“Si el acto hubiera sido comunicado, la actuación policial nunca se hubiese producido”, señala Zuloaga

Tres personas fueron identificadas y denunciadas por agentes de la Policía Nacional por deslucimiento de bienes inmuebles durante un acto en el que colocaron carteles, velas y flores en la fachada de la Delegación del Gobierno

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07-11-2018

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pablo Zuloaga, se reunió este miércoles con Ana Bolado, representante del colectivo ‘Comisión 8 de Marzo’, agrupación feminista de diversas organizaciones de mujeres, departamentos de igualdad de sindicatos y partidos políticos de Cantabria, en un encuentro al que también estaba convocada la ‘Asamblea Abierta Feminista de Cantabria’, que finalmente declinó su asistencia.

A la reunión también asistieron la jefa de la Unidad de Coordinación de Violencia sobre la Mujer, Consuelo Gutiérrez, la secretaria general de la Delegación del Gobierno en Cantabria, Carla Orcajo, y Maite Gómez, asesora del Gabinete Técnico.

El delegado del Gobierno citó el pasado lunes a ‘Comisión 8 de marzo’ y a ‘Asamblea Abierta Feminista de Cantabria’ para abordar, analizar y buscar soluciones conjuntas a los hechos ocurridos el pasado 2 de noviembre, cuando tres personas fueron identificadas y denunciadas por agentes de la Policía Nacional por deslucimiento de bienes inmuebles durante un acto en el que colocaron carteles, velas y flores en la fachada de la Delegación del Gobierno.

En este sentido, Pablo Zuloaga explicó que “si el acto hubiera sido comunicado, la actuación policial nunca se hubiese producido” ofreció además, todas las vías posibles de colaboración con este tipo de iniciativas, dada la “especial sensibilidad” de la Delegación del Gobierno y del Gobierno de España con esta “lacra social”, tal y como demuestran distintas acciones impulsadas desde esta institución, como el desarrollo del protocolo de actuación común ante la trata de personas o el asesoramiento a los ayuntamientos en la aplicación de las medidas del Pacto de Estado contra la violencia de género.

Pero ha advertido de que este tipo de actos deben comunicarse para poder coordinar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y evitar que ocurra lo que pasó el viernes.

El delegado del Gobierno se mostró partidario de autorizar la utilización de la Delegación del Gobierno en Cantabria para cualquier reivindicación en materia de violencia de género. Así, afirmó que “los colectivos feministas de Cantabria deben saber que la utilización del edificio será autorizada para cualquier iniciativa que busque reivindicar, homenajear o dar difusión a la lucha contra esta lacra”

En cualquier caso, el delegado del Gobierno insistió en que “es necesario comunicar este tipo de actos o iniciativas” para cumplir con la Ley y poder transmitir la información a la Policía Nacional.

Por otro lado, Zuloaga le comunicó a Ana Bolado que las propuestas de sanción contra 3 de las personas que el viernes participaron en los actos y que han sido iniciadas por la Policía Nacional están siendo analizadas por los servicios jurídicos de la Delegación.

25 de Noviembre

El delegado del Gobierno aprovechó el encuentro con la ‘Comisión 8 de marzo’ para ofrecer “toda la colaboración” de la Delegación del Gobierno en el desarrollo de los actos que programen desde el colectivo para celebrar el día contra la violencia de género en Cantabria el próximo 25 de noviembre.

En este sentido se informó a la representante de la ‘Comisión 8 de marzo’ que en esa fecha, en la fachada de la Delegación del Gobierno se colocará este año por primera vez, una pancarta en contra de la violencia de género, “como símbolo de apoyo a las víctimas, sus familias y concienciación sobre un problema que nos atañe a todos”.

Por último, Zuloaga recordó que hace escasas semanas se reunió con varios colectivos que luchan contra la violencia de género y ayudan a sus víctimas para conocer las principales carencias que han detectado. Entre otras, destacaron la necesidad de una formación específica en materia de violencia de género para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la inclusión transversal de esta problemática en los distintos niveles de enseñanza, una mayor concienciación de los jueces y que se perfeccione el protocolo para establecer medidas de protección a las mujeres que dan el paso de denunciar.

 

 

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