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PP Y CIUDADANOS AL FRENTE DE LA JUNTA PAGARÁN LOS ABOGADOS DE LOS SOCIALISTAS ENJUICIADOS POR LOS ERFES

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LEEMOS EN EL PAÍS La Junta de Andalucía pagará al menos 924.000 euros a una veintena de procesados en el juicio de la rama política de la macrocausa de los ERE. El Gobierno autonómico (PP y Ciudadanos) abonará la minuta de los abogados de una veintena de ex altos cargos socialistas acusados, una factura que la expresidenta Susana Díaz evitó afrontar pese a que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) le instó a ello en 2016. Ahora el Ejecutivo del popular Juan Manuel Moreno pagará la defensa de 20 ex altos cargos —a la espera de sentencia tras celebrarse en 2018 la vista con 152 sesiones— después de que un informe interno de los servicios jurídicos recomiende el abono de 83.400 euros a la exministra procesada Magdalena Álvarez. Esta pidió el pago de una minuta a sus letrados de 255.286 euros, pero la Junta la ha rebajado a la tercera parte basándose en el baremo del Colegio de Abogados de Sevilla. Un portavoz de la Junta ha puntualizado que el pago se hará “por obligación” después de las sentencias del TSJA. "¿Por qué ahora si las sentencias son de 2016? Pues porque los imputados han recopilado sus gastos tras el juicio para que les sean abonados", añade este portavoz. Y dado que la Administración mantendrá un criterio simétrico respecto a los procesados, abonará la minuta de todos los que ya han reclamado o reclamen. A la veintena de dirigentes y técnicos procesados puede sumarse el expresidente Manuel Chaves, pero este tomará una decisión al respecto tras la sentencia, afirman fuentes de su entorno. Sin embargo, la posibilidad de que exija dinero su sucesor, José Antonio Griñán, es remota ya que en su día pidió el reconocimiento del derecho a reclamar y no recurrió la negativa de la ministra de Hacienda y entonces exconsejera andaluza María Jesús Montero, confirma su abogado José María Mohedano. La Junta abonará los 924.000 euros con dos matices relevantes: el millón corto probablemente se duplicará o triplicará, ya que la cifra está calculada solo por el coste de la defensa en la vista oral que cada procesado debe percibir: 46.200 euros por esas 152 sesiones. Y en segundo lugar, en caso de que alguno de los 21 ex altos cargos —todos menos el exsecretario general de Hacienda Antonio Estepa, exculpado al final del juicio— resultara condenado, el dinero será devuelto a la Administración. La Junta también pagará el coste de los abogados durante la fase de instrucción, que para algunos miembros de la excúpula socialista como Chaves o el exvicepresidente Gaspar Zarrías comenzó en 2013 y finalizó en 2016 tras pasar por el Tribunal Supremo. Al abono a la exministra Magdalena Álvarez, avanzado este jueves por Diario de Sevilla, se le suma la próxima resolución sobre su ex número dos en la Consejería de Hacienda andaluza José Salgueiro, al que le corresponde 74.000 euros, según fuentes del caso. La exigencia de pago de los procesados que afronta hoy la Junta asciende a 2,6 millones, según confirman fuentes de la Consejería de Hacienda. Sin embargo, muy probablemente la cifra final que abone el Ejecutivo sea superior porque los acusados acudirán a la jurisdicción Contencioso-administrativo para obtener mayores cuantías. La Junta ha rebajado la petición de 255.000 euros de Álvarez a 83.400 —incluido el pago de su procurador de 15.286 euros a solo 161— en base al baremo del Colegio Oficial de Abogados de Sevilla, tal y como recomendaba el TSJA en sus dos sentencias. El problema es que hace un año la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) multó con 1,4 millones a nueve colegios de abogados, entre ellos el sevillano, por recomendar los precios de los honorarios al entender que va contra la libre competencia. “El baremo no existe por la resolución de Competencia, que nos aboca a una discrecionalidad terrorífica. Estamos cogidos de pies y manos porque el baremo no se puede aplicar", lamentan fuentes del Colegio de Abogados sevillano respecto al criterio adoptado por la Junta. La decisión de la CNMC está recurrida por los colegios de abogados ante la sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional. El abono de la defensa de los ex altos cargos está basado en el Reglamento de Organización y Funciones del gabinete jurídico de la Junta, que establece la obligación de que sus abogados defiendan a las autoridades y personal al servicio del Gobierno autonómico, salvo cuando exista incompatibilidad. Y en el caso ERE esta incompatibilidad es manifiesta, ya que la Junta se personó como acusación en el procedimiento y por tanto no puede defender y acusar a sus propios dirigentes y técnicos.

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