Los constructores piden a los políticos que se afronte su 'Plan de Choque'
El comunicado de prensa de la Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria reclama a las instituciones que es imprescindible afrontar una serie de actuaciones que se recogen en su 'Plan de Choque'
06-07-2017
En la foto Gervasio Pinta Presidente de ACP Cantabria
La actividad de la construcción en Cantabria se ha venido desacelerando en los últimos años. Tanto la licitación de obra pública como la promoción y edificación han caído drásticamente en nuestra región, y con ellas el empleo, que está en mínimos dentro de la serie histórica de los últimos diez años.
COMUNICADO COMPLETO DE ACP
A través de nuestras periódicas intervenciones en los medios de comunicación, hemos dado cuenta de cuestiones generales que afectan a nuestra región, tales como la participación del sector en el PIB, la necesidad de culminar infraestructuras básicas para la competitividad de nuestras empresas, la caída de empleo, que, a pesar de los anunciados cambios del modelo productivo, no tiene recambio, salvo en el propio sector; la necesidad de un compromiso inequívoco por parte de todos los agentes implicados en el futuro de esta región.....
Todo está dicho, todo se ha repetido hasta la saciedad. Sin embargo, lo que adquiere una especial relevancia ahora es el futuro de la sociedad cántabra, que quiérase o no, pasa en buena medida por la reactivación de la construcción, el segmento productivo capaz de crear empleo con mayor celeridad.
Por nuestra parte, ya hemos hecho aportaciones para que no se produzca el colapso del sector. Consideramos imprescindible afrontar una serie de actuaciones que se recogen en el 'Plan de Choque' que tenemos formulado a las Administraciones Públicas y en el que se recogen, entre otras, las siguientes actuaciones:
APOYO INCONDICIONAL A LAS EMPRESAS ASENTADAS EN CANTABRIA.
En la adjudicación de obras públicas es imprescindible el Apoyo incondicional a las empresas de Cantabria, y las que tienen domicilio estable y arraigo en nuestra Comunidad, posibilitando sistemas de licitación más justos, lo que supondrá un valor añadido al primar el empleo cántabro estable y las infraestructuras de maquinaria, consiguiendo además responsabilidad en el futuro de las obras realizadas y que el IRPF de las empresas se quede en nuestra Comunidad Autónoma, lo que revertirá en la autofinanciación de la propia Administración regional.
Hemos expuesto nuestra inquietud por los criterios de licitación que pueden condenar a un buen número de empresas de primera línea a ser, en el mejor de los casos, meros subcontratistas.
IMPULSO DE LAS OBRAS PÚBLICAS.
Las Administraciones deben impulsar la ejecución de obras públicas. Así, ha de procederse al aumento del volumen de obra licitada, incurriendo, si fuera necesario, en un endeudamiento controlado o facilitando la incorporación del capital privado para su financiación. Parece incuestionable que resulta más conveniente financiar la actividad que subsidiar el desempleo.
Máxima celeridad en la licitación de los trabajos proyectados. Sólo así se podrá contener el imparable aumento del desempleo, ya que las obras generan puestos de trabajo inmediatos y el aumento de éstas supone un estímulo vital para el mantenimiento del empleo en Cantabria.
Máxima urgencia en las adjudicaciones, con la rápida devolución de los avales presentados por las empresas. Se trata de una medida que no supone un incremento del gasto y que, sin embargo, permite a los licitadores subsistir financieramente y, por lo tanto, mantener sus plantillas de trabajadores.
LA MOROSIDAD.
Se está convirtiendo en un problema endémico de nuestro sector. Como es de sobra conocido, la principal fuente de morosidad está ubicada en las Administraciones Públicas. Para salir de esta dificilísima situación es imprescindible que se de exacto cumplimiento a la normativa reguladora, sin utilización de subterfugios más o menos ingeniosos, que dilaten los plazos contractualmente establecidos, en definitiva, que se pongan en marcha medidas realmente eficaces. Es necesario que todas las Administraciones públicas paguen como máximo en los treinta días siguientes a de la fecha de la correspondiente certificación, devengando desde entonces los correspondientes intereses de demora.
FINANCIACIÓN PARA LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA.
Las dificultades por las que atraviesa el sector de la construcción giran en torno a las restricciones crediticias; la actitud de las instituciones financieras motiva un estrangulamiento de las empresas, de su financiación para la actividad y de su tesorería, pues se está denegando de manera sistemática el descuento de títulos valores. En ese sentido se hace necesario facilitar a nuestras empresas una salida al normal movimiento de su tráfico mercantil, para que la actividad siga aportando empleo. En consecuencia, mientras el mercado financiero no se normalice, se deben adoptar medidas para impulsar la actividad, aportar liquidez y permitir asegurar el crédito directamente a las empresas.
Es necesario que el Gobierno ponga en marcha un sistema de garantías públicas, con la condición de que se produzca un retorno de la financiación a las empresas que ejecutan obras para clientes solventes, como pueden ser las Administraciones, garantizando así el pago de los suministros para la ejecución de las mismas.
MODIFICACIÓN DE LA ACTUAL NORMATIVA URBANÍSTICA.
Por otra parte, en el ámbito de la promoción resulta imprescindible, entre otras actuaciones, que, de una vez por todas, se aborde la modificación de la actual normativa urbanística, con el claro objetivo de poner en valor los suelos destinados a vivienda, comprados a altos precios en su día y que hoy el mercado no admite.
PARTICIPACION EN LA COMISIÓN REGIONAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO.
A pesar de que el derecho de participación de las organizaciones sindicales y empresariales que, en este marco, deben estar presentes en el diálogo social, de concertación, de negociación colectiva y de colaboración en el desarrollo y en la mejora del entramado productivo, expresado órgano consultivo no cuenta con la participación de la Asociación de Constructores y Promotores, cuya influencia en el ámbito de actuación y desarrollo de las empresas que la configuran parece clara.
Ante la pasividad mostrada por la Administración Autonómica, volvemos a solicitar la incorporación de nuestra Asociación a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, con igual razón que cualesquier otro de los componentes ajenos a las administraciones públicas.
Desde la Asociación tenemos el reto de procurar el marco adecuado para que nuestras empresas continúen aumentando su cuota de mercado, tomando en consideración que el actual entorno económico es uno de los más difíciles de los últimos años.
En definitiva, se hace incuestionable la instauración de un Acuerdo con el Gobierno Regional, mediante el cual se aborde la Competitividad, el Empleo y Bienestar de Cantabria; en el que se recoja la exigencia de que nuestras empresas sean protagonistas principales en la actividad de nuestra Comunidad Autónoma