Para IU la nulidad del Plan General deja al Ayuntamiento en una situación grave
El problema de volver al Plan General de 1997 puede agravarse si utilizamos la vía excepcional de las normas urbanísticas transitorias para convalidar todas las previsiones de un plan muerto, afirma Miguel Saro
23-01-2017
Para Miguel Saro, el diagnóstico sobre los ámbitos afectados por la nulidad del Plan General es desesperanzador, puesto que los compromisos que deberá asumir el Ayuntamiento por el incumplimiento de sus previsiones puede ocasionar a todos los vecinos un serio quebranto económico que veremos en los próximos años.
A juicio de Miguel Saro, el Ayuntamiento dejará de recibir ingresos basados en grandes proyectos como los grandes desarrollos urbanísticos sobre las zonas cedidas por Fomento en el Puerto, o la construcción de cientos de viviendas en La Remonta, y debe enfrentarse a reclamaiones por responsabilidad patrimonial sobre las que aún no puede hacerse una previsión.
Izquierda Unida ha sido crítica con el modelo de ciudad contemplado en el Plan anulado por ser un modelo basado en el agotamiento de todo el suelo del municipio y la obtención de ingresos públicos a través del ladrillo, olvidando las posibilidades que ofrece el planeamiento para vertebrar socialmente la ciudad y hacerla sostenible desde el punto de vista de la movilidad sostenible.
Por ello, para el concejal de IU, el horizonte de debilidad económica e inseguridad jurídica en Santander, solo podrá solucionarse si se trabaja de forma prudente en las alternativas jurídicas, abandonando el modelo desarrollista impuesto pro el Plan anulado.
Las normas urbanísticas transitorias que el Partido Popular pretende introducir para Santander mediante una modificación de la Ley del Suelo de Cantabria no pueden ser el expediente para legalizar de facto la mayor parte del Plan anulado.
Según Saro, el expediente de las normas urbanísticas transitorias par el caso de la nulidad del plan son un modelo excepcional que sólo podría utilizarse de forma puntual en casos de que al planeamiento vigente choque con la legalidad de forma clara. Esto es algo que debería hacese con el Plan de 1997 en la mano y comprobando área por área si sus determinaciones son manifiestamente contrarias a la ley.
“La modificación de la Ley del Suelo que facultaría al Gobierno de Cantabria a dictar dichas normas debe realizarse con suma cautela para garantizar la seguridad jurídica y la claridad de una norma que vincula a toda la Comunidad Autónoma, y no pueden convertirse en un instrumento para revivir el plan de 2012 de Santander”