Imputadas 14 personas "conocidas" de Santander en la operación 'Trigo Limpio'

El auto que pone fin a la instrucción, y en el que el juez Juan Parra halla indicios de delito, tiene "múltiples recursos" que están en fase de tramitación, según han confirmado a Europa Press fuentes judiciales.

En su fase inicial, la instrucción de la Operación 'Trigo Limpio' tuvo "una gran relevancia mediática". Sin embargo, pese a los años transcurridos, poco o nada se ha vuelto a saber desde entonces de un caso al que todavía le queda mucho recorrido judicial.

De hecho, la Fiscalía augura que el procedimiento "previsiblemente se prolongará en el tiempo", dado que "hay 14 imputados con defensas diferentes que plantean continuos recursos contra resoluciones judiciales de mero trámite, dilatando el curso del proceso de forma indeseable".

La Fiscalía, que presentó ya en 2013 su escrito de conclusiones provisionales, aventura por ello una fase intermedia "complicada y lenta", una vez concluida la instrucción, y tras una investigación que "no ha permitido acreditar que todos los acusados actuasen como un grupo empresarial organizado".

El caso ha sido instruido por el Juzgado nº 1 de Santander, desde donde el juez José Hoya Coromina autorizó en 2007, la intervención de comunicaciones telefónicas y la entrada y registro en despachos y domicilios de abogados y empresarios conocidos de Santander, y llegó a acordar la prisión provisional de muchos de ellos.

Tal y como relata la Fiscalía en su memoria anual, la Operación 'Trigo Limpio' revestía la apariencia de un entramado societario vinculado a la opacidad tributaria. En su instrucción participaron en "estrecha colaboración" la Inspección de la Agencia Tributaria (AEAT) y el grupo especializado en delitos económicos de la Policía Nacional.

En mayo de 2007 fueron detenidas en una primera fase cinco personas, y dos semanas después otras seis. El juez llegó a fijar para algunos de ellos fianzas de dos millones de euros.

Hoya Coromina les imputaba en los autos de aquella época, la creación de una estructura organizada dedicada a la intermediación en la adquisición y venta de terrenos utilizando para ello una serie de sociedades "fantasma", como 'Minalcom' y otras, a cuyo frente estaría un "testaferro" sin capacidad real de disposición, con el fin de emitir facturas falsas que ampararían ventas realizadas por otras empresas o particulares que no declaraban su actividad.

Según los autos judiciales de aquella fase de la instrucción, dichas sociedades carecían de localización física, actividad, empleados y activos de cualquier tipo, y en unos casos se encontraban domiciliadas en los propios domicilios de los imputados, mientras en otros carecían de domicilio. A través de ellas, los imputados habrían proporcionado a empresas y particulares facturas falsas con el fin de blanquear dinero o eludir el pago de impuestos.

Los primeros detenidos fueron R.M.P., de 44 años; JA.L.G., JJ.R.G, de 51; JÁ.C.I., de 73, y JF.P.G., de 47 años, a los que se les imputaban delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, estafa y falsedad en documento mercantil. A las dos semanas se sumaron a la lista de detenidos por la operación 'Trigo Limpio' E.P.L., de 65 años, JL.O.M., de 40, C.B.P., de 53, A.L.G, de 62 años, JR.R.R., de 64 años, y R.U.L., de 70.

Con carácter general, la Fiscalía llama la atención sobre la "poderosa estrategia defensiva" que sustenta a los acusados por delitos económicos, "auspiciados por profesionales especialmente cualificados y que ponen frecuentemente en entredicho la extraordinaria y minuciosa labor de depuración de responsabilidades que realizan la inspección de la AEAT, y que junto a las complejidad de la tramitación de los procedimientos por delitos económicos, cuya instrucción con frecuencia se dilata varios años, supone aún más un déficit añadido a la averiguación de la verdad material".

CHAPUZAS EN EL PROCESO JUDICIAL

Lo que iba camino de ser la 'Operación Malaya' a la cántabra, llamada 'Operación Trigo Limpio', se va desinflando día a día e, incluso, adquiere tintes de chapuza tras conocerse que parte de la documentación intervenida por la Agencia Tributaria resultó afectada por la lluvia caída el pasado día 9 en Santander, después de una negligencia en la custodia.

La 'Operación Trigo Limpio' se prometía una intervención de gran calado en la lucha contra el blanqueo de capitales. La escenificación de la entrada y registro de las oficinas y despachos de los supuestos implicados, con gran aparato policial en la concurrida plaza santanderina de Pombo; la detención de once personas, de las cuales nueve ingresaron en prisión -entre ellas un abogado-; las millonarias fianza civiles impuestas a los implicados (dos millones de euros a cada uno); el embargo de cuentas bancarias y bienes de los tres principales encausados (en alguno caso con intervención de los bienes de la esposa e hijas) y los miles de legajos que constituyen la prueba documental apuntaban a un caso de gran trascendencia.

Sin embargo, el primer revés a la instrucción judicial no se hizo esperar. Llegó el pasado viernes, día 8, de manos de la Audiencia de Cantabria: todos los presos de la 'Operación Trigo Limpio' fueron puestos en libertad y sin fianza alguna, aunque con la obligación de presentarse cada quince días ante el juez.

La Audiencia no vio motivos suficientes para mantener a los encausados en prisión. No había riesgo de destruir pruebas, porque éstas ya fueron aseguradas e intervenidas, y la alarma social invocada por el juez instructor, José Hoya Coromina, fue desterrada en 2003 del ordenamiento procesal penal como eventual justificación de la privación provisional de libertad.

Pero además, uno de los magistrados de la Audiencia, Agustín Alonso Roco, fue más allá. De los siete delitos imputados al abogado detenido y preso, el magistrado sólo ve indicios de la supuesta comisión de dos: delito fiscal y de falsificación. De modo que el pasado lunes, día 11, los once implicados gozaban ya de libertad.

En los próximos días la Audiencia decidirá también si son ajustadas a Derecho las millonarias fianzas impuestas a los miembros de la supuesta red de blanqueo de capitales.

Pero, en tanto se pronuncia, un nuevo hecho adorna el caso con tintes de chapuza. La documentación intervenida por la Agencia Tributaria durante la investigación interna no se encontraba en sede judicial, sino en la última planta del edificio de Hacienda, en el Paseo de Pereda.

En el salón de actos, se apilaban miles de folios en cajas con documentación que se supone relevante. El pasado sábado, día 9, una ventana en el techo quedó abierta. La fuerte tromba de agua caída en Santander, granizo incluído, hizo el resto. El lunes los vigilantes de seguridad encontraron una gran charco en el suelo y los legajos 'de mojados a muy mojados'. Según la diligencia extendida por la secretaria judicial, más de 30 cajas con documentos han resultado afectadas, si bien se desconoce el alcance que el siniestro pueda tener sobre la investigación.

DETENIDOS Y NOTAS SOBRE LA OPERACIÓN

Los cinco detenidos este fin de semana en la operación denominada 'Trigo limpio' habían creado una estructura organizada dedicada a la intermediación en la adquisición y venta de terrenos utilizando para ello una serie de sociedades a cuyo frente estaría un "testaferro" sin capacidad real de disposición con el fin de emitir facturas falsas que ampararían ventas realizadas por otras empresas o particulares que no declaraban su actividad.

Según informó la Delegación del Gobierno en Cantabria, y consta en los autos emitidos por el Juzgado de Instrucción número 1 de Santander, que levantó hoy parcialmente el secreto de sumario, el importe defraudado en principio superaría los dos millones de euros, aunque está pendiente de una valoración más exhaustiva por parte de la Agencia Tributaria.

Según los autos judiciales, dichas sociedades carecían de localización física, actividad, empleados y activos de cualquier tipo, y en unos casos se encontraban domiciliadas en los propios domicilios de los imputados, mientras en otros carecían de domicilio. A través de ellas, los imputados habrían proporcionado a empresas y particulares facturas falsas con el fin de blanquear dinero o eludir el pago de impuestos.

De estas actividades están acusados el abogado Rodolfo M.P., de 44 años; José Antonio L.G., Jesús José R.G, de 51; y José Angel C.I., de 73, a los que se les imputan delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, estafa y falsedad en documento mercantil.

Se han llevado a cabo registros en los domicilios de tres de ellos, así como en la sociedad Sergamar Asesores Asociados, en la que asesoraba a sus clientes Rodolfo M.P., así como en el despacho profesional de éste. El quinto detenido es Juan Francisco P.G., de 47 años, gestor de la citada asesoría.

Todos ellos carecen de antecedentes, salvo José Angel C.I., al que le constan tres detenciones anteriores por cheque en descubierto, apropiación indebida y reclamación.

SOCIEDADES UTILIZADAS

Las tres sociedades utilizadas por los acusados para llevar a cabo estas actuaciones son Promociones El Jardín de Aras 2004, Arroyo Aguanaz SL y Minalcom.

A la primera se le imputan operaciones de ventas no declaradas de 410.0824 euros en el ejercicio de 2002 y de 441.341 en el del 2003; a la segunda de 4,3 millones de euros en el 2003, 140.214 en 2004, y 180.440 en el 2005, así como tráfico de divisas por más de 3 millones de euros en el 2003; y a la tercera ventas no declaradas de 21.926 euros en 2003, 49.122 en 2004 y 1,1 millones de euros en 2005, así como un cobro de cheques interbancarios de 386.589 euros.

A Arroyo Aguanaz y Minalcom les constan además 437.686 euros de ingresos devengados y no ingresados a Hacienda en 2003, y en relación con el IVA, cantidades devengadas y no ingresadas por 84.016 euros en 2002 y por 629.533 en 2003. Por su parte a Minalcom le constan 545.051 euros por impuesto de sociedades devengado y no abonado en 2005 y otros 253.764 por IVA no ingresado.

A la vista de estos indicios se han llevado a cabo registros en los domicilios de santander de Jesús José R.G. y José Antonio L.G, y en el de laredo de José Angel C., así como en el despacho profesional del abogado y la asesoría ambos situados en la calle Hernán Cortés de la capital cántabra.

OPERACION CONJUNTA

En la operación han participado el Cuerpo Nacional de Policía y la Unidad Regional Operativa de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de Cantabria, dirigida y coordinada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Santander.

En el año 2006, el área de Inspección de la Agencia Tributaria detectó un presunto delito fiscal en el sector inmobiliario, lo que hizo que se ampliaran las investigaciones y, a finales del año pasado Vigilancia Aduanera puso en conocimiento del Grupo de crimen organizado de la Policía Judicial las gestiones que se estaban realizando sobre el entramado de empresas.

Las primeras investigaciones comprobaron la existencia de un "testaferro" y posteriormente la existencia de una serie de empresas presuntamente utilizadas para facturar las operaciones no declaradas.

Según la Delegación del Gobierno se trata de una operación "compleja" de personas que se relacionan "piramidalmente" y que estarían desarrollando actividades defraudatorias desde "al menos" el año 2003.