La plataforma Stop-Desahucios denuncia el “despotismo nada ilustrado” del grupo popular del Ayuntamiento
La plataforma Stop-Desahucios reivindica su derecho a participar en la redacción definitiva del protocolo antidesahucios y denuncia la actitud del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Santander.
24-03-2017
Los representantes de la plataforma Stop Desahucios sufrieron ayer un nuevo encontronazo con los miembros del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Santander. La concejal de Servicios Sociales, María Tejerina, convocó por segunda vez el grupo de exclusión para tratar el asunto del protocolo antidesahucios. Pero esta vez no fue convocada la plataforma Stop-Desahucios, que ha elaborado el documento que desarrolla dicho protocolo. A petición de varios grupos municipales, los representantes del colectivo se personaron en la reunión. Sin embargo, no se les permitió participar, a diferencia de otras reuniones, y ante la interpelación de uno de los miembros del colectivo sobre los motivos por los cuales se impedía su participación, se les negó la entrada sin más explicaciones.
Al parecer, en el debate previo que hubo sobre la pertinencia de la participación de la plataforma, se aludió a la “desigualdad” que se produciría con otros colectivos de afectados. La plataforma Stop-Desahucios entiende que deberían participar en la redacción de ese protocolo todos los colectivos de afectados pero “es falaz que se niegue la participación precisamente a la plataforma que ha elaborado el documento que desarrolla el protocolo”. Para los miembros de la plataforma “es absurdo cuando en ningún momento se ha invitado a otros colectivos a participar desde el Ayuntamiento, algo que sí ha hecho la plataforma. Estamos hablando de un protocolo que se aprobó por unanimidad en febrero de 2016. Estamos hablando de un desarrollo del protocolo que se promovió a iniciativa de la plataforma, cuyos primeros contactos con los grupos municipales, una vez redactado el documento, se llevaron a cabo entre octubre y noviembre de 2016”.
Para los miembros del colectivo de afectados: “No se puede tratar ese tema sin la asistencia de los colectivos de afectados. Y es una verdadera locura cuando esas reuniones se han hecho a iniciativa nuestra. Incluso en la mesa de la reunión de exclusión se encontraba nuestro documento y, sin embargo, se han negado a que lo pudiéramos defender”.
En opinión de la plataforma, “el grupo popular está ‘haciendo el paripé’ porque en el fondo no quiere hacer nada. Tienen un problema porque aprobaron una moción y en teoría están obligados a cumplirla para evitar complicaciones legales. Para impedir su ejecución, están intentando dormir la iniciativa, como demuestra que la próxima reunión del grupo de exclusión se pretende que sea dentro de dos meses. Con esos ritmos, el protocolo igual se aprueba en el 2020”, comentan irónicamente.
Y es que los afectados de la ciudad siguen sufriendo los desahucios. En el último mes, la plataforma ha parado dos, uno se iba a producir el día 22 y el otro el 31 de marzo. Precisamente, una de las familias afectadas pidió una ayuda de emergencia al Ayuntamiento a principios de diciembre y, sin embargo, ha recibido la notificación de la concesión de la ayuda hace escasos días. Esa ayuda era fundamental para poder gestionar la suspensión del desahucio y ha tardado cuatro meses. Por ello, la plataforma entiende que es urgente la aprobación del protocolo.
El grupo popular, además, presentó un documento alternativo que, según la plataforma, es un “copia y pega de los protocolos de la plataforma y del Ayuntamiento de Cádiz que suprime todos los recursos (profesionales, habitacionales y económicos) para dejar un texto sin contenido. Dicho documento mantiene, sin embargo, medidas que sólo son factibles con esos recursos. Ni idea de cómo hay que hacer las cosas”. Por eso, la plataforma califica la actitud del grupo popular como “déspota” y “nada ilustrada”, porque se soporta sobre un “desconocimiento total sobre la materia”.
La plataforma estudiará en la próxima asamblea las decisiones a tomar. Entre las cuales se encuentra “romper cualquier tipo de comunicación y relación con el Ayuntamiento”, además de plantear “movilizaciones y otras acciones”.