“Los impuestos indirectos se incrementan en 2019 un 3,35% y también sube la recaudación de tasas y precios públicos", denuncia Casares
Pedro Casares anuncia una enmienda a la totalidad del presupuesto que reduce la inversión en 4 millones de euros y mantiene la presión fiscal sobre los santanderinos “con una vigencia de 5 meses hasta las elecciones municipales”
13-11-2018
El secretario general del PSOE y portavoz municipal en el ayuntamiento de Santander, Pedro Casares, asegura que la principal novedad del presupuesto para 2019 es que el actual equipo de gobierno del Partido Popular aumenta la deuda pública de Santander.
Casares afirma que se va a incrementar la deuda pública para mantener los gastos de unos presupuestos electoralistas, “para intentar recuperar la pérdida de confianza de los santanderinos”. De tal forma que en 2019 pedirán un nuevo préstamo bancario de 12 millones de euros, 2 millones más que en 2018.
“Estos no son los presupuestos que necesita Santander para dar respuesta a los jóvenes que se marchan, a los desempleados, a los mayores, a las personas que están en riesgo de pobreza, a la actividad económica, a los barrios” resume el líder socialista.
Y por ello, el PSOE ha presentado una enmienda a la totalidad de presupuesto que reduce la inversión a la vez que aumenta la deuda pública y se incrementan las partidas para amortizar vieja deuda y sus intereses, y mantiene la presión fiscal sobre los santanderinos.
Una enmienda, ha dicho, “a la gestión diaria de Gema Igual en la ciudad”, donde “las cosas más simples no funcionan” como la recogida de basuras o la limpieza de los barrios. “O el desastre que han hecho en el transporte público” subraya.
Históricas reivindicaciones del PSOE
Y así, el portavoz socialista ha enfatizado que “históricas reivindicaciones del PSOE”, como ayudas para libros de texto y material escolar, becas comedor o un programa de ayudas para alquiler social para jóvenes, no aparecen en los presupuestos municipales.
Y tampoco políticas de empleo ni dotación presupuestaria específica para la ciudad, que integre una estrategia global de dinamización de la actividad productiva, comercial y económica de Santander.
Además, Casares denuncia que en la elaboración de los presupuestos no ha habido ni voluntad de consenso, ni participación ciudadana ni diálogo. “Nadie nos ha llamado para aprobarlos, ya no digo para negociarlos” expresaba el edil. Para quien la alcaldesa “no ha guardado ni las formas” y no ha mantenido ninguna reunión ni consulta “ni llamada telefónica” sobre el presupuesto con ningún grupo municipal.
En este sentido, recuerda que “no lo ha hecho ni antes de presentar el presupuesto ni después de presentarlo” por “una sencilla razón”, que es “más fácil” garantizarse la aprobación de los presupuestos con el voto de un tránsfuga que ya lo tienen.
Tampoco ha habido participación ciudadana, a juicio del líder socialista, que considera que la ciudadanía debe poder participar y decidir que inversiones se van a realizar en los barrios más allá de la partida destinada en los presupuestos participativos. Una partida, ha recordado, que la alcaldesa anunció ayer y que demuestra por tanto que ninguno de los proyectos de los presupuestos participativos de 2018 “se va a poder realizar en el año”.
Mantienen la incertidumbre sobre los ingresos
“Han presentado políticas que ni siquiera se creen como la rebaja del IBI del 3% o la tasa de basuras, medidas que el PSOE siempre hemos pedido durante la legislatura y nos han dicho que no eran posibles hasta hoy, y al final de la legislatura parece que si son posibles” denuncia. “Si te suben el IBI de 200 a 400 euros y luego te bajan 12 euros, te siguen subiendo el recibo. Así, el incremento acumulado del IBI descontado la pequeña reducción de este año, es una subida del 70%”, ha dicho.
El líder de los socialistas santanderinos afirma que este Partido Popular “es el mismo” que subió “brutalmente” el IBI, privatizo el agua y ahora dice que no hay que subirlo conforme al IPC como marca el contrato, o que subió tasas de basura un 110%.
En su conjunto, los impuestos directos municipales para 2018, ascenderán a más de 86 millones de euros, un -3,66%. Junto con esto, ha afirmado Casares, “aunque no lo contaron, los impuestos indirectos suben en 2019 un 3,35% hasta alcanzar los 8,4 millones de euros. Y también una subida en la recaudación de tasas y precios públicos del 0,87% hasta superar los 36 millones de euros”.
Así, asegura que “mantienen la incertidumbre” sobre algunos ingresos por el futuro de la plusvalía y mantienen pagos por la anulación del PGOU “cuando nos dijeron que no habría consecuencias y por ejemplo en 2019 habrá que pagar 2 millones de euros por ese convenio con la Fundación Caja Cantabria”.
De la misma forma, Casares señala que el PP “incumple sistemáticamente lo que aprueba”. El Partido Popular, ha explicado el edil, no ha ejecutado el 30% de lo que presupuestaron en 2017, y por el lado de los ingresos el 26%, “cifras elevadísimas”. Y como ejemplo de la no ejecución presupuestaria, ha señalado que en la partida de inversiones en el presupuesto cerrado de 2017 “el 75% de las inversiones previstas no se llevaron a cabo, más de 70 millones de euros sin invertir, sumando los remanentes de años anteriores”. Señalando a su vez, que en base al informe del Interventor General, a 30 de septiembre de 2018, el 55% de las previsiones de gastos del presupuesto de 2018 “están sin ejecutar”.
También destaca que el proyecto de presupuestos para 2019 mantiene débiles políticas sociales y copagos como los de ayuda y comida a domicilio.
Asimismo Casares asegura que “no se pueden apoyar unos presupuestos” que tienen 200.000 euros para el Pacto por el Empleo y contemplan un año más contratar los desempleados a través de SANTURBAN “para pagar de menos a los parados”. “Algo que es ilegal y que este año ha llevado a la alcaldesa a perder las subvenciones para contratar jóvenes o que todavía no se hayan contratado a los 200 desempleados de la orden de Corporaciones Locales como sí que han hecho todos los ayuntamientos de Cantabria”.
Por último, Pedro Casares asegura que más de 60 millones de euros los gestionan empresas privadas “que antes eran de gestión pública”, como las que se destinan a servicios como el de Transportes Urbanos con ALSA, la recogida de basuras, parques y jardines, la grúa, el servicio del agua, informática, multas, o recaudación.