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PP Y GOBIERNO RETOMAN LAS NEGOCIACIONES SOBRE EL PODER JUDIUCIAL

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LEEMOS EN LA VANGUARDIA

Conversaciones hay. Al menos en eso coinciden tanto el Gobierno como el PP. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el secretario de Justicia del PP, Enrique López, han retomado los contactos para intentar desbloquear la renovación del Poder Judicial, aunque según las fuentes consultadas, aún no se han producido avances.

El primero que desveló la nueva situación fue el ministro de Justicia, en una entrevista en Onda Cero, con lo que abrió la posibilidad de superar cerca de tres meses de negativas del PP a hablar del Consejo del Poder ­Judicial.

Aunque Pablo Casado dijo, por activa y por pasiva, que no se sentaría a negociar mientras no se cumplieran sus condiciones, la nueva etapa abierta por el presidente del PP en la moción de censura de Vox, y el paso atrás que dio Pedro Sánchez, paralizando la reforma de la ley orgánica de Poder Judicial que reducía la mayoría necesaria para elegir a los vocales del Consejo, han permitido esta distensión y que, al menos, se reanuden las conversaciones.

De momento nada más. A partir de ahí, el PP continúa en una posición firme y recuerda que sus condiciones se mantienen. En primer lugar, la retirada de la reforma de la ley del Poder Judicial, que los populares recuerdan que sigue viva y los plazos siguen corriendo. No basta con decir que se paraliza, hay que retirarla, piden.

Además, el PP exige que Podemos no participe en la negociación, ni se lleven a la mesa negociadora sus postulados. En este sentido, el ministro de Justicia recordó que él negocia en nombre del Gobierno, no de uno u otro de los partidos que lo componen, y así lo ha dicho el presidente del Gobierno. Con este argumento el Ejecutivo podría solventar el requisito del PP de que Podemos no esté en la negociación, aunque Casado ha llegado a decir que tampoco aceptaría que el PSOE llevara a la negociación los planteamientos del partido de Pablo Iglesias.

Interlocutores

El ministro de Justicia subraya que negocia en nombre del Ejecutivo, no de un partido

De hecho, una de las razones de la ruptura de las negociaciones que se llevaban a cabo en agosto fue que el PSOE pretendía ceder dos puestos en el Consejo a Unidas Podemos, algo a lo que se negó el PP tras la imputación del partido de Pablo Iglesias por presunta financiación irregular y tras los “ataques” de la formación morada a la monarquía, cuando el rey emérito abandonó España.

Pero no solo los ataques. Casado tomó también la decisión porque Sánchez, en ese momento, no hizo partícipe al PP de lo que iba a suceder en la Casa Real y se enteró por la prensa, como el resto de los españoles.

Posteriormente, el presidente del PP entendió las prisas del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en cerrar el acuerdo para la renovación del Consejo. Y es que la fecha que ponía el Ejecutivo para que el acuerdo estuviera firmado era justo en la víspera de que el rey Juan Carlos dejara España.

Quizá por eso, Campo mostró ayer una “razonable esperanza” en que la negociación lleve a la renovación, algo, subrayó, que se ha convertido “en una obsesión personal”. Y trabaja, afirmó, para que la renovación salga adelante con el mayor apoyo posible y sin necesidad de variar las mayorías necesarias para hacerlo, porque no ve qué alternativa habría si el PP no facilita finalmente la renovación.

El tercer requisito del PP, el de la despolitización de la justicia, se había superado en verano, justo antes de romperse el acuerdo. Sin embargo, el PP ha presentado otra propuesta para los vocales que hay que designar entre los propios jueces que podría servir de base para avanzar en ese terreno y que, además, dejaría obsoleta la proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos para el cambio de mayorías.

Condiciones

El principal partido de la oposición insiste en que se retire la reforma de la ley del CGPJ

Una reforma que, de todas formas, el ministro de Justicia defendió: “No es ninguna bagatela”, dijo, ya que se exige mayoría absoluta en segunda votación si no es posible recabar las tres quintas partes de la Cámara, al tiempo que recordó que la mayoría absoluta es la que se requiere para aprobar un Estatuto de Autonomía o modificar el Código Penal. A juicio del ministro, organismos como el Greco, del Consejo de Europa, han caído en una “imprecisión” a la hora de calificar la propuesta del PSOE y Unidas Podemos.

Durante las últimas negociaciones, este verano, el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid y responsable de Justicia y Libertades Públicas del PP, Enrique López, avanzó, en sus conversaciones con el ministro de Justicia, en una ley de Reforzamiento de la Independencia de la Justicia, que era un paso previo al acuerdo sobre los nombres de los vocales del CGPJ. Entre las medidas que incluía la negociación de esta norma estaba la obligación, por ley, de que los miembros del Consejo hicieran públicos sus bienes.

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