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CINCO MIL EMPLEOS EN EL AIRE

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LEEMOS EN LA VANGUARDIA El final de algunas de las concesiones de autopistas más importantes de España dejará en el aire alrededor de 5.000 empleos, según estimaciones de los sindicatos entre este año y el 2021. De esa cantidad, alrededor de 1.300 son trabajadores directos de la empresa Abertis (propiedad de la italiana Atlantia y la española ACS) y el resto indirectos. La primera concesión que se extinguirá será la de Aumar (propiedad de Abertis) en diciembre próximo donde trabajan unos 300 empleados de forma directa. Esa concesión se corresponde con el tramo que va de Tarragona a Alicante y el que va de Sevilla a Cádiz. Según los sindicatos, cada empleo directo en las concesionarias de Abertis genera alrededor de tres empleos indirectos. En el conjunto de autopistas de peaje en España se contabilizan unos 4.000 puestos de trabajo directos. Impacto Las concesiones que expiran hasta el 2021 tienen unos 1.300 trabajadores directos y otros 3.700 indirectos Iván Orpella, secretario de acción sindical de CC.OO. en Abertis, cree que la empresa debe comenzar ya a gestionar la reestructuración laboral. Por eso el delegado del sindicato con más de la mitad de la representación en la empresa pide a Abertis que “desarrolle la cláusula de ocupación para absorber el impacto de la pérdida de concesiones”. Esa cláusula que forma parte del convenio colectivo en vigor prevé que todos los despidos que se lleven a cabo en la empresa sean voluntarios con una indemnización equivalente a los 33 días por año trabajado con un tope de 24 mensualidades. Los sindicatos creen que la empresa podría sentarse a negociar para acometer un plan de bajas voluntarias en todas las autopistas del grupo. De esa manera se podrían cubrir los puestos de trabajadores que salgan voluntariamente de la empresa con empleados que serán despedidos cuando se levanten las barreras. Fuentes de Abertis –empresa que preside Marcelino Fernández Verdes y dirige José Aljaro– declinaron hacer comentarios sobre el proceso laboral en el momento actual. Los sindicatos sostienen que tampoco han conseguido ningún compromiso con la empresa, por lo que han optado por denunciar el pasado 1 de julio el convenio colectivo que expiraba en diciembre de este año. Con esa maniobra, los sindicatos confían en que tal como marca la ley los responsables de la compañía se sienten a negociar. La primera reunión entre las dos partes está fijada para el próximo 23 de julio. Fuentes de Comisiones Obreras explican que de los 1.300 trabajadores que perderán su empleo hasta el 2021 sólo el 40% realizan labores de mantenimiento y conservación. El resto está vinculado al pago de las vías. Por eso se calcula que en el mejor de los casos de los 1.300 sólo podrían recolocarse unos 520. El resto no. La única experiencia que hay en el sector de pérdida de una concesión de autopistas se dio el año pasado en la autopista AP-1 de Burgos Armiñón, propiedad de Europistas. El fin de la concesión acabó con un ERE para la mitad de la plantilla con una indemnización de 25 días por año trabajado con un tope de 15 mensualidades. El resto de trabajadores que estaban en labores de mantenimiento y conservación se han quedado en una empresa de Europistas que es a la que el Ministerio de Fomento asignó esa labor por la vía de urgencia. Para que no se repita la misma situación, los sindicatos han pedido al Ministerio de Fomento que dirige José Luis Ábalos a que publique el pliego de condiciones para que las empresas interesadas puedan optar a quedarse con el servicio de mantenimiento y conservación de la vía. En una segunda fase y en virtud de la ley de contratación pública, la nueva empresa debería hacerse cargo de los trabajadores que ya asumían esa función. Fuentes del Ministerio de Fomento dijeron que “se está trabajando en los pliegos... Cuando se tenga algo hecho se informará a los trabajadores primero”. Sin compensación por el tráfico Abertis se queda por el momento sin los más de 2.000 millones de euros que reclama al Gobierno en compensación por la caída del tráfico. El Tribunal Supremo comunicó a la empresa en junio que no se pronunciará sobre la indemnización hasta que en agosto del 2021 finalice la concesión y la infraestructura vuelva al Estado. En el 2006, el Gobierno y Abertis pactaron que la concesionaria ampliaría el tramo de la autopista AP-7 entre Tarragona y La Jonquera a cambio de una compensación económica y del incremento de ingresos vía peajes que se conseguiría con la ampliación de carriles en la autopista. La compensación pactada (890 millones) no está en cuestión y se prevé que sea cobrada al finalizar la concesión. La que está en discusión es la compensación que pide Abertis por la caída del tráfico respecto a la previsión inicial. La profunda crisis económica que afectó a España y a medio mundo desde el 2007 conllevó el hundimiento del tráfico en las autopistas. A día de hoy, Abertis considera que el Estado le debe 2.061 millones. Esa cifra no está cerrada y podría variar al alza o a la baja en los próximos meses hasta que finalice la concesión de aquí de dos años.

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