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EL BREXIT DURO

Por ROGELIO PEREZ BUSTAMANTE

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Todo parece que cuando acabe este año de gran infortunio -annus horribilis- comenzaran las graves consecuencias que conllevará una ruptura sin acuerdo entre Inglaterra, arrastrando a toda la Gran Bretaña y la Unión Europea. Ciertamente la relación de Gran Bretaña, con el proyecto de la Europa Unida, está más bien marcada por desencuentros. Cuando en 1950 Jean Monnet diseñó la Declaración fundacional de la Unión Europea, contando además con la aceptación de los Estados Unidos, pretendió unir a Gran Bretaña en este proyecto y consecuentemente en el primero de los Tratados, el Tratado CECA. No fue menor el esfuerzo de los países fundadores para atraer a Gran Bretaña al Tratado del Mercado Común, a lo que Gran Bretaña contestó creando la competidora Asociación de Libre Comercio -EFTA-.

Pasaron 13 años para que Gran Bretaña se vinculase a la Comunidad Económica Europea (CEE) en 1973 pero apenas pasarían dos años para que en 1975 realizasen su primer referéndum de permanencia. Hubo entonces una victoria en favor del sí, dominado entonces por una corriente de euroentusiasmo, fundada en un claro apoyo laborista que el gobierno de Margaret Thatcher se encargaría de dilapidar en las décadas siguientes.

En 1992, con la firma del Tratado de Maastricht, se creó la Unión Europea y aunque en el Reino Unido se levantaron voces en contra de su participación en la integración política, el Reino Unido optó por sumarse con un tímido entusiasmo, tras dejar en el camino a la propia Margaret Thatcher. El compromiso de la Unión Europea con el proceso integrador parecía imparable. Sin embargo, Gran Bretaña se resistió a los grandes avances propuestos como la adopción del euro y la participación en el área Schengen, que permitiría el libre flujo de personas sin estrictos controles de pasaportes.

En este escenario, la Unión Europea parecía un proyecto a perpetuidad, puesto que sus Tratados no incluían una cláusula que hiciera posible la salida de sus miembros. Fueron en las negociaciones del fallido Tratado Constitucional donde se vio enormemente positivo incluirla, por si alguno de los Estados de Europa Central y Oriental, que no tuvieran muy claros los valores europeos, decidieran retirarse. El ideólogo de la cláusula fue, precisamente un británico, Sir John Kerr, quien nunca pensó en que su país fuese el primero en invocarla.

La nueva cláusula jurídica entraría en vigor en 2009, con la ratificación por parte de todos los Estados del Tratado de Lisboa, por el que la UE cristalizó su Artículo 50 del Tratado de la Unión el derecho que permitiría a los Estados miembros optar por salir de la Unión. Con la llegada al poder en el Reino Unidi de David Cameron, se dieron alas a la posibilidad de convocar un referéndum sobre la permanencia o no de los británicos en la Unión Europea, aceptando las demandas del ala más euroescéptica del partido conservador británico, heredero de la vieja corriente Thatcherista. Cameron cumplió en 2012 su promesa de campaña y celebró el referéndum en una contexto viciado y lleno de falsedades, en el que la Unión Europea no quiso intervenir, para hacer frente a las manipulaciones, intervenciones exteriores políticas e injerencias económicas interesadas que buscaban debilitar o erosionar el poder de la Unión Europea.

Los británicos se pronunciaron el 23 de junio de 2016 por una escueta mayoría en favor de abandonar la Unión Europea, triunfando el Brexit. Comenzarían, con ello, los preparativos en el seno de la Unión, para evaluar los términos de la eventual salida británica, sopesando las dos alternativas: la de un Brexit suave, -soft Brexit-,o la de un Brexit duro, -hard Brexit-.

Tras tres años de duras negociaciones, en febrero de 2020, la bandera del Reino Unido dejó de ondear en las instituciones europeas. El país, desde entonces, ya no participa en las decisiones políticas en la UE, no existe un miembro de la Comisión Europea británico, ni acude su Jefe de Gobierno al Consejo Europeo y tampoco participan sus ministros en el Consejo para decidir y aprobar la normativa junto al Parlamento, que por su parte ya no tiene diputados británicos. Gran Bretaña ya no puede decir aquello de “Bruselas nos ordena” o “Bruselas se aprovecha de nosotros”, porque ya en no están. Solo la Cámara de los Comunes del Reino Unido decidirá cómo se gobernará Gran Bretaña en el futuro, sin tener en cuenta las normas que emanen de la Unión y que facilitan un entendimiento jurídico con el resto de los europeos.

La más que probable posibilidad de que lleguemos a un Hard Brexit sigue estremeciendo a buena parte de los técnicos negociadores de la Comisión, con Michel Barnier a la cabeza, porque el escenario no se ha clarificado. La aprobación y ratificación del Acuerdo de Retirada, con una duración transitoria muy limitada, ha facilitado durante el año 2020 un soft Brexit. Aunque Reino Unido haya salido de la Unión Europea el 1 de febrero de 2020, la entrada en vigor del Acuerdo ha posibilitado que no salten las alarmas porque se mantienen los intercambios comerciales con normalidad, las políticas migratorias se encuentran alineadas con la Unión Europea y la salvaguardia de los vínculos con la Europa continental, en especial respetando las normas y permaneciendo en el seno de la Unión Aduanera y de las libertades que establece el Mercado Común.

Los británicos podrían haber solicitado una prórroga del Acuerdo de Retirada más allá del año 2020, para haber permanecido, en esta feliz y dichosa calma que precede a la tempestad, durante un breve tiempo adicional, puesto que el país va a precisar ingentes esfuerzos técnicos, económicos y humanos, para luchar contra las consecuencias del coronavirus. No obstante, la eficacia del Acuerdo de Retirada transitorio decaerá el 31 de diciembre a las 23:59 horas de Bruselas, lo que conllevará un cambio brusco en las relaciones, si no hay otro acuerdo de Libre Comercio aprobado para entonces.

Desde el 1 de enero de 2021, en caso de no existir un acuerdo de libre comercio entre ambos bloques tendrá lugar el conocido como Hard Brexit, en el cual Reino Unido perderá el acceso directo al mercado de consumo de la UE y todos, absolutamente todos, los productos británicos tendrían que someterse a procedimientos aduaneros para ingresar a la UE. La burocracia, tan temida por los británicos, va a ser la protagonista desde entonces, porque para las más de 240.000 empresas que comercian exclusivamente con la Europa continental va a suponer un verdadero problema.

Conocer estos detalles ha supuesto que el Gobierno publique en julio de 2020 un pormenorizado estudio titulado: La frontera con la Unión Europea, -The border with the European Union- con más de 200 páginas, donde desarrolla con pulcritud la documentación aduanera a presentar en frontera, que incluirá todo un abanico de certificaciones de exportaciones e importaciones; declaraciones de IVA y accisas (como impuestos especiales sobre alcohol, tabaco y energía); seguridad y sanidad. Se estima un total de más de 200 millones de formularios al año y, previsiblemente serán en papel, así que se pueden ir preparando las industrias madereras porque van a hacer falta ingentes cantidades de celulosa, hasta que desaparezca el papel impreso, y esto solo es una anécdota.

Estas actuaciones no saldrán gratis, se estima que para el sector privado supondrán unos costes de 7.500 millones de libras anuales a ambos lados del canal, en especial para el sector logístico y del transporte que adicionalmente tendrán demoras, largas caravanas y retrasos en fronteras, mientras que para el sector público, la factura supondrá unos 3000 millones de libras anuales, ya que habrá que contratar hasta 50.000 funcionarios aduaneros para que asuman la expedición de las pertinentes autorizaciones y ejecuten el chequeo en los puertos, aeropuertos y pasos fronterizos que conecten con los países de la Unión Europea.

Por otra parte, en caso de no existir acuerdo de libre cambio en vigor, en Irlanda tendrá que instaurarse una frontera para controlar todo este ingente tráfico y la opción más dura requeriría que Gran Bretaña realice sus intercambios comerciales con los países de la Unión y otras naciones bajo las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Prefiero no entrar ahora en el tema de Gibraltar que ya ha empezado a pasar facturas políticas y económicas a España.

Asimismo, se estima una reducción de entre un 5,4% y un 9,5% del PIB nacional, por el impacto del Brexit duro, sumado a las consecuencias del Covid-19. Además, el Reino Unido tendrá que pagar alrededor de 20 mil millones de libras por deudas contraídas con la Unión Europea, teniendo especial dificultades para reemplazar los ingresos comerciales perdidos por su retirada de la UE ya que dejará de contar con un libre cambio absoluto, con un mercado de consumo de alrededor de 440 millones de personas y un PIB cercano a los 12 billones de euros. Los británicos que instigaron el Brexit ya eran conscientes de que alrededor del 44% de las exportaciones iban a países de la UE y que su comercio de exportación con la UE está vinculado aproximadamente al 12,5% del PIB del Reino Unido, mientras que el comercio de la UE con los británicos está vinculado a solo el 3% de su PIB.

Es verdaderamente triste, cuanto menos, observar que el Brexit vaya a suponer una verdadera crisis creada y orquestada desde las élites británicas contra los ciudadanos de su propio pueblo. Algunos pueden destacar que el Reino Unido desde el 1 de enero de 2021 podrá expandir el comercio sin restricciones en todo el mundo, pero no es menos cierto, que les resultará enormemente difícil igualar el poder de negociación de una UE con 27 Estados miembros que tiene actualmente más de 50 acuerdos comerciales con bloques económicos de todo el mundo.

Algo que tanto anhelaban los líderes conservadores británicos era reanudar la gestión completa de la inmigración y los viajes de los no ciudadanos dentro de sus fronteras. A partir del 1 de enero de 2021 ello exigirá a los ciudadanos europeos que quieran residir y trabajar en Reino Unido un visado, cuya obtención va a depender de su fluidez con el inglés y de la oferta de trabajo que porten. No se otorgará visado a aquellos ciudadanos con un nivel deficiente en el idioma o que no posean previamente una oferta remunerada. Se acabó el ir al Reino Unido a buscar un trabajo y aprender inglés, porque se deberá llevar previamente la oferta de trabajo. Los británicos en suelo continental, que quieran residir y trabajar en cualquiera de los 27 Estados miembros de la Unión, tendrán que tramitar un visado, e igualmente hablar el idioma nacional, y pasar por trámites que ello conlleva para su expedición, además, aquellos que estuviesen afincados en cualquiera de los Estados miembros de la Unión, deberán registrarse y asumir que su país cierre acuerdos de colaboración con en materia de seguridad social y pensiones, para poder seguirlas percibiendo con normalidad y siendo atendidos en los servicios de salud, como hasta ahora.

Los jóvenes perderán la posibilidad de pasar un año de Erasmus en Reino Unido, estudiando y los estudiantes británicos de poderlo hacer en Universidades europeas bajo los acuerdos de la Unión en materia de reconocimiento de titulaciones. Diplomáticamente, el Reino Unido ya no negociará de manera unificada con la Unión Europea sobre temas de importancia mundial, volverán a defender su interés nacional por encima de todo y, además, tendrán que hacer sus propios arreglos en materia de seguridad, sin contar con los europeos. Todo un hito soberano.

Algunos dijeron que el Brexit iba a generar más beneficios a los británicos que pérdidas, pero bajo los aspectos que hemos analizado, los que pierden son los ciudadanos y los que ganan son los políticos británicos que no están sujetos a rendir cuentas ante las instituciones comunitarias de su actuación nacional. Boris Johnson puede estar satisfecho de haber simplificado su gestión reduciendo su obra al desenlace del Brexit, y, al mismo tiempo, complicado la de sus compatriotas, aproximando a una generación entera a una crisis “made in Britain”. Aun así, la Unión Europea está obligada a dejar entreabierta la puerta, que violentamente los británicos parecen dispuestos a cerrar de golpe en los finales de este annus horribilis, con aquel grandioso Imperio que fue la Gran Bretaña.

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