Los expertos consideran que Rajoy debería haber ido más lejos, ven vagas e imprecisas algunas medidas y reclaman más medios contra esta lacra
La medidas que defendió ayer Mariano Rajoy para luchar contra la corrupción suponen un avance, pero son claramente insuficientes y deberían completarse con otras que resultan imprescindibles. Así se manifiestan los expertos consultados, que proponen algunas de las que se tendrían que adoptarse con carácter de urgencia. El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Pompeu Fabra Andrés Betancor va más allá: «¿Realmente alguien piensa que la corrupción en España se combate con más leyes? Lo que se necesitan son más medios». Estas son las conclusiones a las que llega La Voz de Galicia en su edición de hoy.
¿Son un avance las medidas de Rajoy?
Sí. «Hay tanto por hacer que no pueden despreciarse las medidas que pueden mejorar algo la situación», afirma Fernando Jiménez, especialista en lucha contra la corrupción y profesor de Ciencia Política en la Universidad de Murcia. «Menos es nada», señala Juan Carlos Galindo, especialista en prevención en blanqueo de capitales y delitos de las organizaciones. Considera que, al menos, la sociedad ha empujado al Gobierno a hacer algo, aunque las medidas le parecen «cantos de sirena, sin definir, vagas y aportan poco». Pone como ejemplo la obligación de que los corruptos devuelvan el dinero. «¿Cómo, de qué manera?», se pregunta.
¿Son suficientes para luchar efectivamente contra la corrupción?
«Son claramente insuficientes», afirma Jiménez. «No van a paliar de forma decisiva el problema y, en este sentido, son tremendamente decepcionantes». Para Agustí Cerrillo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universitat Oberta de Catalunya, «en términos generales se puede considerar que las medidas propuestas serán suficientes siempre y cuando se apliquen adecuadamente y se destinen los recursos suficientes para garantizarlo». Advierte, sin embargo, de que «pueden haber algunas limitaciones». Por ejemplo, considera «necesario garantizar que un órgano como la Oficina de Conflictos de Intereses, que debe tener un importante papel en la prevención de la corrupción y en la detección de conflictos de intereses, como mínimo tenga la autonomía suficiente para poder hacer esta función sin ninguna interferencia que pueda afectar a su imparcialidad». También destaca que «la regulación propuesta de las puertas giratorias o de los grupos de presión deberían ser más estrictas». Galindo resalta que «faltan medidas de prevención, todas son a toro pasado, cuando el delito ya se ha cometido». Betancor es muy escéptico respecto a las medidas legales que se puedan adoptar contra la corrupción porque lo que se necesita son «más y mejores medios para la dotación de las instituciones encargadas de la persecución de los delitos: la Policía, la Guardia Civil, la Fiscalía, los jueces, pero de esto no se quiere hablar». Asegura que «necesitamos un Plan Marshall contra la corrupción».
¿Cuáles son las más positivas y eficaces?
Jiménez destaca «el reforzamiento de las incompatibilidades, que habría que extender más allá de los altos cargos, aunque señala que «habrá que ver la letra pequeña y la capacidad y autonomía del órgano encargado de analizar las situaciones de incompatibilidad». También «la inclusión del delito de financiación ilegal de los partidos, por otro». Galindo resalta la modificación de la ley de partidos, aunque «habrá que esperar a su desarrollo».
¿Qué medidas harían falta más allá de las propuestas?
Galindo propone cuatro muy concretas. La fundamental es la prevención del delito en la Administración Pública, con especial énfasis en la local, que es un «foco continuo de corrupción». Además, la separación efectiva de los poderes del Estado, la supresión de todos los aforamientos; y establecer canales de denuncia que garanticen el anonimato de los delatores, que incluso podrían cobrar del Estado por hacerlo. Cerrillo, que al igual que Betancor formó parte de la comisión de expertos que expusieron sus medidas ante el Congreso, propuso allí la creación de la figura del «delator de corruptos», que promueven diferentes organismos internacionales como la OCDE o Transparencia Internacional, y ya ha sido adoptada en países como el Reino Unido o Luxemburgo. «Consiste en articular mecanismos ágiles para facilitar que aquellos que tienen conocimiento de un caso de corrupción o una situación en la que se dé un conflicto de intereses lo puedan poner en conocimiento de las instancias competentes para su investigación, garantizando que no sufrirán represalias de ningún tipo», explica.
Jiménez hace un reflexión más general. «Hay que generar una nueva cultura en los políticos y los partidos para que acepten la necesidad de los límites y hay que desterrar la tentación de usar las decisiones y los recursos públicos para perpetuarse en el poder con la construcción de redes clientelares», asegura. «Esto implica dos objetivos generales: establecer límites efectivos en el ejercicio del poder ejecutivo y reducir las oportunidades para la corrupción mediante unas administraciones públicas que funcionen con plena profesionalidad, transparencia e imparcialidad». Asimismo, señala que «es necesario que las normas de funcionamiento de los gobiernos y las administraciones sean muy claras y sean bien conocidas por quienes trabajan en las mismas».
LA INTERVENCIÓN DE RAJOY
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha leído este jueves las palabras textuales del juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, en el auto emitido ayer que incluye a Ana Mato como participe a título lucrativo en el caso Gürtel para defender que la exministra de Sanidad ignoraba la comisión de los delitos.
En su respuesta a las intervenciones de la oposición, que le ha pedido explicaciones tras la dimisión de Mato en el pleno que debate las medidas anticorrupción, Rajoy ha remarcado que con el auto de Ruz «queda fuera de toda duda» que Ana Mato «ignoraba la comisión de tales delitos». Tras explicar que no iba a aludir «ni a listas ni a nombres ni a partidos» afectados por la corrupción, Rajoy ha señalado que hacía esta excepción con Mato porque «si se quiere ser justo» y él «quiere serlo», tiene la obligación de mencionar lo que ya explica el juez, y es que esa figura jurídica implica como requisito que se ignore la existencia de la comisión delictiva. Si se conociera la existencia del delito, ha añadido, se estaría ante un caso de complicidad o encubrimiento y, por lo tanto, -ha recalcado- el juez no considera que Ana Mato haya participado en los delitos.
De esta forma, Rajoy ha expresado su apoyo a la exministra de Sanidad con una intervención en la que ha citado incluso el número de las páginas del auto de transformación en procedimiento abreviado del caso Gürtel, en las que el juez incluye el listado de imputados y de responsables civiles subsidarios y en las que tampoco figura Ana Mato. Únicamente aparece en la parte dispositiva para establecer a quienes «debe ser notificada la resolución a efectos de que comparezcan en calidad de partícipe a título lucrativo».
Esta explicación del presidente ha seguido a su aviso inicial de que no iba a hacer juicios de valor ni hablar en el hemiciclo de nombres y de ningún partido que se haya visto afectado por casos de corrupción en contra de lo que han hecho el resto de los portavoces de las fuerzas políticas.
Según ha afirmado, eso no aporta nada al debate de hoy, no es útil ni sirve a las pretensiones de esta discusión parlamentaria porque de lo que se trata es de «ser más eficaces» en la lucha contra este tipo de delitos.
Rajoy ha reiterado en su turno de réplica la defensa de las nuevas medidas contra la corrupción que había planteado en su intervención inicial y ha considerado que los ciudadanos no entenderían que no hubiera un amplio acuerdo entre los partidos para que esas iniciativas salgan adelante. «Sería decepcionante», ha precisado el jefe del Ejecutivo, quien ha defendido que la puesta en marcha de las nuevas medidas se haga con la máxima rapidez posible.
COMPARECENCIA
Rajoy, ha rechazado hoy que se «parta de cero» en la lucha contra la corrupción y ha defendido la batería de medidas que su Ejecutivo ya ha aprobado para luchar contra esta lacra: «Ahora es más difícil corromperse que cuando llegamos al Gobierno».
El líder del PP ha recordado que ya el primer Consejo de Ministros de su Gobierno realizó modificaciones a la Ley de Partidos Políticos, para reducir las subvenciones que reciben, al tiempo que se han limitado los sueldos y las indemnizaciones de los altos cargos de las empresas públicas.
También ha destacado la Ley de Transparencia que entrará en vigor el próximo 10 de diciembre, con el portal de la transparencia en el que los ciudadanos podrán consultar información de la administración, como contratos, que hasta ahora no era fácilmente disponible.
«No se trata de presumir», ha asegurado Rajoy, pero a su juicio, es «evidente» que su Gobierno no ha permanecido «impasible» ante la corrupción a diferencia de otros ejecutivos que no hicieron nada al respecto a pesar de que también la sufrieron.
Rajoy ha lamentado que en la visión que la sociedad tiene de la lucha contra la corrupción, en ocasiones se pierda la «objetividad», y ha insistido en que no se parte «de cero» en la lucha contra esta lacra. «Ahora es más difícil corromperse en España que cuando llegamos al Gobierno», ha proclamado.
«Un gran acuerdo» contra la corrupción
El presidente del Gobierno ha pedido celeridad al Congreso en la aprobación de unas medidas que llevan en trámite desde febrero. El PP tiene la mayoría absoluta necesaria para sacarlas adelante, pero ha buscado en varias ocasiones un pacto con el PSOE. Y ahora pide consenso en la cámara. «Estoy dispuesto a escuchar, a dialogar, a compartir... Estoy dispuesto a considerar toda clase de aportaciones que mejoren el proyecto, pero no debo aceptar ninguna forma de estancamiento», ha subrayado Rajoy, que ha expresado su deseo de contar con «el respaldo de un gran acuerdo».
Cuatro años para renovar cargos
Entre las medidas anunciadas, Rajoy ha destacado que se obligará a todos los partidos a garantizar que sus militantes participen en la elección de sus órganos de dirección y, en caso de no hacerlo, esa fuerza política será extinguida. El jefe del Ejecutivo ha adelantado que va a proponer que los estatutos de los partidos incluyan necesariamente un plazo máximo de cuatro años para la renovación de sus órganos de dirección, coincidiendo con el ciclo electoral natural. Será en ese proceso, que ha precisado que cada uno organizará como crea conveniente, en el que deberán asegurar que puedan tomar parte todos los militantes mediante congresos, asambleas u otras formas de participación siempre que sean democráticas, según EFE.
Además, los estatutos de los partidos recogerán garantías concretas para todos los afiliados, especificando el órgano que ejercerá como defensor de sus derechos y el procedimiento de reclamación respecto a los acuerdos adoptados por el partido.
Rajoy ha señalado igualmente que en los respectivos estatutos se deberá incluir el procedimiento de expulsión para aquellos de sus miembros que haya sido condenados por la comisión de cualquier delito doloso. También la suspensión automática de militancia en caso de que se les abra juicio oral por delitos relacionados con la corrupción que comporten pena de inhabilitación.
Donación de particulares
Respecto a la financiación de los partidos, ha avanzado que los particulares no podrán hacer donaciones por encima de 50.000 euros y que toda donación superior a 25.000 euros se deberá notificar al Tribunal de Cuentas y publicarse en la página web de la formación política con identificación del donante.
El presidente del Gobierno ha explicado que si en un plazo determinado los partidos incumplen las nuevas obligaciones legales, podrán ser extinguidos.
«Es decir -ha precisado- el registro de partidos políticos podrá solicitar judicialmente la cancelación de su inscripción».
Indultos
El Gobierno informará cada seis meses al Congreso de los Diputados de los indultos que haya concedido y haya denegado, de los que dará cuenta el ministro de Justicia ante los diputados.
Rajoy también ha avanzado que está dispuesto a ampliar el régimen de derechos y deberes de los parlamentarios siempre y cuando haya «un amplio consenso» sobre un asunto que ha considerado «complejo».
Rajoy ha dado a conocer además que se reforzará la iniciativa legislativa popular y los cauces de participación ciudadana en la política.
«Ejemplaridad»
Tras insistir en que los políticos y cargos públicos tienen el deber de ser ejemplares, Rajoy ha renovado su compromiso con los ciudadanos: «En lo que a mí respecta, los españoles saben que tienen mi compromiso permanente encima de la mesa».
Después de cuarenta minutos de discurso y tras pedir ejemplaridad a los políticos y cargos públicos, Rajoy ha bajado de la tribuna. Ha llegado el turno de intervención del líder de la oposición, Pedro Sánchez.
RAJOY Y ANA MATO
«No quiero, bajo ningún concepto, que mi permanencia en esta responsabilidad pueda ser utilizada para perjudicar al Gobierno de España, a su presidente ni tampoco al Partido Popular». La ministra de Sanidad, Ana Mato, tuvo hasta el último momento, incluso después de conocer que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz tenía intención de sentarla en el banquillo como «partícipe a título lucrativo» en la trama Gürtel, la esperanza de poder conservar su puesto. Pero finalmente, tras una tarde de intenso debate en el Gobierno y en el PP, Mato acabó arrojando la toalla.
Oficialmente, la decisión fue suya. Pero el hecho de que Mariano Rajoy tenga que comparecer hoy en el Congreso para explicar las medidas anticorrupción que el Gobierno piensa poner en marcha pesó más que su deseo de mantener la confianza en la ministra y de no mover nunca su banquillo obligado por las circunstancias. Tras mantener una reunión de más de dos horas con Mariano Rajoy en la Moncloa, a las 19.47 horas Mato se convertía en el tercer relevo en el Gobierno del PP y el primero forzado por una decisión judicial. Alberto Ruiz Gallardón dimitió como ministro de Justicia tras retirar el Gobierno su reforma del aborto y Miguel Arias Cañete dejó Agricultura para ser el candidato europeo del PP.
Dice que no conoció los delitos
En un comunicado, Mato explicó que presentaba su renuncia a pesar de que el juez no le imputa ningún delito ni le atribuye «responsabilidad penal alguna» y se limita a comunicarle su resolución «a efectos meramente civiles» como consecuencia de su «situación familiar en el momento en el que supuestamente se produjeron los hechos». Una vez más, insistió en que nunca tuvo «conocimiento de ningún delito que se haya podido cometer»
Inmediatamente después de conocer el auto del juez Ruz en el que se considera a la hasta ayer ministra como beneficiaria de los delitos supuestamente cometidos por su exmarido y exalcalde de la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda, la posibilidad de que Mato dimitiera era admitida por diferentes fuentes del PP. Según el magistrado, la ministra disfrutó de viajes y servicios turísticos, eventos familiares y otros conceptos por valor de 36.689 euros pagados con dinero de origen presuntamente delictivo de la trama Gürtel en los años 2001, 2002 y 2005. Ruz pide a la ministra que designe abogado y se persone en el proceso. El momento para anunciar su decisión generó un fuerte malestar en el PP.
La ministra confiaba en seguir
En esas condiciones, la imagen de Rajoy defendiendo la lucha contra la corrupción acompañado en el banco azul por una ministra a punto de sentarse en el banquillo se hacía insostenible. Rajoy era ya consciente de que el pleno de hoy se convertiría en una encerrona de la oposición y por eso se había resistido a celebrarlo. Pero, con Mato imputada, la sesión podía convertirse directamente en un calvario. Durante toda la tarde, las peticiones de la oposición para que a destituyera a Mato fueron continuas. Nadie en el Ministerio de Sanidad confirmaba sin embargo la renuncia. Más bien, todo lo contrario. Pero la situación dio un giro a última hora y se consumó la dimisión.
En su comunicado, Mato agradece «especialmente» al presidente del Gobierno su confianza, así como al resto de ministros y a sus compañeros de partido. En realidad, eran muchos los dirigentes populares que llevaban tiempo admitiendo en privado de que la situación de Mato perjudicaba a Rajoy y de que debería ser la propia ministra la que diera el paso de renunciar, dado que el presidente parecía dispuesto a mantenerle la confianza a toda costa en agradecimiento a su apoyo en los momentos difíciles.
Ahora, sin embargo, el jefe del Ejecutivo podrá presentarse en el Congreso sin el lastre que suponía la permanencia de Mato. Con toda probabilidad, tratará de dar la vuelta a la situación, contraponiendo su decisión de dimitir aún sin estar acusada de ningún delito con la situación de los socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que no han dimitido como diputado y senador pese a que el Supremo se dispone a investigar su actuación en el caso de los ERE andaluces.
26-11-2014