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NUEVA CONCESION DEL TERCER GRADO A LOS PRESOS INDEPENDENTISTAS

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LEEMOS EN EL PERIÓDICO DE CATALUÑA

Las juntas de tratamiento de las cárceles de Lledoners (Sant Joan de Vilatorrada), Wad-Ras (Barcelona) y Puig de les Basses (Figueras) han propuesto este jueves el tercer grado o de régimen abierto (solo ir a dormir a la prisión) para los nueve presos independentistas condenados por el ‘procés’. La Secretaria de Mesures Penals de la Generalitat deberá en un periodo máximo de dos meses avalar o no la propuesta y los dirigentes soberanistas encarcelados puedan salir de nuevo de los centros penitenciarios a los que regresaron tras anularle la justicia el tercer grado penitenciario otorgado hace unos meses a raíz de un recurso de la fiscalía

Si el Ejecutivo catalán acepta en breve la propuesta de las junta de tratamiento, como ocurre en la mayoría de los casos, Oriol Junqueras, Carmen Forcadell, Dolors Bassa, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Turull, Raul Romeva, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart podrán abandonar la cárcel e, incluso, si lo desean podrán participar en persona en los actos de la campaña electoral del 14 de febrero si la convocatoria no se suspende a causa de la pandemia. En algunos de los casos, como en el de Sànchez, Cuixart y Bassa, la decisión de la junta de tratamiento ha sido por unanimidad y el resto por mayoría.

El pasado 4 de diciembre Forcadell y Bassa volvieron a entrar en la prisión después de que el Tribunal Supremo aceptara un recurso de la fiscalía contra el tercer grado otorgado por la Generalitat. El alto tribunal anuló también por prematura la semilibertad del resto de los presos independentistas que meses antes, en julio, volvieron a ingresar en la prisión ante la decisión de juzgado de vigilancia penitenciaria de Catalunya de suspender cautelarmente esta medida al presentar el recurso la fiscalía.

En un discurso con un marcado cariz político, el secretario de Mesures Alternativas, Amand Calderó, ha explicado que las juntas de tratamiento han puesto en un plato de la balanza la decisión del Supremo de anular los terceros grados acordados en julio del 2020 y en el otro las nuevas circunstancias que se han producido en esos seis meses transcurridos, periodo que en el que "han podido pasar muchas cosas" y se ha continuado la observación de estos internos. También ha destacado que ha tenido un peso específico en la decisión el hecho de que algunos de los condenados por el 1-O encarcelados ya han cumplido una cuarta parte la condena y otros lo harán el próximo 11 de febrero. Todos ellos han estado más de 1.000 días en la prisión, subrayó.

La evolución de los internos

El Supremo entendió para anular el tercer grado, precisamente, que era preciso más tiempo para evaluar adecuadamente la evolución del interno y el tratamiento penitenciario, máxime cuando se trata de condenas elevadas (de 9 a 13 años) de las que ninguno ha cumplido la mitad y solo habían cubierto una cuarta parte Jordi Cuixart, Jordi Sànchez y Joaquim Forn. Ello exigiría "una justificación reforzada" de la progresión de grado que no se ha producido. Los magistrados fueron muy críticos con la administración penitenciaria catalana, a la que indican que "no puede vaciar la respuesta penal proclamada por un tribunal, sometiendo su sentencia a una relectura que disfraza un tratamiento penitenciario privilegiado y, precisamente por ello, improcedente".

El secretario general de Mesures Penals dejó claro en su intervención que si del Ejecutivo catalán dependiera, los líderes soberanistas condenados por el "procés" no hubieran entrado nunca en prisión y que todos los poderes públicos han de ser parte de la solución de los conflictos y no el problema. "Ningún decisión de un tribunal puede resolver un conflicto político", afirmó, para después añadir: "la prisión no es un espacio para el castigo, ni para la venganza". Calderó remarcó que "poner el foco en el tratamiento penitenciario es una equivocación. El problema no es que hacen en las prisiones, sin que un tribuna les ha enviado a las cárceles".

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Las juntas de tratamiento de las cárceles están compuestas por 10 técnicos, como psicólogos, educadores sociales y juristas, entre otros. Para formular la propuesta estos equipos evalúan los informes elaborados en los técnicos de los módulos de la prisión, que están en contacto diario con los reclusos. Además de los años de la pena, las juntas tienen en cuenta otros factures como la adaptación de los internos al centro penitenciario, su red social y familiar, la capacidad de reinserción laboral o el riesgo de reincidencia. La ley establece que cada seis meses se debe hacer una revisión de la clasificación de grado del reo. El tercer grado o régimen abierto es una forma de cumplimiento de las condenas. Las decisiones del servicio de clasificación de la Secretaria de Mesures Penals pueden ser recurridas ante el juez de vigilancia penitenciaria y, en este caso, ante el Tribunal Supremo, como órgano judicial sentenciador.

Tras conocerse esta propuesta, Òmnium Cultural ha hecho un llamamiento a focalizarse en la amnistía y no desviar la atención con un debate sobre los grados penitenciarios. La entidad vaticina que "los poderes del Estado volverán a tener la tentación de jugar sucio" y la justicia tumbará de nuevo el tercer grado penitenciario, "un derecho de los presos".

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