Así lo ha confirmado su portavoz en la materia y 'número dos' en el Congreso de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, al mismo tiempo que plantea contra la piratería el cierre de páginas con contenidos ilegales, o pide la supresión del régimen especial de derechos para "fines educativos o de investigación científica", tal y como contempla la ley.

Martínez Gorriarán explica que es una ley "complicada" y "muy técnica", con aspectos de "peso político", como la supresión de la 'tasa Google', en su opinión "un disparate de tasa" que probablemente será tumbada por las instituciones europeas. "Sólo le interesa a los grandes grupos de comunicación escrita para tapar sus agujeros por la disminución de las ventas", ha apostillado.

   A su vez, ha presentado un paquete de enmiendas contra la piratería y por una actuación "más eficaz" de cierre contra las páginas con contenidos ilegales.

   Martínez Gorriarán aboga por que cualquier página con contenidos ilegales (que no tienen derechos de reproducción) pueda ser cerrada y el perjudicado, en tal caso, si quiere que acuda a un juez. Según defiende, es la única legislación que se ha demostrado en otros países "eficaz" para acabar con la piratería, "que hace enorme daño a la industria cultural".

GESTIÓN DE DERECHOS DE AUTOR

   Además, plantea entre sus propuestas que no sea obligatorio la gestión de derechos de autor a través de las sociedades de gestión, sino que existan alternativas a las actuales y el propio autor decida qué quiere hacer con sus derechos. "La ley impone a los autores que gestionen sus derechos a través de sociedad de gestión", remarca.

   En cuanto al cobro de derechos de autor, Martínez Gorriarán también critica que sean estas sociedades de gestión las que cobren los derechos de autor. "Queremos que las dos cosas sean voluntarias porque es un clarísimo ataque a la libertad personal y de las empresas", agrega.

   Como profesor de universidad, tampoco ve con buenos ojos que el Gobierno "se haya sacado de la manga" con esta normativa cobrar las citas de textos de autores de investigación y docencia, que las universidades tengan que pagar una cantidad a las sociedades de derechos de autor por usar textos de autores. "Es una aberración, una cosa disparatada", lamenta el diputado de la formación magenta.

   Igualmente, solicita en sus propuestas al texto del Gobierno que se garantice una mayor independencia y profesionalidad de la sección primera de la Comisión de Propiedad Intelectual, así como un establecimiento de tarifas adecuadas, proporcionales, y en base a un código de buenas prácticas.

   "Es una comisión nombrada por el Ministerio de Educación y Cultura, un error típico y lo que hacen falta es una comisión independiente del Gobierno, comisiones independientes. Se incurre en un vicio de origen, y esta comisión es la encargada de decidir cómo se inicia un procedimiento para cerrar una página web. Por lo tanto debe ser independiente para evitar tráfico de influencias", explica el diputado.

   En cuanto a la compensación por copia privada, UPyD tampoco quiere que ésta se cargue a los Presupuestos Generales del Estado y sean los ciudadanos, a través de sus impuestos, los que lo sufraguen. "Hay ciudadanos que pagan sus impuestos por cosas que no usan como ésta", ha lamentado.

   El diputado plantea que la compensación por copia privada la pague el usuario y, si no es posible porque no se puede controlar el uso que se hace de la copia privada, cree que podría estudiarse el papel de las compañías de telecomunicaciones, "que se benefician del tráfico de Internet pero son las que menos aportan".

   Esta normativa se aprobará previsiblemente en el Congreso de los Diputados a mediados del mes de julio para enviarse directamente al Senado, y poder ser aprobada de forma definitiva tras el verano, según han confirmado a Europa Press otras fuentes parlamentarias.

   UPyD, junto con PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), ERC, BNG y Amaiur solicitó en abril, durante el debate de enmiendas de totalidad al texto presentado por el Gobierno, la retirada de este texto, un planteamiento que fue rechazado por PP, UPN y Foro de Asturias. CiU y PNV se abstuvieron en esa votación.