Edita: Cantabria Ediciones On Line 24 horas. Director: José Ramón SAIZ FERNÁNDEZ
Diario Digital controlado por OJD

EL OBJETIVO DE REACTIVAR EL APARATO PRODUCTIVO

Por ENRIQUE GOMARIZ

Enviar a un amigo

La sociedad española se encamina hacia una situación altamente contradictoria que apenas comienza a percibirse entre el público general. Sólo los economistas más informados son ya plenamente conscientes del conflicto en curso. Tampoco es que sea precisamente una novedad; de hecho, aparece en todas las graves crisis económicas: se trata de la contradicción entre crecientes demandas de servicios públicos, lo que supone un aumento del gasto, y la reactivación del aparato productivo, que descansa en la empresa privada y en su consiguiente búsqueda de rentabilidad económica.

Desde luego, esos dos elementos no siempre son claramente contradictorios y si, por fortuna, se asocian positivamente, dan lugar a períodos de prosperidad notable. Así sucedió en los años cincuenta, sesenta y parte de los setenta en Europa. Fue la época dorada de la configuración del Estado de Bienestar. Pero cuando alguno de esos dos elementos se desajusta por motivos económicos (sean de recursos, como en 1973, o financieros como en 2008), adquieren un carácter contradictorio durante un período más o menos largo.

La novedad actual, con la pandemia del coronavirus, reside en que resulta muy evidente la enorme necesidad de servicios públicos consistentes, especialmente en el campo sanitario. Diversos grupos sociales, incluyendo sectores de los profesionales de la salud, están alzando la voz para reclamar un aumento considerable de la cantidad de servicios públicos, algo que respecto de la salud suele plantearse en términos de hacer público todo el sistema. Y muy pocos se preguntan si ello es sostenible financieramente. Las necesidades están muy claras, sobre todo ante la posibilidad de nuevos rebrotes de la pandemia. El gasto que ello supone no parece que sea tan claro para todos.

Por otra parte, es necesario dejar patente que, ante una pandemia como la actual, nunca será suficiente el fortalecimiento del sistema sanitario. O, dicho en sentido contrario, no hay un sistema de salud, por fuerte que sea, que pueda enfrentar una reproducción exponencial del coronavirus. Una lección que hemos aprendido es que el verdadero dique a la expansión de la Covid-19 está fuera del sistema de salud: reside en la capacidad social de tomar medidas para reducir la rapidez del contagio.

Pero una vez que se desató el diluvio, la necesidad de fortalecer la sanidad es incontestable. La pregunta de fondo es si hay que ponerle un límite al gasto en salud, o debemos aceptar la idea de que es un pozo sin fondo en términos financieros. Y esa pregunta debe extenderse al conjunto del Estado de Bienestar.

Ahora bien, por el otro lado, los empresarios -grandes, medianos y pequeños- están ante un panorama bastante oscuro. Las cifras de empresas que no resistirán hasta fines de año son realmente apocalípticas. Dependiendo del sector, se estima que cerrarán entre un 20% y un 70% de las unidades productivas del país. Las recetas para evitar esa catástrofe no son precisamente novedosas: apoyo desde el Estado para reducir daños inmediatos y pronta recuperación de las ganancias. Sin perspectiva de rentabilidad, el capital no invierte. Esa es una ley de hierro de la economía. Y la alternativa populista es mucho peor: ya sabemos que colocar buena parte de la economía en manos del Estado es poco pan para hoy y mucha hambre para mañana. Incluso no tener claro cuáles serán las reglas del juego, eso que elegantemente se llama seguridad jurídica, crea enormes reticencias en el capital, cuando no provoca su fuga. Se estima en 22.000 millones de euros la suma que ha abandonado España este primer semestre.

Así las cosas, el apoyo inicial del Estado y la recuperación de la rentabilidad en los negocios, pueden convertirse a muy corto plazo en dinámicas contradictorias. Unas arcas públicas llenas de déficit y deuda como las españolas, no aguantarían bien una reducción de impuestos que, del otro lado, sería fundamental para el resurgimiento empresarial, sobre todo de los más pequeños.

En esta situación, la llegada de fondos europeos supondrá un respiro providencial. Pero como ha advertido el vicepresidente de la UE, Josep Borrell, “la ayuda europea no será gratis”. Una parte de esa ayuda llegará en forma de préstamos que habrá que pagar (algo que pesará sobre las próximas generaciones). Y la otra parte, en forma de donaciones, llegará con condiciones. Obviamente, hay una división al respecto entre Gobierno y oposición: el primero no quisiera condición alguna, y la oposición tiene temor de que Sánchez -y sobre todo Iglesias- quieran usar los fondos para reflotar su perfil. Una razón más para mantener la división política.

Es posible que la propia UE ponga como condición que el uso de los fondos se haga sobre la base de un acuerdo entre los grandes partidos, PSOE y PP. Y quizás eso obligue a crear consensos puntuales a pie forzado. Porque lo cierto es que la posibilidad de que surja un gran acuerdo nacional desde España parece cada vez más difícil. Cuando se convocó la Comisión para la Reconstrucción se asociaba con frecuencia al recuerdo de los pactos de la Moncloa. Tres meses después nadie se hace ilusiones al respecto. Más bien la Comisión para la Reconstrucción va a concluir en un fracaso a ese respecto. PSOE y Podemos están preparando un documento de conclusiones por su cuenta y Vox ha decidido responder abandonando directamente la Comisión. Si la Comisión pareció en algún momento como un posible instrumento para la convergencia, ha sido la divergencia quien ha descabalgado los resultados de la Comisión.

Mientras tanto, la cumbre de empresarios que se celebra en Madrid hace advertencias a diestra y siniestra. La portada del diario El País de este martes 21 de junio anunciaba a grandes titulares: “La patronal presiona al PP para que pacte con Sánchez contra la crisis”. Una completa media verdad. Porque la patronal también está presionando, incluso con más fuerza, al Gobierno de Sánchez. Por eso su portavoz, María Jesús Montero, admitió la semana pasada que el programa del gobierno de coalición debería reelaborarse a la vista de la complicada situación económica que seguirá la crisis sanitaria.

En suma, no parece que habrá pacto de Estado entre las principales fuerzas políticas, salvo a excepción de algún acuerdo en torno a la política sanitaria. Y las ayudas europeas sólo conseguirán acuerdos puntuales. Mientras tanto, las dos tendencias contradictorias (aumento del peso del aparato público y aligeramiento del mismo a favor de la recuperación de los negocios) van a chocar descarnadamente por muchos meses y quizás años.

Otros artículos: