Repulsa nacional contra la Violencia de Género: más de 900 mujeres han sido asesinadas desde 2003

El 25 de noviembre se celebra el 'Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer', por lo que Amnistía Internacional ha realizado un análisis del Pacto de Estado contra la Violencia de Género

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25-11-2017
El 25 de noviembre se celebra el 'Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer', por lo que Amnistía Internacional ha realizado un análisis del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que fue aprobado el pasado 28 de septiembre por el Congreso de los Diputados. De este análisis se desprenden las luces y sombras de este acuerdo, y es que la prevención, la sanción y la reparación de las víctimas de la violencia sexual sigue siendo la gran asignatura pendiente. Por eso, la organización reclama al Gobierno que adopte medidas concretas para abordar un problema que ha acabado con la vida de 916 mujeres desde 2003.

Amnistía Internacional denuncia que "España sigue sin cumplir sus obligaciones internacionales en el marco de la investigación, la prevención, la sanción y la reparación integral de las víctimas de violencia sexual", por lo que considera que la aprobación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género "ha sido una oportunidad perdida para la protección de las víctimas de la violencia sexual"..

"La violencia de género en el ámbito de pareja y ex pareja sigue siendo una grave violación de los derechos humanos en España y quedan muchas cuestiones por resolver", señala la organización. Pese a los avances logrados con la Ley Integral de Violencia de Género de 2004, que reconoce que las agresiones en la pareja o ex pareja han de combatirse a través de una legislación específica, y supone un avance en la lucha contra la trata de personas con fines de explotación sexual, "hay graves problemas en cuanto a la identificación de las víctimas, que carecen de una Ley Integral".

No es la primera vez que Amnistía Internacional denuncia la “falta de recolección de datos agregados” sobre violencia sexual, de forma que es imposible conocer la dimensión real del problema. Según se desprende de la Macroencuesta de Violencia contra las Mujeres de 2015, "1,4 millones de niñas y mujeres han sufrido violencia sexual en algún momento de su vida".

"Los datos facilitados por el Ministerio del Interior sobre violencia sexual son muy limitados, ya que sólo se contabilizan las denuncias presentadas", señala Amnistía. En 2016 se presentaron 8.763 denuncias por delitos contra la libertad sexual, de las cuales 8.147 incluyen agresiones contra la libertad y la identidad sexual (agresiones, abusos, acoso, o contacto con menores a través de tecnología).

Amnistía Internacional lamenta la ausencia de iniciativas por parte de las autoridades públicas, como por ejemplo la existencia de campañas y acciones de prevención, la falta de servicios especializados de atención y recuperación de las víctimas, o la falta de especialización de todos los agentes que intervienen en todo el proceso de atención a víctimas de violencia sexual. La organización da la voz de alarma sobre los "prejuicios discriminatorios que impactan negativamente en los derechos de estas víctimas en el proceso judicial. A diferencia de lo que sucede en otro tipo de delitos, las mujeres víctimas de violencia de género, incluyendo la violencia sexual, se enfrentan habitualmente a prejuicios por parte de las autoridades que ponen en duda la credibilidad de sus testimonios, lo cual introduce una pesada carga para demostrar la veracidad de su relato".

"Fallamos de manera alarmante como sociedad, cuando a las víctimas de violencia de género, y especialmente a las de violencia sexual, se las trata como acusadas, y cuando la noticia es si su relato es veraz o no, como estamos viendo estos días en el juicio que se está celebrando en Pamplona. Con esto, lo único que se hace es provocar una doble revictimización”, señaló Virginia Álvarez, responsable de política interior de Amnistía Internacional España.

Amnistía Internacional recuerda, tal y como establecen los estándares internacionales sobre violencia sexual, que los Estados deben:

- Acometer campañas de prevención de violencia contra las mujeres en todas sus formas.
- Eliminar todas las barreras que impidan el acceso de las mujeres víctimas de violencia sexual a la justicia, y a servicios de asistencia gratuita y especializada.
- Evitar la revictimización en la investigación penal y en todas las etapas procesales, no recurriendo a la discriminación y estereotipos de género.
- Garantizar que se proporcione a las víctimas de violencia, servicios de atención de salud física y psicológica y de asistencia jurídica de calidad.

Aunque la organización valora positivamente la aprobación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, reclama al Gobierno que "concrete medidas, como por ejemplo, el desarrollo de un sistema de atención integral y de urgencia, accesible y de calidad en todo el territorio nacional, con al menos, un Centro de Crisis por cada 200.000 mujeres, y como mínimo, uno por cada Comunidad autónoma, disponible las 24 horas del día, todos los días del año, como recomienda el Consejo de Europa. Algo que no existe por el momento".

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género plantea 212 medidas sobre sensibilización y prevención; educación; mejora de la respuesta institucional, entre las que se encuentran medidas de asistencia, ayuda y protección de la víctima; protección de menores y formación especializada a los diferentes agentes.

"Pero no podemos olvidar que el pacto vuelve a poner encima de la mesa muchas medidas que ya se contemplaban en la Ley Integral aprobada en diciembre de 2004 y que no se han implementado correctamente. El Pacto debe suponer una oportunidad para que España ponga en marcha, entre otras, las recomendaciones de organismos internacionales, y especialmente asegurar la correcta implementación del Convenio de Estambul (ratificado por España en junio de 2014) sobre prevención y lucha contra todos los tipos de violencia contra las mujeres”, manifestó Virginia Álvarez.

Amnistía Internacional valora positivamente que el Pacto ahonde en la necesidad de impulsar la formación y la educación en igualdad como vía de prevención y sensibilización; que el reconocimiento de la víctima no quede supeditado necesariamente a la interposición de la denuncia para lo que se deberá reformar la Ley Orgánica 1/2004 (Ley Integral contra la violencia de género); o que se establezca un plazo de dos años para establecer en todos los juzgados las Unidades de Valoración Forense Integral, hasta ahora infrautilizadas, para mejorar la asistencia, la ayuda y la protección a la víctimas.

La organización también valora de forma positiva que el pacto pida que se garantice una prestación a todos los huérfanos y huérfanas de la violencia de género como medida para proteger a los menores; que se impulse un seguimiento estadístico de todas las formas de violencia contra las mujeres; y que desde las Comunidades autónomas, entidades locales y otras instituciones se evalúe la formación en materia de igualdad de todos los agentes implicados en la protección a las víctimas de violencia de género. “Pero para que esto sea realidad es imprescindible que desde el Gobierno y el resto de organismos e instituciones concernidas se anuncien las medidas concretas y los plazos para implementarlas, muchas de las cuales deberán implicar reformas importantes”.

Sin embargo, Amnistía Internacional lamenta dos grandes ausencias que no han sido recogidas suficientemente en este Pacto. Además de la ausencia de una verdadera política pública para combatir la violencia sexual, el Pacto no aborda la falta de medidas para reparar a las víctimas mediante indemnización adecuada y con garantías de no repetición que tampoco se contemplaron ni en la Ley Integral, ni en la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima del Delito. Si bien se contempla la modificación de esta última ley para mejorar el acceso a información y el acceso a las ayudas, debe realizarse una profunda revisión de la normativa, eliminando todas las trabas que actualmente se encuentran las mujeres víctimas de todo tipo de violencia de género y garantizando que tienen acceso a una verdadera reparación acorde a estándares internacionales de derechos humanos.

Con motivo de la celebración del 25 de noviembre, Amnistía Internacional reclama que se aborde de manera eficaz un problema que ha acabado con la vida de 916 mujeres desde 2003, y con la de 29 menores en los últimos 7 años, y que podría afectar a 2,5 millones de mujeres de los 16 años en adelante, según los datos de la Macroencuesta de 2015.

Mujeres asesinadas por violencia de género 2008-2017

Fuente: Delegación del Gobierno para la Violencia de Género

Diseño: Paulino Vallejo