Podemos presenta 34 enmiendas a la Ley de Transparencia dirigidas a regenerar la democracia

Según el partido la ley recoge en un 80% de su articulado lo presentado por la formación morada pero con estas enmiendas busca “enriquecer” el texto mejorando aspectos de la ley que consideran que la “ensombrecen”

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Podemos presenta 34 enmiendas a la Ley de Transparencia dirigidas a regenerar la democracia 19-04-2017

Podemos Cantabria ha presentado 34 enmiendas a la Ley de transparencia. El partido presentó en septiembre de 2015 una Proposición de Ley de Transparencia y Participación para Cantabria, “prioritaria para la regeneración democrática” y desde entonces se ha trabajado en ella en colaboración con el Gobierno.

La ley recoge en un 80% de su articulado lo presentado por la formación morada pero con estas enmiendas busca “enriquecer” el texto mejorando aspectos de la ley que consideran que la “ensombrecen” como es la configuración actual del régimen sancionador o la constante remisión a la Ley estatal del Partido Popular, que es una de las más restrictivas de Europa, además de la eliminación del derecho a mantener el anonimato del solicitante. “Garantizando el derecho a la información sin cortapisas”.

Publicidad de las cuentas y sus movimientos
Una de las enmiendas que no se recogen en la ley es la referida a que se declaren abiertas y accesibles todas las cuentas bancarias abiertas a nombre de la administración pública o sus entes. “Desde el Gobierno quieren que los ciudadanos sólo puedan ver los saldos, pero en Podemos vamos más allá y deben ser públicos todos los movimientos”.
La transparencia en las cuentas abiertas ha sido una propuesta de Podemos a nivel de todos los Parlamentos autonómicos, habiendo sido aprobada una ley específica al respecto en la Comunidad Valenciana. La publicidad de las cuentas bancarias, incluyendo sus movimientos bancarios, supone una garantía fundamental para el cumplimiento de la función de evaluación de políticas públicas, un mecanismo eficaz para luchar contra la corrupción y para la promocionar una eficaz rendición de cuentas de los poderes públicos y de su gestión en coherencia con los principios que inspiran la norma.

Creación del Registro de lobbies
Podemos, además, incorpora un nuevo título que persigue la creación de un Registro de lobbies en el que se inscriban y controlen las personas físicas y jurídicas, así como entidades sin personalidad jurídica que actúan con el objetivo de hacer valer algún interés en la elaboración de la normativa municipal o autonómica, en el diseño de políticas municipales o autonómicas o en la toma de decisiones de las entidades públicas locales o regionales, así como sus organismos autónomos.

Hoy en día, explican desde Podemos, la mayor parte del lobby que se practica en nuestro país es profesional y legítimo y son los primeros interesados en que se regule esta actividad y se la dote de transparencia con el fin de que los ciudadanos conozcan verdaderamente en qué consiste y se ponga las cosas más difíciles a los que se dedican a conseguir cosas rozando el tráfico de influencias, o mediante la extorsión, el chantaje o el acoso a las personas que finalmente tienen que tomar una decisión. Por eso no podemos desaprovechar la oportunidad que nos brinda esta norma para incluir la regulación del Registro de Lobbies para que exista una verdadera transparencia en los procesos decisorios.

Además, con estas enmiendas también se busca lograr la completa accesibilidad a los documentos, por lo que el diseño deberá ser adaptado y accesible para todas las personas; que todos los documentos que se utilicen en la administración: informes y documentos preparatorios, actas y comunicaciones internas, sean públicos, que la administración acuerde multas coercitivas en caso de no facilitar a la ciudadanía en plazo la información; que el ciudadano pueda elegir el medio a utilizar para relacionarse con la administración o que se fije un plazo máximo de publicación de toda la información.
?Derecho al anonimato

El derecho a mantener el anonimato cuando la identificación del solicitante no sea necesaria para procesar la solicitud, es un estándar internacionalmente reconocido. El propio CGPJ así lo reconoce en el acuerdo de 2014 en el que se aprobó el protocolo para la gestión del acceso a la información por parte de los ciudadanos. Concretamente manifiesta que el derecho a acceder a la información pública es un derecho fundamental de carácter universal en cuya garantía priman las obligaciones de transparencia de los poderes públicos frente a cualquier requisito impuesto al ciudadano que solicita el acceso.  

Desde Podemos consideran que “el Gobierno, no tiene una verdadera voluntad de transparencia y que esta sea verdaderamente efectiva y real, pues ha desperdiciado la posibilidad de enmendar los errores cometidos por la norma estatal y fijar unos estándares ejemplares en el ámbito de la transparencia, aceptando el carácter fundamental del derecho de acceso, como ha hecho el Consejo General del Poder Judicial”.


En definitiva, explican, se busca que la ciudadanía pueda acceder, “sin cortapisas” a todo el flujo de trabajo que se realiza desde la administración pública.