Los responsables, dos individuos domiciliados en Castro Urdiales (Cantabria), facilitaban a través de empresas ficticias falsos contratos de trabajo para dar de alta en la Seguridad Social a cambio de dinero, y así regularizar la situación administrativa de extranjeros, el acceso a prestaciones de desempleo o a beneficios penitenciarios.

   El pasado mes de agosto la Inspección de Trabajo y Seguridad Social detectó irregularidades en dos empresas radicadas en Castro Urdiales. Estas empresas no eran reales y por tanto, las altas en la Seguridad Social que presentaban estaban realizadas en base a contratos fraudulentos por simulación de relación laboral.

   Entre los afiliados figuraban ciudadanos de fuera del país, cuyas altas tenían por objeto regularizar sus situaciones administrativas, por lo que fueron remitidas al Grupo Operativo de Extranjeros para su investigación.

   La operación se realizó en dos fases. La primera se desarrolló en Cantabria y actuó sobre los principales encartados y trabajadores de las empresas ficticias localizados en la provincia. La segunda fase se centró en los implicados en el País Vasco y Galicia.

   Como consecuencia de la investigación en Cantabria se detuvo a doce personas, entre ellos, A.C.L, de 40 años, y JR.M.E, de 43, ambos residentes en Castro Urdiales, que son presuntamente los máximos responsables del entramado.

   Los dos responsables compraban empresas ya constituidas que habían cesado en su actividad, que carecían de trabajadores y que estaban al corriente con el pago de cuotas a la Seguridad Social, para encubrir posibles inspecciones relacionadas con altas en empresas de nueva formación.

   Después, a través del sistema telemático de la Tesorería General de la Seguridad Social, gestionaban las contrataciones fraudulentas de trabajadores.

   La labor fiscalizadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se percató de la situación y cesó de oficio dichas empresas. Una vez dadas de baja, los implicados compraron otra empresa constituida, sin actividad, sin trabajadores ni deudas y volvieron a dar de alta a algunos trabajadores que ya figuraban en la empresa anterior para así poder evitar la acción fiscalizadora de la Inspección de Trabajo.

   Los supuestos trabajadores son personas que se encuentran en situaciones laborales y económicas de necesidad. En algunos casos les faltan pequeños periodos de cotización para acceder a prestaciones y en otros casos tenían derecho a ella pero dejaron pasar los plazos para su obtención.

   A cambio de pagar mensualmente unos 400 euros, conseguían un contrato de trabajo fraudulento que les facilitaba la posibilidad de acceder a derechos y prestaciones que de otra manera no podrían obtener. Además, el grupo también habrían facilitado contratos a ciudadanos que cumplen condena a cambio de beneficios penitenciarios.

   Las prestaciones obtenidas de forma indebida han causado un perjuicio a la Seguridad Social de unos 145.000 euros.

   La investigación se ha desarrollado de manera conjunta con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y el Servicio de Empleo Publico Estatal (SEPE) de Cantabria, con la colaboración de los Grupos Operativos de Extranjeros de las Brigadas Provinciales de Extranjería y Fronteras de Santander, Bilbao y A Coruña, que han practicado las detenciones de los imputados que residían fuera de la región.