Un mitin ilegal en una campaña ilegal para un referéndum ilegal: el triple desafío de la Generalitat en el inicio de la campaña
NADIE SE ATREVIÓ a desalojar a miles de ciudadanos que ha se habían dado cita en el antiguo coso tarraconense. Todos los intervinientes dejaron un mensaje claro: "Votaremos".
14-09-2017
El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, transmitió a los responsables de los teatros y locales donde está previsto realizar actos electorales el auto del Constitucional. Antes del mitin de Tarragona, el subdelegado del Gobierno en esta ciudad, Jordi Sierra, advirtió a los propietarios del recinto de que podían incurrir en un delito. Los discursos de todos los participantes en el mitin tuvieron un mensaje claro y unitario: "Votaremos". Nadie se atrevió a desalojar a miles de ciudadanos que ya se habían dado cita en el antiguo coso tarraconense. Un claro símbolo por enterrar toda españolidad de Cataluña. Ahora la plaza de toros se llama 'Tarraco Arena'.
Puigdemont hizo un llamamiento a votar en el referéndum para "poner luz a una oscuridad" y convencer a "los que dudan". El president, que destacó la "unidad" con la que el independentismo llega al 1-O, enumeró todos los intentos del Estado de frenar la consulta, pero dijo que no serán suficientes y proclamó: "Claro que votaremos". "¿A menos de 20 días, alguien cree sinceramente que no votaremos?", dijo desafiante.
También Junqueras aludió a las "amenazas" del Estado y a la fortaleza del independentismo. Asimismo, consideró "importantísimo" movilizar al votante del no. El acto, que era ilegal, por llamar al voto en una consulta no autorizada, fue masivo y los asistentes eran conscientes de que participaban en un acto delictivo. "No tenemos miedo", cantaban y coreaban, al tiempo que disfrutaron de actuaciones musicales para amenizar el evento, como la del artista Èric Vinaixa.
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, defendió ayer que correspondía a los cuerpos policiales decidir cómo actuar ante la celebración del acto de Tarragona, y subrayó que la Fiscalía "no puede llegar a todo".
En la prensa se ha analizado así: el diario EL PAÍS destaca que "el Gobierno de Cataluña se instala en la desobediencia". Por su parte, EL MUNDO dice que "el separatismo abre campaña sin que el Gobierno lo impida". Para LA RAZÓN, "Puigdemont y Junqueras claman por la inhabilitación". ABCseñala que "Puigdemont mantiene el pulso al TC e inicia la campaña electoral del referéndum ilegal". Desde otra perspectiva, EL PERIÓDICO apunta que "el independentismo rezuma euforia al lanzar la campaña", y LA VANGUARDIA señala que "los independentistas inician su campaña para fundar "otro país".
El gran debate, sin duda, ha sido durante estos últimos años el de si Cataluña y su ciudadanía tienen el derecho a decidir y, por tanto, a convocar un referéndum de autodeterminación de manera legal. Algo que, como ha quedado más que claro en todo ese tiempo, no lo podría ser mientras no se reforme la Constitución, que no contempla la posibilidad de que un territorio del Estado pueda separarse, con lo que las instituciones judiciales y políticas deben impedir, por imperativo legal, cualquier amenaza al respecto.
Es por eso y no por cuestiones ideológicas que se dice que el Gobierno central y tribunales de Justicia, así como cuerpos policiales y fiscales, no pueden hacer otra cosa sino cumplir la Ley, ya que, si no, estarían prevaricando o incumpliendo sus obligaciones. Pero en el hipotético caso de que España finalmente autorizara en sus Cortes Generales celebrar un referéndum, como hizo el Parlamento británico con Escocia en 2014, ¿qué ocurriría? ¿Ganaría el 'sí' a la independencia?
Lo que dicen los sondeos
La mayoría de expertos y fuentes de datos corroboran que no. Para empezar, el conocido como el 'CIS catalán', el CEO (Centre d'Estudis d'Opinió), publica continuamente sus sondeos y estudios sobre el tema, preguntando a su población sobre si estarían a favor de la independencia. Sus barómetros siempre dejan claros dos resultados muy importantes: que los catalanes sí están a favor de que se pueda celebrar una consulta legal sobre autodeterminación; pero, por contra, a la hora de responder sobre qué votarían, aseguran mayoritariamente que 'no' a la independencia.
Por ejemplo, sin irnos muy lejos, su estudio de julio de este año refleja que sólo un 44,3% de los catalanes querría la independencia. A la hora de analizar políticamente este sondeo, hay dos teorías. Una, que los resultados, proveniendo de un organismo dependiente de un gobierno independentista como es el actual, sustentado por la antigua CiU -ahora PDeCAT- y Esquerra Republicana, estarían hinchados. El apoyo sería aún menor para la secesión. Y dos: otra teoría considera que el resultado estaría cocinado pero precisamente para que el Estado no tenga miedo a un resultado positivo, como ocurrió con el famoso Brexit de Reino Unido: se pensaba que ganaría de calle el 'no' a salir de la Unión Europea, y por eso no hubo miedo para convocar la consulta ciudadana.
La consulta de 2014
Sea como sea, hay precedentes. Como decíamos al inicio, el 9 de noviembre de 2014 hubo un referéndum, aunque 'light' y muy discutible en cuanto a su legitimidad de resultados. Pero éstos mostraron cómo sólo el 91% de los que votaron querían que Cataluña fuera una entidad parecida a un Estado. Pero es que sobre ese 91% de votantes, no todos dijeron que esa nueva Cataluña fuera independiente, sino también apoyaron que siguiera formando parte de España, aunque con otro estatus. De hecho, sólo el 80% de ese 91% quería la independencia plena del Estado catalán. Aunque parezca un galimatías, no lo es tanto: sino que cuando se dijo que más del 80% de los catalanes quería lograr la independencia, se manipulaban los números. Porque el 80% de los catalanes que votaron sí a la primera pregunta, forman parte sólo de un 91%. Dicho de otra manera, esa cifra debería bajar y representaban sólo el 72% de la totalidad del censo catalán.
Ridícula participación
Después hay que considerar que la baja participación desvirtuaba cualquier resultado: votaron 2.305.290 catalanes, lo que ni se acercó a la mitad de los catalanes llamados a votar, un 41%. El censo electoral estimado era de 6,3 millones porque éste se hinchó con menores de edad, de 16 y 17 años. Para hacerse una idea, el censo oficial actual sería de 5,5 millones, considerando sólo a mayores de 18 años.
En total, votó a favor de la plena independencia un total de 1.861.753 catalanes: un 29.5% del censo adulterado por la Generalitat. Incluso validando los votos de los menores de edad de entre 16 y 18 años, sólo el 32% del total estuvo a favor de la independencia.
El argumento principal usado por el Govern de entonces y el resto de fuerzas independentistas fue que como el Estado español no había permitido un formato de consulta legal, la participación y la movilización ciudadana estuvo limitada. Pero por el mismo razonamiento, la población contraria a la independencia se movilizó aún menos, ante la pantomima que supuso este falso referéndum.
Por esa razón, hay estudios que se han aventurado en dar una resultado aproximado de qué sucedería en caso de un referéndum legal al estilo escocés: entre un 40% y 45% de los catalanes, como máximo, votaría a favor de la ruptura. Otro argumento de peso que emplean partidos como IU o Podemos, que están a favor del derecho a decidir pero apuestan por la actual integridad del territorio español tal y como lo conocemos. Creen que sería mejor permitir un referéndum, esperar la derrota catalanista y así enterrar por siempre -o por décadas- un debate que desgasta a España y a su imagen internacional día tras día.