Se pretende ofrecer a las mujeres una salida a la violencia de género
El Gobierno se suma al protocolo del Ministerio de Sanidad para coordinar los recursos de acogida de las Comunidades Autónomas destinados a víctimas de violencia de género. El Boletín Oficial de Cantabria publica hoy este acuerdo.
30-01-2015
El Gobierno de Cantabria se ha adherido al protocolo de derivación entre las Comunidades Autónomas para la coordinación de sus redes de centros de acogida destinados a mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas dirigido por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) publica hoy este protocolo.
El objetivo del mismo es coordinar los recursos de acogida, determinar las causas que puedan motivar la derivación de una usuaria a un centro de acogida, el establecimiento de un listado común de la documentación exigible para tramitar el ingreso en los centros de acogida y el desarrollo de un modelo de comunicación directa, así como la fijación de criterios comunes sobre la asunción de gastos derivados del traslado.
La violencia contra las mujeres constituye una de las principales causas de violación de los derechos humanos contra las mujeres, pues afecta a derechos tan básicos como la integridad física, la seguridad, la libertad o la igualdad, y es susceptible de alcanzar a todas las mujeres, sin perjuicio de la mayor vulnerabilidad de algunos grupos específicos.
La consejera de Presidencia, Leticia Díaz, asegura que este tipo de iniciativas apuestan por "situar a la mujer en el centro de las políticas públicas de erradicación de la violencia de género", con el fin de atender a sus necesidades reales, alentarla a salir del círculo de la violencia y acompañarla en el proceso de recuperación, con el fin de "restituirla en el pleno ejercicio de sus derechos, ayudándola a construir su autonomía".
Una de las medidas que ha contribuido de manera más significativa a ofrecer a las mujeres una salida a la violencia fue sin duda la aprobación de la Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de Protección. La protección dispensada supuso, en primer lugar, que las mujeres no tuvieran que abandonar sus hogares para escapar de la violencia, facilitando el proceso de recuperación en beneficio propio y, en su caso, de sus hijos e hijas. No obstante, puede haber casos en los que siga siendo necesario proporcionar a la mujer un espacio en el que instalarse de manera temporal, ya sea por la ausencia de un domicilio propio, por razones de seguridad de la víctima o por exigencias del propio proceso de recuperación.
De entre los recursos existentes para atender estas necesidades de protección y asistencia de las mujeres víctimas de violencia de género, así como otras manifestaciones de la violencia contra las mujeres, son los centros de acogida, que, de diversa titularidad y características, se extienden por todo el territorio nacional conformando una red de hecho.
En el marco de un Estado compuesto, las competencias relativas a la lucha contra la violencia de género y otras formas de violencia sobre la mujer se encuentran distribuidas en diferentes niveles territoriales e institucionales, correspondiendo la mayor parte de las competencias a las Comunidades Autónomas, cuyos organismos competentes gestionan los recursos de asistencia y protección a las víctimas en sus respectivos territorios.
Para Leticia Díaz, de esta manera, se consigue ganar en "eficiencia en la gestión de los recursos y en eficacia en la búsqueda de soluciones", lo que requiere, ineludiblemente, de "la colaboración interinstitucional" entre las instancias implicadas.
Coordinación de las respectivas redes de acogida
Las necesidades de protección y seguridad de la mujer conllevan en ocasiones la conveniencia de alejarse de su agresor y comenzar un proceso de recuperación y empoderamiento de tipo multidisciplinar fuera del ámbito de la Comunidad Autónoma de residencia. Para ello, se hace necesario avanzar en la colaboración entre las Comunidades Autónomas para la coordinación y puesta en común de sus respectivas redes de acogida.
Este proceso entronca con diferentes iniciativas que en los últimos años han sido puestas en marcha con éxito por distintas Comunidades Autónomas, en particular el Convenio entre las Comunidades Autónomas para la Coordinación de sus Redes de Centros de Acogida a la Mujer Víctima de Violencia de Género, al que se fueron adhiriendo otras CCAA,así como con las propuestas y reivindicaciones que desde diversos foros se han lanzado para contribuir a la mejora de la gestión de este tipo de recursos.
El 17 de junio de 2013, las Comunidades Autónomas, las Ciudades de Ceuta y Melilla, y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad acordaron en la Conferencia Sectorial de Igualdad iniciar los trabajos que permitieran poner en red los centros de acogida de todas las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, a través de la coordinación de estos recursos en beneficio de las víctimas de la violencia de género y los menores a su cargo, con el fin de mejorar su protección y seguridad, la maximización de los recursos y la mejora de los procedimientos en todo el territorio nacional.
Como proclama la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, la violencia contra las mujeres se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad.
La Constitución Españolaproclama, en su artículo 15, el derecho de todos a la vida y a la integridad física y moral; por su parte, los poderes públicos, en virtud del artículo 9.2, están obligados a adoptar medidas de acción positiva para que estos derechos sean reales y efectivos, removiendo los obstáculos que impiden o dificultan su plenitud.
Las medidas puestas en marcha para erradicar la lacra social que supone la violencia contra las mujeres, medidas preventivas, educativas, sociales, asistenciales, civiles y penales, han contribuido a adoptar políticas adecuadas con un enfoque integral y multidisciplinar, si bien el problema de la violencia contra la mujer está aún lejos de haberse resuelto y su tratamiento exige una respuesta continua y sostenida por parte de los poderes públicos, que por un lado contribuya a mantener los efectos positivos de las políticas adoptadas hasta la fecha, y, por otro, aborde nuevos aspectos susceptibles de mejora.