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PRISION PARA DOS MANDOS DE LA GUARDIA CIVIL POR CORRUPCION

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LEEMOS EN LA VANGUARDIA

La juez ha acordado el ingreso en prisión del coronel de la Guardia Civil Juan Antonio M. G. y del teniente coronel Alberto José M. A., eludibles bajo fianza de 50.000 euros por cada investigado. Ambos mandos del Instituto Armado han sido hoy puestos a disposición judicial y están investigados por la supuesta comisión de un delito de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, malversación, fraude a la Administración pública, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, prevaricación, cohecho y blanqueo de capitales en el marco de la denominada ‘operación Grapa’.

La prisión preventiva de las dos personas ingresadas en recinto penitenciario ha sido acordada por el Juzgado por espacio de dos años. En caso de que abonen la fianza, se les impone, como medidas cautelares, la obligación de acudir al juzgado cada quince días, salir del territorio español y la retirada del pasaporte.

La investigación, dirigida el Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid, se centra en el supuesto amaño de concursos públicos en la Dirección General de la Guardia Civil donde se ha destapado la connivencia entre un grupo de funcionarios públicos con empresas beneficiarias de las adjudicaciones. En este momento procesal las actuaciones judiciales son secretas.

La juez de guardia ha tomado también en el día de hoy declaración a otros cinco detenidos por este asunto, que han quedado en libertad provisional.

La operación se desarrolló el miércoles bajo la dirección de la Fiscalía Anticorrupción, que ordenó la detención de siete personas para desarticular una organización dentro de la Guardia Civil dedicada al amaño de contratos públicos.

Asuntos Internos

Los arrestos los llevaron a cabo la Unidad de Asuntos Internos del instituto armado, además de proceder a ocho entradas y registros. Los investigadores sospechan que los empresarios se pusieron de acuerdo con diversos funcionarios públicos, en este caso altos mandos de la Guardia Civil, para manipular un gran número de expedientes durante años, concretamente relacionados con suministro de prendas y con los uniformes de los agentes.

A cambio de dar la adjudicación a las empresas concretas, los mandos del instituto armado habrían recibido una contraprestación económica. La investigación ha sido desarrollada por la Unidad de Asuntos Internos de la propia Guardia Civil, que detectó las actuaciones presuntamente ilegales dentro del cuerpo.

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