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AMPLIA MOVILIZACION CONTRA LA SENTENCIA Y LAS CONDENAS

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LLEEMOS EN LA VANGUARDIA

 

“Dura”. “Algunos lo esperábamos, otros no”. La frase sale de un locutorio de la cárcel de Lledoners. El Tribunal Supremo madrugó para hacer pública la sentencia del 1-O y poner fin a una semana de especulaciones y filtraciones, pero las reacciones políticas en la Generalitat y la Moncloa, y la movilización ciudadana con nuevos parámetros, evidencian que el fallo no pone fin al conflicto político.

Trece años de cárcel para Oriol Junqueras por un delito de sedición ligado al de malversación; 12 para Raül Romeva, Jordi Turull Dolors Bassa; 11 años y seis meses para Carme Forcadell por sedición únicamente, un año menos para Joaquim Forn Josep Rull; 9 años para Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, y multas de 60.000 euros para Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó por un delito de desobediencia. Cien años de cárcel. Fue la cifra que echó al independentismo a las calles.

El tribunal entierra el delito de rebelión y con él el discurso de la Fiscalía y la derecha calificando de golpistas a los líderes independentistas, pero el castigo por la sedición es de lo más alto. Oriol Junqueras era de los que tenía la certeza de que la condena sería dura. Estaba preparado y ayer mismo por la mañana lanzó un mensaje de tranquilidad a su equipo en una de las comunicaciones telefónicas habituales. “Ahora ya tenemos calendario. Hay que ponerse a trabajar”, les conminó. Por la tarde, algunos de los presos recibieron la visita de sus familiares; hoy será el turno de los miembros del Govern. En paralelo corrieron las convocatorias a colapsar trenes, carreteras y el aeropuerto de El Prat, donde se registraron encontronazos entre manifestantes, mossos y policía nacional trabajando en un operativo conjunto. También hubo cargas nocturnas ante la jefatura de la Policía Nacional en Via Laietana.

Las movilizaciones anónimas convocadas por el autodenominado Tsunami Democràtic continuarán –ayer Pep Guardiola le puso voz en la BBC–, aunque a partir de mañana se organizarán en torno a la ANC y sus Marxes per la Llibertat.

Los “hombres de negro” –así se bautizó ayer a los funcionarios que se desplazaron a las cárceles– llegaron a Lledoners al tiempo que entraban los abogados de los presos. En el caso de los juzgados en libertad –la sentencia tardó hasta cinco horas en ser notificada en el caso de Mundó– se recibió la multa con un alivio que no escondía su “rabia” y “malestar” por las penas impuestas a sus compañeros de Consell Executiu.

Con la condena en la mano se abre una nueva ventana judicial. Por un lado, la de los presos con la vista puesta en los tribunales europeos para intentar corregir la sentencia en base a una vulneración de derechos. El tribunal rechaza una a una todas las cuestiones planteadas por las defensas sobre una vulneración de derechos fundamentales –desde el derecho a un juez imparcial hasta la presunción de inocencia por unas declaraciones de miembros del Gobierno-. De las 493 páginas de la sentencia, casi doscientas se destinan a blindar la actuación del tribunal ante posibles reclamaciones en el Tribunal Constitucional y posteriormente en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Se citan las constituciones de Alemania, Francia, Italia y Portugal para avalar la defensa de la integridad territorial de los estados; los procesos de independencia del Quebec, Kosovo, Escocia y Montenegro y hasta las sentencias contra la independencia del Veneto para rechazar el derecho a decidir fuera de cauces constitucionales. El otro frente internacional está en el tribunal de Luxemburgo, que fijará su primera posición sobre la inmunidad de Junqueras como eurodiputado electo el próximo 12 de noviembre.

El tribunal dedica gran parte de la sentencia a intentar blindarse ante recursos en Europa

En paralelo, el juez instructor del caso en el Supremo, Pablo Llarena, reactivó de forma automática la orden europea de detención y entrega de Carles Puigdemont y la fiscalía federal ya ha puesto los trámites en marcha para decidir a qué jurisdicción corresponde citar al expresident, con residencia en Waterloo.

En otro plano se presenta el terreno inexplorado de la ejecución de las penas impuestas y sobre las que los líderes independentistas ya han estado trabajando con sus equipos de defensa. Los Jordis cumplen mañana dos años de prisión preventiva y en diciembre podrían acceder a permisos penitenciarios ordinarios al haber cumplido un cuarto de su condena; un año y medio más sería el margen para Junqueras, sobre quien recae la pena más alta.

No obstante, el acceso al tercer grado penitenciario –régimen de semilibertad– es una posibilidad abierta desde hoy mismo, ya que depende de las juntas de tratamiento de cada cárcel –las competencias están en manos de la Generalitat–, aunque la Fiscalía ya ha advertido que recurrirá cualquier medida que estime gratuita. En última instancia, volvería a ser el Tribunal Supremo quien decidiría sobre la situación de los presos.

Llarena activa la euroorden contra Puigdemont y abre otro frente judicial

La vía de acceso a la semilibertad es posible porque el tribunal ha obviado la petición inicial de los fiscales de impedir que los líderes independentistas dispongan de ese beneficio hasta cumplir la mitad de la condena. Pero no es la única censura de los magistrados a la estrategia de la Fiscalía, que ayer intentaba reivindicarse como la impulsora de la querella que ha llevado a los líderes independentistas a prisión.

La condena por sedición es una realidad gracias a la Abogacía del Estado, ya que los fiscales obviaron plantear ese delito como subsidiario y el relato por el que el proceso independentista fue lo más parecido a un golpe de Estado que arrancó en el 2012 ha sido rechazado de plano en la sentencia, que inicia los hechos probados en el 6 y 7 de septiembre del 2017, en el pleno del Parlament que sirvió para aprobar las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica.

De hecho, el tribunal emplea en varias ocasiones el contenido de las leyes de ruptura, anuladas por el Constitucional, para apuntalar sus tesis en defensa de la independencia del tribunal –la ley de transición preveía un poder judicial catalán politizado– y en su rechazo al derecho de autodeterminación –la norma no lo incluía–.

El tribunal descarta el relato del golpe pero habla de “señuelo” independentista

Frente al dibujo de un alzamiento violento, los magistrados sostienen que los “indiscutibles episodios de violencia” no bastan para mantener un delito de rebelión y recuerda que bastó la intervención del Tribunal constitucional para inhabilitar las citadas leyes que pretendían la ruptura y que “desistieron incondicionalmente de la aventura que habían emprendido”. Para el tribunal, el referéndum del 1-O fue un “señuelo” para una movilización que “nunca desembocaría en la creación de un estado soberano” y que se llevó a cabo por unos “ilusionados ciudadanos” que desconocía la “mutación del derecho a decidir” en un “derecho a presionar”.

El tribunal rechaza las apelaciones al derecho de manifestación y de libertad de expresión y justifica la condena en que el 1-O no fue una “manifestación” de protesta, sino “un levantamiento tumultuario” alentado por los condenados para convertir en “papel mojado” las decisiones de los tribunales y la Constitución por voluntad de “una, diez, mil, miles o millones de personas”. Similar argumento se emplea para el 20 de septiembre frente a la Conselleria d’Economia, lo que se pretendió fue evitar la actuación de la justicia y no protestar por unas detenciones.

Tampoco salen bien parados los Mossos d’Esquadra con la anterior cúpula del cuerpo y el mayor Josep Lluís Trapero, esperando ser juzgado por la Audiencia Nacional. El tribunal cree que hubo “deslealtad” de Interior hacia las órdenes de los tribunales y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. El dispositivo de los Mossos fue, según la sentencia, “aparente” ejecutado con “cínica notoriedad” de permitir la votación y se justifica la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Tras caer de la lista electoral inhabilitado, Junqueras pide a ERC ganar el 10-N

La sentencia fija el camino de los procesos pendientes en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, pero también influye en el tablero político. Los seis presos que encabezaban listas electorales –Oriol Junqueras y Raül Romeva por ERC, y Jordi Sànchez, Jordi Turull, Joaquim Forn y Josep Rull– ya han caído de la candidatura por las inhabilitaciones aplicadas. Y el propio Junqueras ha pedido a los suyos que la respuesta a la sentencia sera una victoria nítida del independentismo en Catalunya el próximo 10-N.

Los equilibros entre ERC yJxCat se dejaron ver ayer en la declaración institucional que leyó el president en la galería Gótica del Palau de la Generalitat. Se “rechaza” la sentencia por “injusta y antidemocrática” , se habla de “venganza” contra el independentismo pero no se traspasa línea alguna hacia la desobediencia institucional. El compromiso de continuar trabajando hacia la independencia es el que se firmó en el segundo aniversario del 1-O y se apuesta todo a la movilización en la calle, por un lado, y a un diálogo –con petición de amnistía incluida– que el Gobierno central es reticente a afrontar con Quim Torra en la presidencia.

Sánchez busca la complicidad del resto de partidos para no acusar el fallo en las urnas

La campaña condiciona los mensajes del independentismo pero también los de Pedro Sánchez. En su declaración institucional desde la Moncloa defendió el “cumplimiento íntegro” de la sentencia, en un ejercicio de ambigüedad con el que se aleja la idea de un indulto, tal y como le reclamaron desde PP y Ciudadanos, aunque sin verbalizarlo. El presidente del Gobierno en funciones reclamó la cooperación leal de los partidos constitucionalistas y la buscó con llamadas telefónicas a Pablo Casado, Albert Rivera y Pablo Iglesias. El discurso de Sánchez elude ahora el 155 y se limita ha esgrimir el argumento de “proporcionalidad” en sus decisiones y presentarse como garante de la convivencia.

No obstante, la Moncloa desplegó ayer todo un arsenal de recursos para que el independentismo no le ganara la batalla del relato internacional. Un vídeo con el Gobierno vendiendo la fortaleza de la democracia española y ministros participando en tertulias en medios internacionales.

Para ERC, JxCat y hasta Pedro Sánchez, la sentencia abre una nueva etapa política, pero, de momento, con la convocatoria a las urnas por delante, sin pasos efectivos hacia el diálogo que conduzca a una resolución del conflicto.

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