Edita: Cantabria Ediciones On Line 24 horas. Director: José Ramón SAIZ FERNÁNDEZ
Diario Digital controlado por OJD

Editorial Cantabria24horas.com

EL POPULISMO LLEGA A LA ECONOMÍA

Enviar a un amigo
LEEMOS EN EXPANSIÓN Sánchez ha enterrado al PSOE socialdemócrata y asume el programa de Podemos, también en materia económica: subidas de impuestos y del salario mínimo, derogación de la reforma laboral, alza de las pensiones con el IPC y más intervencionismo. Ayer finalmente se consumó la llegada de este nuevo Frente Popular al poder, y, con él, el comunismo llega así a la economía. Sánchez ha enterrado al PSOE socialdemócrata de González y ha asumido los contenidos programáticos de Podemos, también en materia económica, a lomos de los apoyos de los independentistas y del que fuera antiguo brazo político de ETA. Por poner un ejemplo, Alberto Garzón, que aparece como posible ministro de Consumo, afirmó en Twitter en 2012 que "el único país cuyo modelo de consumo es sostenible y tiene un desarrollo humano alto es... Cuba". Terrible si el espejo en el que hemos de mirarnos es el cubano-venezolano. En un próximo artículo podrán analizarse detalladamente las consecuencias políticas, pero vamos a empezar hoy por las consecuencias económicas. Podemos encontrarnos con tres escenarios económicos: En el primero, el más optimista de ellos y, posiblemente, el menos probable, el Gobierno se rompería en pocos meses por la tensión entre los socios internos y externos, habría elecciones y desaparecería este gobierno radical, bien con un gobierno de centroderecha o con un amplio acuerdo entre el centroderecha y una socialdemocracia que se recuperase tras el radicalismo de Sánchez, para reparar, así, los daños que haya podido sufrir nuestro tejido económico con las medidas extremadamente intervencionistas. Los daños, aunque desgraciados, serían limitados. En el segundo, un escenario neutro, aunque no me atrevo a decir que más previsible, Sánchez no podría sacar adelante los cambios extremistas por la falta de apoyos parlamentarios, pero intentaría seguir gobernando. Su debilidad sería la que le hace a UBS considerar, en un informe, que la economía española podría no verse afectada dado que la falta de apoyos del Gobierno impedirá sacar adelante los radicales cambios de extrema izquierda que figuran en el programa de Gobierno. No obstante, la inseguridad se adueñaría de la situación y generaría una incertidumbre que ya hemos empezado a sufrir durante los últimos meses, siendo la incertidumbre uno de los mayores enemigos de la economía. En el tercer escenario, el más pesimista, con el deseo de que sea el menos probable pero que todo indica que puede que sea el que tenga una mayor probabilidad, los deseos de ocupar el Gobierno tanto por Sánchez como por Iglesias configuren un potente pegamento que haga que agote la legislatura. En este tercer escenario es donde la economía española se encontrará en grave riesgo. Si se impone ese tercer escenario, el de un gobierno largo basado en postulados económicos comunistas, la parte económica sufrirá un ataque letal en todas y cada una de las medidas. Además, habrá de cumplir con las contrapartidas prometidas a independentistas, Bildu y demás partidos que le han facilitado la investidura. En ese sentido, por comenzar con un problema en el que se mueven muchos miles de millones de euros, nos encontramos con la reforma del sistema de financiación autonómica. A Compromís le ha prometido su reforma, con la vista puesta en una mejora de la financiación valenciana, realmente mala, como la de Madrid o la de Murcia, pero que no podrá llevarse a cabo si a Cataluña no la premia. Y ese premio que piden los separatistas -mientras paralelamente siguen intentando la independencia- no es otro que una suerte de concierto como el vasco o convenio navarro. Y eso será insostenible, porque la segunda región en peso económico de España, que es Cataluña, con un peso cercano al de Madrid, no puede quedar fuera del régimen común, porque no hay dinero que pueda soportar entonces la solidaridad territorial, ya que Madrid no podrá sufragar todo ella sola. Además, Compromís pedirá, a buen seguro, al igual que los independentistas catalanes, que sea condonada la deuda financiada por el FLA, elemento que engrosaría la deuda de la Administración General del Estado, perjudicando la calificación crediticia de España y encareciendo, así, su financiación. El resto de las concesiones al independentismo generarán tal inseguridad económica que mermarán también la calificación de España, con su impacto negativo en la economía. En cuanto a la subida del salario mínimo, constituye un enorme error basado en una retórica populista que lo único que produce es que las personas menos cualificadas queden expulsadas del mercado de trabajo y se vayan al desempleo. O, lo que es peor, que se vayan a la economía sumergida, donde no cotizan ni devengan derechos, no pagan impuestos y no quedan cubiertos para la percepción futura de una pensión o de una prestación por desempleo. Eso se concreta en una destrucción de, al menos, 121.000 puestos de trabajo. En materia de pensiones, no reformar el sistema para garantizar su viabilidad y taparlo con medidas populistas como ligar su subida al IPC es mentir a la sociedad, aplazar el problema y dejar que se enquiste, con el riesgo de que estalle en el medio plazo y suponga recortes en lugar de reformas. Para garantizar que el sistema público de pensiones sea viable y que los pensionistas no pierdan, hay que sacarlo del debate político y llevar a cabo reformas sensatas que permitan su continuidad. De no hacerlo, se pone en riesgo dicho sistema. Sólo la vinculación al IPC incrementará el coste de las pensiones de los 135.000 millones actuales a 327.000 millones de euros en 30 años, según un estudio de Fedea. Es decir, a razón, en media, de 6.400 millones más por año, acumulativos, durante 30 años. Hace, así, insostenible el sistema. Sostenerlo con otras fuentes de financiación, supondrá un incremento de impuestos para ello, al tiempo que acabar con el factor de sostenibilidad agravará la viabilidad del sistema. Subir los impuestos para pagar pensiones, además de mezclar fuentes de financiación, que no se debe hacer, supone un inmenso error, que sólo anestesiará el problema y lo agravará, anticipando su estallido. Ver gráfico Pinche aquí o en la imagen para ver el gráfico completo. En cuanto a la derogación de la reforma laboral de 2012, cuya flexibilidad impulsó la creación de casi tres millones de empleos, puede provocar una merma en la creación de empleo de más de 100.000 empleos perdidos al año, que hasta 2025 supondrá un efecto acumulado de un millón diez mil empleos menos generados. Por su parte, el incremento de gasto que prometen no es viable, porque no puede seguir aumentando sin parar, ya que los ingresos caerán cuando el ciclo económico agudice todavía más su ralentización, provocando un mayor déficit y, por tanto, más deuda, inasumible ya al encontrarse la economía española a unos niveles de deuda que supone casi el 100% del PIB. Entre pensiones, gasto social y menor reducción del déficit estructural estamos hablando de un incremento de gasto de 12.637 millones en el mejor de los casos (3.829 millones de mayor gasto social, 2.408 millones de menor reducción del déficit estructural y 6.400 millones más, en media, de gasto en pensiones por su revalorización por el IPC) y 36.000 millones en el límite superior (equivalente al ajuste de gasto que tuvo que hacer el PP en diciembre de 2011, pues quieren revertir ahora la práctica totalidad de las medidas de austeridad). El incremento de otras medidas de gasto, como la inclusión de la atención bucodental en la cartera de servicios sanitarios, sólo va a provocar una mayor tensión en el déficit, especialmente de las comunidades, que ya tienen una tensión presupuestaria preocupante por el continuo aumento del gasto regional de los últimos cuatro años. La capacidad de repago de la deuda, que se incrementará por acumulación de un mayor déficit anual, se verá, así, perjudicada, disminuyendo también por esto, a buen seguro, la calificación crediticia de España. El incremento del intervencionismo en la economía tampoco es una buena noticia, pues siempre que se restringe la libertad económica, la riqueza y el empleo se contraen, como, por ejemplo, cuando se regula el precio máximo de alquiler. Es una intervención en toda regla del mercado de alquiler, que drenará pisos del parque inmobiliario, reduciendo la oferta de pisos en alquiler, como sabe cualquier estudiante de los primeros cursos de Economía, con grave perjuicio, por tanto, para la economía. Intervencionismo que llegará también a la educación, con la derogación de la LOMCE y el empobrecimiento formativo de los estudiantes, que supondrá una bajada futura de la productividad en la economía. Por último, las subidas de impuestos sólo contraerán más la economía, el empleo y, con ello, la recaudación. Suben casi todos los impuestos: el de Sociedades, que golpeará a las Socimi, el de la Renta, introducirán el impuesto de transacciones financieras, incrementarán toda suerte de impuestos bajo el señuelo de la "fiscalidad verde" y gravarán determinados servicios digitales, además de subir las cotizaciones a la Seguridad Social. Todo ello pretende alcanzar la cifra de incremento confiscatorio en casi 10.000 millones de euros. Y pretenden subir más Patrimonio y obligar a quien lo tiene exento -Madrid- a gravarlo (al igual que pretenden hacer con Sucesiones y Donaciones). Con todo este escenario económico, parece materialmente imposible cumplir con los objetivos de estabilidad, por mucho que vendan que la presencia de Calviño como vicepresidenta garantiza la ortodoxia. Dicha ortodoxia es incompatible con este programa comunista. En definitiva, el comunismo ha llegado al Gobierno y, si se impone el tercer escenario, llegará también a la economía, con tristes consecuencias.

Últimas Horas Económicas