La Unión define como "practica corrupta" lo que para IU es "corupción"
Desde la formación centrista piden a de la Serna que revoque el acuerdo del modificado de obra a favor de Isolux Corsan y Copsesa mientras que Saro habla de "pacto de presupuesto a la baja"
25-02-2015
©GrupoDiariocrítico/agencias/redacción
Siguen las polémicas sobre los sobrecostes del vial de la S-20. Desde La Unión requieren al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Santander, para que revoque el acuerdo de su Junta de Gobierno, formada por el Alcalde y sus Concejales de confianza, por el que acordaron aprobar un modificado de la obra del vial de conexión de la S-20, por el que la misma supone un desembolso adicional de 222.042 € de dinero público de los santanderinos.
“Si no revocan el acuerdo”, advierten desde la formación política “los miembros de la Junta de Gobierno adquirirán la responsabilidad personal de reintegrar ese dinero al erario público”.
Por otro lado en la rueda de prensa de IU, de esta mañana preguntado Saro por el sobrecoste del nuevo vial de la S-20 tras la expropopiación de la vivienda a Amparo Pérez, recientemente fallecida, Saro ha puntualizado que "no es delito", porque la Ley de Contratos Públicos lo permite, pero en su opinión sí es "corrupción" porque es fruto de "una componenda entre políticos y gestores de la empresa, que en este caso son del mismo signo, para pactar un presupuesto a la baja" y luego autorizar una ampliación que cubra las expectativas empresariales.
Tras destacar que en Santander se han invertido "millones de euros en sobrecostes, Saro ha opinado que el caso de Amparo Pérez ha sido de una "torpeza increíble" porque "existía mucho margen de negociación que el Ayuntamiento no ha utilizado".
"Había más recursos distintos al justiprecio (de la expropiación) para dar satisfacción a esta santanderina", ha afirmado Saro. A su entender, el alcalde, Iñigo de la Serna, "ha dado una imagen ridícula" porque se ha "empeñado" en mantener una "posición de fuerza, de cara a sus votantes más recalcitrantes", frente a "una persona débil".
SEBRANGO, SANTANDER ES UN PARAISO
Para Rafael Sebrango, el Presidente de la formación, “Santander es un paraíso para las empresas que contratan con el Ayuntamiento”, pero, añadió, “un infierno para el dinero público de los vecinos de Santander”.
“Las presuntas causas geológicas” del terreno sobre el que se ejecuta la obra, “no es algo imprevisible”, y por lo tanto “no puede aprobarse un modificado del presupuesto de la obra”.
“Se trata de una disculpa”, pues, según Sebrango “es un montaje acordado, antes de iniciarse la obra, con el contratista”.
A través de esta “práctica corrupta”, el contratista “previamente elegido”por el equipo de gobierno municipal, presenta una oferta a la baja para quedarse con el contrato, “sabiendo previamente que el Ayuntamiento le va a remunerar,” acudiendo a la ficción del modificado de obra, con el dinero que sea preciso para adecuar su oferta a la baja a sus costes reales.
Mediante esta “corrupción”, prosiguió, “el Ayuntamiento y el contratista de confianza, se aseguran ganar el concurso, pues el resto de empresas ofertan lo que realmente vale la obra”, y por tanto son eliminadas.
“Este fraude de Ley”, añadió, consigue “una apariencia de legalidad”, pero es “un supuesto claro de corrupción.”
Este sistema es “habitualmente utilizado por el Ayuntamiento de Santander”, por el que consigue “asegurar la concesión de obras a las empresas con las que se tiene algún tipo de compromiso o interés político”.
Así, aseveró Sebrango, “no es casual que esta obra haya sido adjudicada a Isolux Corsan, en asociación con Copsesa”, que como recordó, son respectivamente, la empresa que ejecutó el otro vial de la S-20 “demasiado próximo a éste”, y la empresa propiedad del Alcalde del PP de Ramales.
El equipo de Gobierno “sabía perfectamente lo que hacía”, finalizaron desde LA UNIÓN (LU), “conocen a la perfección que la causa alegada no es un hecho imprevisible en la obra”, por lo que “ni pueden ni deben aprobar un modificado para gastar más dinero público”, por lo que “están aún a tiempo de rectificar su acuerdo”, sino es así, advierten “los miembros de la Junta de Gobierno Local pueden ser obligados a responder personalmente del sobrecoste ficticio de la obra”.
“Esperamos que rectifiquen”, remacharon en La Unión