Subdirección General de Control Financiero, realiza un informe en el
año 2015, sobre la aportación realizada en el ejercicio 2014, y su justificación.
CUARTO.- El informe de Control Financiero de la IGAC concluye, entre otras cuestiones, que está empresa pública sobrepaga a la mitad de su plantilla por encima de lo permitido por la Ley 2/2012.
Las cantidades indebidamente pagadas a los trabajadores de esta Sociedad alcanzan un total de 90.000 euros (a los que hay que añadir los correspondientes intereses), y el informe concluye con que los trabajadores deberán de reintegrar a la Tesorería Regional ese dinero (Diario Montañes 30.03.16).
Es por la gravedad de los hechos detectados, por los que la IGAC, propone un Informe de Actuación. (El artículo 153 de la Ley de Finanzas posibilita a la IGAC formular informes de
actuación, derivados de las recomendaciones y de las propuestas de actuación para los órganos gestores contenidas en los informes anuales de control financiero permanente, cuando se hayan apreciado deficiencias y los titulares de la gestión controlada no indiquen las medidas necesarias y el plazo previsto para su solución, cuando manifiesten discrepancias con las conclusiones y recomendaciones y no sean aceptadas por el órgano de control o bien cuando, habiendo manifestado su conformidad, no adopten las medidas para solucionar las deficiencias. Lo establecido en este artículo es asimismo aplicable a los informes de auditoría pública, según se recoge en el artículo 158.3 de la LF).
QUINTO.- Llegados a esta situación y ante el Informe de Actuación realizado por la Control Financiero de la IGAC, solicitando el reintegro de las cantidades indebidamente pagadas, y según establece la Circular 1/2007 de 21 de febrero de la IGAC, y lo que establece la Ley de Finanzas de Cantabria, el Consejero de Economía y Hacienda debería de haber actuado de una de las dos formas siguientes:
- Una, si esta de acuerdo, y muestra conformidad con el Informe de Actuación, iniciar los trámites, a fin de recuperar las cantidades indebidamente pagadas, para su ingreso en la
Tesorería Regional, o
- Dos, si no está de acuerdo y muestra disconformidad con el Informe de Actuación emitido por el Control Financiero de la IGAC, someter el mismo a Consejo de Gobierno, acompañado del informe preceptivo de los Servicios Jurídicos de la Administración, que justifiquen tal disconformidad, y será el Consejo de Gobierno, como órgano colegiado, quien en última instancia tome la decisión que será vinculante para ambos. (En ambos casos, tras dar traslado a los órganos competentes, pese al transcurso del plazo previsto en la Disposición decimocuarto de la circular 1/2007, de 21 de febrero, de la Intervención General de Cantabria, esta no tenía constancia de la resolución de los mismos por parte del Consejo de Gobierno, según se manifiesta en el informe resumen anual del plan de auditoria de 2016, fechado el 29 de junio de 2017.)
SEXTO.- El Consejero de Economía y Hacienda, vulnerando tanto la ley de Finanzas como la propia Circular de la Intervención, no ha realizado gestión ni actuación alguna, tendente a la recuperación de estas cantidades, tal y como estaba obligado, sino que se ha limitado a guardar el informe de Actuación del Control Financiero de la Intervención en un cajón, con el correspondiente perjuicio para las arcas regionales, olvidándose que su deber y obligación como Consejero de Economía y Hacienda, que es velar por los intereses de los recursos públicos, con responsabilidad y lealtad institucional.
SÉPTIMO. – Esta manera de actuar del Consejero de Economía y Hacienda, amparando a personas de la empresa pública SOGIESE, tiene su origen en la vinculación familiar de este con una trabajadora de esta empresa, encargada de la gestión económico-administrativa, y contratada en su momento por el actual gerente de la Sociedad, con una relación de parentesco de primer grado, lo que puede vulnerar la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público.
En todas las intervenciones del Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Cantabria, en el Parlamento y en los medios de comunicación, siempre ha salido en defensa de la empresa y sus sobresueldos, y jamás ha mencionado en este asunto el parentesco padre – hija existente.


Por lo expuesto,
SUPLICO AL JUZGADO, que tenga por presentado este escrito, junto con las copias que lo acompañan y en su virtud, realice las actuaciones de investigación que conforme a derecho procedan al objeto de dilucidar las responsabilidades penales que conforme al Código Penal sean procedentes Por ser de justicia, que pido en Santander 12 de septiembre de 2018

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