"El proyecto de Ley de Vivienda Protegida, es una privatización de impuestos", opina Sebrango.
Empresas, fondos de inversión, y particulares de alta capacidad adquisitiva, van a poder comprar viviendas de protección para alquilarlas. Es la mayor laminación y trasvase de impuestos ideado hasta la fecha.
29-10-2014
El proyecto para una nueva Ley de Vivienda Protegida, ideado por el Gobierno Regional de Cantabria es, para La Unión, “una privatización de impuestos”, y “la mayor laminación y trasvase de impuestos ideado hasta ahora, para ponerlos en manos de empresas especulativas y fondos de inversión”, y todo ello, recalcan, “para salvar, al mayor promotor-constructor de viviendas de Cantabria, el Ayuntamiento de Santander”.
Rafael Sebrango, el Presidente de la formación, denunció así el proyecto de Ley que el Gobierno Regional tiene entre manos, que va a posibilitar que “empresas y particulares con alto poder adquisitivo puedan comprar viviendas de protección”.
“Nuestros impuestos se ponen al servicio de empresas y fondos de inversión, que comprarán edificios de protección a bajo coste, para alquilárselos a los auténticos destinatarios de las viviendas de protección”, enfatizó.
“Esto es pedirnos a los ciudadanos que subvencionemos a los dueños de los fondos de inversión, lo nunca visto”, se quejó, es, según sus palabras “convertir el sacrificio del ciudadano, a través de sus impuestos, en beneficio de empresas particulares”.
El plan del Gobierno de Cantabria consiste en que, tanto empresas como personas físicas, que no tengan derecho a una vivienda protegida, por superar sus ingresos el límite legalmente previsto, puedan comprar esas viviendas, siempre y cuando las cedan en uso a personas que sí tengan derecho, por su condición económica al acceso a dichas viviendas.
Esto supone, prosiguió el representante de La Unión, que “una empresa puede comprar todo un edificio de protección, como inversión, para luego alquilárselo a familias merecedoras de una vivienda de protección”.
“Fomentar la especulación con un bien de primera necesidad”, es lo que pretende el Gobierno Regional, acusó.
“Las viviendas de protección se levantan con los impuestos de los ciudadanos”, subrayó, que es “como construyen sus viviendas tanto la empresa pública del Gobierno, Gesvican, como la del Ayuntamiento de Santander, SVS”.
“De nuestros impuestos, varios millones de euros al año, se extraen para que ambas empresas construyan viviendas de protección”, recordó.
Con el proyecto del Gobierno Regional, “ese esfuerzo ciudadano se va a entregar a empresas para que ganen dinero a nuestra costa, especulando con nuestros impuestos y con un bien de primera necesidad, como es una vivienda de protección”.
Para La Unión, “el mayor beneficiario de esta estafa a nuestros impuestos es el Ayuntamiento de Santander”, el cual, incidió tiene “un importante catálogo de viviendas construidas con los impuesto de los vecinos, sin vender”.
La empresa pública municipal de Santander, SVS (Sociedad de Vivienda Santander), “tiene entre manos un caos financiero”, pues, recordó “no puede vender las viviendas que ha construido”, como es el caso de las 111 viviendas de La Albericia “más caras que las viviendas libres”.
El Ayuntamiento, pese a tener “la carga financiera” de los pisos sin vender, “se ha lanzado a su propia espiral del ladrillo”, y proyecta construir “aún más viviendas este año”.
En vez de rectificar y “reconocer su clamoroso error de gestión”, continuó, el PP ha ideado el sistema de “poner nuestros impuestos en manos de empresas y fondos de inversión”, a los cuales, afirmó “ya se ha sondeado”, y que son “los únicos dispuestos a invertir haciéndose con edificios enteros, a bajo coste, para alquilarlos después a los verdaderos destinatarios de la vivienda protegida”.
La Unión defiende que “el Ayuntamiento de Santander, obsesionado por dar trabajo a Arquitectos y Constructores amigos, debe dejar ya su actividad de promotor de viviendas”.
“Se pueden hacer todas las viviendas de protección que el mercado pueda asumir”, recalcó “pero sin distraer un solo euro del presupuesto”, a través del sistema que “siempre se utilizó”, cual es “subastar la promoción y construcción entre empresas del sector, para que sean ellas las que asuman la construcción y posterior venta de la vivienda de protección”.