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40 AÑOS DE ESTATUTO: INICIOS CON FUERTES TURBULENCIAS

Por JOSÉ RAMÓN SAIZ

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El 31 de enero de 1982 –se cumplen ahora cuarenta años- entró en vigor la Ley Orgánica del Estatuto de Autonomía para Cantabria, aquel que fue posible en 1981 y que se reformó a fondo en 1998 desde la iniciativa de la Cámara Legislativa cántabra. Es importante conocer, por tanto, el calendario por el que transitó la Ley Orgánica del  Estatuto de Autonomía: aprobada por las Cortes Generales el 15 de diciembre de 1981,  el 30 del mismo mes era sancionada por el rey; el 11 de enero de 1982 se publicó en el Boletín Oficial del Estado y el 31 de enero entraba en vigor con la recuperación automática del nombre de Cantabria, de acuerdo con lo previsto en su disposición final.

Conviene evocar algunos de los hechos que acontecieron en aquellos inicios para darnos cuenta de la transformación de la autonomía desde 1982 a nuestros días. Con carácter previo, manifiesto que este testimonio lo hago en primera persona como testigo destacado de aquellas jornadas inaugurales, en las que había que colocar los cimientos de un edificio que carecía de diseño alguno. Se partía de cero en la institucionalización de la nueva Cantabria que dejaba atrás la nomenclatura de Provincia de Santander, vigente desde 1833. Confieso que mucho se realizó en base a la improvisación, sustentada en buena parte en la ilusión y el sentido común. Casi con seguridad, la ruptura en el grupo de UCD nos llevó a esa improvisación que, afortunadamente, se superó eficazmente.

En cualquier reflexión sobre el funcionamiento del Estado, debe tenerse en cuenta que las autonomías uniprovinciales (a excepción de Madrid) cuentan muy poco a nivel del Estado. La razón para nosotros es obvia: nuestra población solo da cobertura para elegir cinco escaños en el Congreso de los Diputados y a falta de estructuras institucionales donde todas las autonomías puedan estar en pie de igualdad, los partidos centrales del sistema miran o miman a las comunidades autónomas en base a lo que representan en escaños  y su valor numérico en el conjunto nacional.

La opción de Cantabria por una autonomía provincial vino favorecida por el pacto UCD-PSOE formalizado tras la aprobación de la Constitución de 1978 y las elecciones de 1979, un pacto en este momento mucho más fortalecido al existir unanimidad en cuanto a criterios autonómicos entre los seis nuevos parlamentarios de UCD,  hecho decisivo del proceso que, a su vez, debemos analizar o comentar tres consideraciones previas: los últimos años del franquismo, especialmente en materia de comunicaciones, fueron nefastos para la Provincia de Santander; segundo, desde capital se tardaba, hasta avanzados los noventa e incluso llegado el nuevo siglo, cinco horas en llegar a Oviedo o a León y, finalmente, la opción castellana se caía por su propio peso, no solo por el centralismo de Valladolid sino por la nula operatividad para Cantabria en cuanto a formar parte de una misma comunidad con provincias como Segovia, Ávila o Zamora. Si el debate autonómico se celebrara ahora mismo, con Oviedo y León a hora y media, probablemente la comunidad autónoma más forzada desde el poder político de Madrid sería la constituida por Asturias, León y Cantabria, que tienen como nexo de unión los Picos de Europa, tan fuerte demográficamente que el País Vasco y Galicia.

Del abandono centralista de la provincia de Santander en materia de comunicaciones en los últimos años del régimen franquista, no existe duda alguna. Solo hay que repasar las informaciones en Hoja del Lunes bajo la dirección de Juan González Bedoya para conocer a fondo ese panorama de absoluta soledad en inversiones. Puede servir este ejemplo: el 16 de octubre de 1982 –se cumplían seis meses de rodaje autonómico-  el Gobierno central –ya en vísperas de las elecciones generales del 28 de octubre-  inauguró un tramo de carretera “provincial” que incluía un túnel en Las Caldas de Besaya. No había atisbo de Accesos a la Meseta en forma de autovía. Carretera “provincial” a “secas” con algunos reformados.  No voy a tratar aquí –ya lo he hecho con todo detalle en el libro Cien Años de Asociación de la Prensa- lo que pudo significar en su conjunto la línea informativa de La Hoja en estos años en favor de un Estatuto o de una alternativa más o menos definida de regionalización.

Fueron años aquellos en los que se anunció a bombo y platillo por varios ministros –Silva Muñoz, López Rodó y Fernández de la Mora, creo recordar- que había llegado la hora de Santander, pero lo cierto es que nunca llegó en forma de inversiones y menos en infraestructuras. De la Mora, hombre de crepúsculos y frases, nos dejó esta perla “voluntad de perfección sí, pero en la continuidad”. Menos mal que Juanito Navarro actuaba en Santander con aquella obra de “¡Que vista tiene Calixta!”. Sin duda.

Recordando el proceso autonómico en la antigua provincia de Santander, solo el Partido Comunista había presentado en la campaña de las elecciones de junio de 1977 una propuesta propia de autonomía, un tiempo en el que una asociación como ADIC reconocida en mayo de 1976 (cuando el aparato franquista seguía intacto), concentraba sus propuestas en la exigencia de un concierto económico, sin referencia alguna, en ese tiempo, a un Estatuto de Autonomía.  Las Cortes surgidas de los comicios de 1977, aunque no habían sido convocadas como constituyentes, elaboraron una Constitución que dio solución a estas demandas y en su Título VIII estableció una nueva organización del Estado en comunidades autónomas.

  1. 1.     EL PRIMER GRAN PROBLEMA DE LOS INICIOS.

 

Celebrada –y aprobada por amplia mayoría- la investidura de José Antonio Rodríguez  el 15 de marzo, el Real Decreto de nombramiento no apareció en el BOE hasta el  7 de abril.  Un trámite constitucional de no más de 48 horas, se transformó en una acción intolerable del entonces Presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo. Se trataba por su parte de lograr que cesaran como concejales los diputados que no habían dado su voto a Leandro Valle, candidato oficial de UCD, ya que si los protagonistas “díscolos” perdían esta condición automáticamente cesarían como diputados de la antigua Diputación Provincial. Fueron tres largas semanas en las que el criterio partidista de Calvo Sotelo se puso por delante del propiamente constitucional.

Fue una confrontación institucional que reflejó bien a las claras el abuso del poder central frente a la primera autonomía uniprovincial con Asturias. Evidenció, sin duda,  que Calvo Sotelo -que no se destacó precisamente por apoyar la autonomía para Cantabria- protagonizó este pulso absurdo contra el sentido común aún siendo consciente, a efectos jurídicos, que no tenía más opción que asumir la investidura del Presidente electo y elevar al rey para su ratificación el RD correspondiente.

Claro, que pueden preguntarme en qué me baso para afirmar que Calvo Sotelo nunca quiso la autonomía de Cantabria. Lo explico. Como testigo de la Transición y de la etapa presidencial de Adolfo Suárez, evocaré dos hechos probados que me parecen suficientes. Por un lado, en el comité ejecutivo de UCD en el que se trató sobre las aspiraciones cántabras de un Estatuto de Autonomía tuvo que imponerse Adolfo Suárez para dar luz verde al proceso; sin embargo,  los llamados barones -entre los que se encontraba su sucesor en la Moncloa-, deseaban paralizar el acuerdo de Estatuto de Autonomía por lo que significaba como autonomía uniprovincial y su desconexión de Castilla.

Hay otro dato no menos trascendente que tuvo de protagonista a Justo de las Cuevas., miembro de la ejecutiva nacional y presidente de la Asamblea Mixta que redactó el primer borrador de Estatuto.  Cuando una vez aprobado acudió directamente a visitar a Landelino Lavilla, presidente del Congreso,  para que se iniciara su tramitación parlamentaria, el presidente de la Cámara preguntó a De las Cuevas si el Presidente del Gobierno había dado el visto bueno, a lo que sin pestañear respondió afirmativamente, consciente de que si el partido había aprobado su texto era con el placet del Gobierno de Calvo Sotelo. Así salvó De las Cuevas un escollo que de haber ofrecido otra respuesta hubiese cambiado, probablemente, su futuro. Hay que tener en cuenta que Calvo Sotelo, tras el golpe de estado del 23-F –sin estar aprobado el Estatuto de Cantabria- intentó frenar las autonomías uniprovinciales a través de la famosa LOAPA -fracasada en el Tribunal Constitucional- que intentaba armonizar (y controlar) el Estado autonómico.

AUTONOMÍA VEJADA POR EL PODER CENTRAL.

Fracasada toda la operación Calvo Sotelo, durante los primeros meses de andadura se puede escribir que tuvimos una autonomía permanentemente vejada por el poder central. Por un lado, el Gobierno del Estado no estuvo representado en la toma de posesión de José Antonio Rodríguez y hasta  septiembre no se nombró el primer Delegado del Gobierno, cargo de obligado nombramiento constitucional. Además, durante los primeros meses no estuvo presente la  bandera de Cantabria en las oficinas públicas de la Administración del Estado. Por otra parte, los ministros de Calvo Sotelo acudían antes a la sede de UCD que a la de las instituciones autonómicas, hecho que, sin embargo, propició “plantes” necesarios como el que se hizo al ministro Mayor Zaragoza en la reivindicación lograda de la Facultad de Derecho que felizmente se puso en marcha en el curso 1982-83.

Aún así, este mismo año de 1982 se pactaron las primeras transferencias a la Comunidad en una reunión que presidieron el ministro Rafael Aras Salgado y José Antonio Rodríguez, cuyos resultados se debieron mucho al trabajo del consejero de Economía, Serafín Fernández-Escalante gracias a sus excelentes relaciones con el segundo nivel del ministerio de Administración Territorial

Como miembro del primer Gobierno, recuerdo de aquellos inicios la tremenda lucha para popularizar el nombre de Cantabria y que esta denominación se difundiera adecuadamente en los medios de comunicación nacionales desde el debido respeto a la letra del Estatuto o, el “sufrimiento” de observar día a día cómo las instituciones públicas -sobre todo las del Estado- no reconociera en sus edificios públicos la bandera oficial definida igualmente en el Estatuto a pesar de las numerosas reclamaciones. Viejas historias, muchas de ellas ya superadas, porque en estos cuarenta años todo se ha ido asentando y son muchas las generaciones que solo conocen el actual status político-administrativo de nuestro territorio.

Uno de los acuerdos programáticos más decisivo fue el de optar por un modelo de autonomía funcional, obviando todo gasto innecesario. En este sentido, optamos por dos decisiones que con el tiempo se han variado radicalmente: coste bajo de la Asamblea Regional con dietas y no sueldos (se mantuvieron las de la Diputación Provincial), en un pacto creo que muy provechoso con la Mesa de la Asamblea y, segundo, que los directores generales fueran funcionarios de carrera, imposición esta que limitaba mucho el poder de los consejeros y, por tanto, de los partidos políticos.  Decisiones como éstas nos permitieron un primer presupuesto netamente inversor -65 por ciento del total- que hoy apenas supera el 30 por ciento con una deuda superior a los seiscientos mil millones de las antiguas pesetas (3.500 millones de euros). Si se me pidiese opinión en que se ha transformado cuarenta años después la autonomía contestaría indicando que estamos ante una burocratización absoluta que ha marginado la esencia más enriquecedora del autogobierno: la simplificación administrativa.

 Aceptando que una buena cantidad de ciudadanos consideran que el Estado autonómico es caro  -y llevan razón con el gasto innecesario que se realiza- se precisa reafirmar un principio que es esencial: la autonomía es aconsejable y necesaria, porque no conviene que intervenga en cada decisión más que quien es sujeto y ello no solo por una razón puramente económica. En este sentido, Cantabria ha ido perdiendo las bases que apostaron, a partir de 1982, por una autonomía funcional, que no resultara abusiva para el ciudadano y eso que con la línea marcada entonces se han evitado gastos escandalosos en televisiones autonómicas, consejos, empresas públicas (actualmente muchas de las que existen son innecesarias), embajadas, etcéteraPero siendo esto importante, se ha errado poderosamente en asumir transferencias de competencias con graves déficits que hemos tenido que cubrir con los dineros de los cántabros

(Continuará).

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