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ALEMANIA TIENE PRISA POR APROBAR EL FONDO EUROPEO CREADO POR LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

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LEEMOS EN LA VANGUARDIA La nueva normalidad –y el nuevo patriotismo proteccionista– que deja la pandemia de la Covid-19 condiciona la política de las grandes empresas, sujetas ahora al intervencionismo del Estado. Un buen ejemplo es lo que acaba de ocurrir en Francia con la multinacional automovilística PSA (que incluye las marcas Citroën, Peugeot, DS, Opel y Vauxhall). El Gobierno intenta frenar su pretensión de traer temporalmente a centenares de sus empleados polacos y a varias decenas de españoles para trabajar en una planta de Opel en Hordain, cerca de la frontera con Bélgica. La movilidad interna dentro de la UE era considerada hasta ahora algo evidente en el mercado único y un instrumento más de las compañías a la hora de optimizar su producción y de ser competitivos. Este principio se tambalea. Al saber de los planes de PSA, el Gobierno francés, a través de sus ministros de Economía y Finanzas –Bruno Le Maire– y de Trabajo –Muriel Pénicaud– emitieron un comunicado conjunto, el viernes por la noche, en el que presionaron al constructor automovilístico con este argumento: “En la situación actual, las empresas deben hacerlo todo para proteger el empleo en Francia”. A empleados del grupo, también de Zaragoza, se les ofrecía ir un tiempo a una factoría francesa Le Maire llegó incluso a llamar por teléfono al presidente de PSA, Carlos Tavares, ayer por la mañana. Horas después, el Ministerio de Economía informaba que, tras “una discusión constructiva” entre ambos, Tavares se comprometió a “revisar la decisión” sobre el traslado de empleados desde otras plantas europeas. La injerencia gubernamental surtió efecto, a pesar de que PSA había justificado su movilidad laboral interna alegando la “crisis económica brutal” provocada por la pandemia y “la necesidad de reaccionar con agilidad y eficiencia para asegurar la continuidad del grupo PSA”. Según las intenciones iniciales, 120 empleados de la planta de Opel en la localidad de Gliwice, en el sur de Polonia, debían desplazarse a Hordain para reforzar la producción de vehículos. Otros contingentes polacos debían incorporarse, hasta sumar 531 en julio. PSA también había ofrecido 50 plazas a los empleados de la planta de Figueruelas, en Zaragoza, para ir a trabajar a Hordain durante cuatro semanas. Con ello se pretendía aplicar el principio de “solidaridad industrial” del grupo. Aunque en principio la oferta iba a afectar en exclusiva a los empleados en ERTE, finalmente se dijo que podía acogerse cualquiera, siempre que tuviera experiencia en la línea de montaje. La empresa ofrecía pagar primas por alojamiento y gastos de comidas y de lavandería. El Gobierno francés pretende que PSA, en lugar de traer a trabajadores de Polonia y España, vuelva a contratar a los interinos que había antes de la crisis y que ahora están en desempleo. Para los sindicatos, la situación es incómoda. No quieren aparecer como defensores a ultranza de los empleados franceses frente a otras nacionalidades del grupo, pero entienden que en el actual contexto traer mano de obra externa es un problema. Para el Gobierno, los planes de PSA eran difíciles de sostener políticamente, sobre todo ante la proximidad de las elecciones municipales. Hace escasas semanas, el presidente de la República, Emmanuel Macron, anunció un plan de ayuda a la industria del automóvil por valor de 8.000 millones de euros. Estos subsidios, que engloban ayudas a la renovación tecnológica y del parque automovilístico, así como a la electrificación, están condicionados a que los constructores franceses repatrien actividades de producción para mantener en Francia el máximo de empleo y también de diseño y desarrollo de nuevos motores.

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